Luego del desplome del edificio Portales de Blas de Lezo II, que ocasionó la muerte de 21 obreros, la pregunta que tirios y troyanos se hicieron al unísono fue: ¿cómo se pudo construir una estructura de seis pisos en un lugar donde el máximo permitido es cuatro y un altillo, y -además – sin la debida licencia, sin que ningún funcionario de la Alcaldía de la Localidad Industrial y de la Bahía, ni uno cualquiera de sus nueve ediles, se hubiera percatado de tamaña irregularidad? (leer ‘Construcción de edificio de seis pisos sin licencia, apenas la punta de un iceberg‘).
Tras la tragedia, de manera concreta, distintos sectores locales pusieron el ojo sobre la alcaldesa de la Localidad Industrial y de la Bahía o Localidad 3, Patricia Zapata Negrete, quien, como se atrevieron a señalar varios líderes políticos, cívicos y comunitarios, “es una funcionaria ineficiente e incapaz” (leer ‘Drásticas sanciones a culpables de tragedia en Blas de Lezo, la unánime petición de todos‘).
Pero, aunque sobre Zapata Negrete es que la prensa ha registrado un mayor número de presuntas situaciones irregulares, también es posible encontrar graves cuestionamientos al alcalde de la Localidad Turística y de la Virgen, Gregorio Rico Gómez (leer ‘Gregorio Rico rompe su silencio: dice que Lucio Torres miente “y lo voy a demostrar”‘).
El hecho es que, como advierte un habitante del corregimiento de La Boquilla que pidió reserva de su nombre, el funcionario “vive enfrente de donde todos los días rellenan con escombros la Ciénaga de la Virgen para construir ilegalmente sobre el cuerpo de agua, pero, sospechosamente, ni él ni los ediles que lo visitan con frecuencia se han percatado de nada”.
Rico Gómez ha sido cuestionado -además – por otros hechos singulares, como haber firmado un exótico contrato por $270 millones para fortalecer los procesos de gestión de la calidad de sus subalternos, el cual contempla 12 pasadías en un resort en las paradisíacas Islas del Rosario, con transporte náutico, tour panorámico, coctel de bienvenida, uso de todas las instalaciones del lugar, almuerzo caribeño y bebidas, cancha de voleibol y playas, entre otras comodidades (leer ‘Informe cuestiona viajes y lujos de una alcaldía local cartagenera‘).
En general, durante lo que va de su gestión, los tres alcaldes locales han sido objeto de severas críticas.
Para la Fundación Cívico – social pro Cartagena –Funcicar, una de ellas es que los tres alcaldes locales: Carlos Mieles Bello, Gregorio Rico y Patricia Zapata, han venido abusando de la ‘contratación a dedo‘, lo cual debería haber llamado la atención de los órganos de control.
En un informe titulado ‘Análisis Transparencia en la Contratación Estatal – Año 2017 – Primera Entrega: Alcaldías Locales‘ (hacer click), Funcicar reveló que durante el 2017 «las tres Alcaldías Locales de Cartagena celebraron 126 contratos por un valor superior a los $24 mil millones«, y destacó que «el 88% de estas contrataciones fueron adjudicadas ‘a dedo’» (leer ‘Funcicar cuestiona la contratación de las Alcaldías Locales durante el 2017‘).
Recientemente, la alcaldesa Patricia Zapata fue duramente criticada por haber invertido más de $14 mil millones en dudosas capacitaciones con entidades sin ánimo de lucro.
Ante las dudas porque los eventos contratados hayan sido realmente desarrollados, el concejal Lewis Montero Polo pidió investigar “los nombres de esas ONG (Organizaciones No Gubernamentales); el perfil de los capacitadores que intervinieron en esos programas, sus hojas de vida, sus profesiones y estudios realizados; asimismo, la dirección de esas fundaciones y corporaciones, y quiénes son los representantes legales de las mismas”.
Por su parte, la comunicadora social Paola Pianeta Arango, candidata a la Junta Administradora Local Número Tres, manifestó que es inconcebible que ninguno de los ediles de esa Localidad haya realizado un debate de control político para determinar el detalle de las dudosas capacitaciones y el impacto que tuvieron en la comunidad.
Mediante un comunicado de prensa, Pianeta Arango pidió que dichas contrataciones sean investigadas por los entes de control.
Para diversos colectivos ciudadanos, la Procuraduría, la Fiscalía y la Contraloría deberían poner sus ‘lupas’ -en general – sobre la contratación de las tres Alcaldías Locales, «ya que estas, por distintas razones, han sido en los últimos años unas auténticas ruedas sueltas, sin ningún control«, como expresó a Revista Metro el director de la corporación ‘El Ojo que Grita’, Mario Salvador Andrade.
Contexto:
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