Centro de Resocialización de Mujeres Infractoras sí podrá funcionar en Turbaco

Definitivamente, en el lugar escogido por la Alcaldía de Cartagena para trasladar la cárcel de sumariadas de San Diego, en jurisdicción de Turbaco, sí podrá funcionar un Centro de Resocialización de Mujeres Infractoras.

Así lo anunció, por instrucciones del alcalde de Turbaco, Antonio Víctor Alcalá, el secretario de Planeación de dicho municipio, Jairo Nieto Cortecero, en carta al alcalde de la Ciudad Heroica, Pedrito Pereira Caballero, al señalar que “el uso del suelo del actual PBOT (Plan Básico de Ordenamiento Territorial) es compatible para el funcionamiento” de dicho Centro. 

En consecuencia, el camino para trasladar la Cárcel de San Diego, en cumplimiento de una orden judicial, al lugar escogido por la Alcaldía de Cartagena, ha quedado prácticamente despejado

Se trata de una edificación de cuatro pisos construida en el Lote B de La Esperanza, sector La Llave de Oro, a un lado de la variante Turbaco Vía Aguas Prietas, colindante con la Zona Franca Parque Central.

No obstante, aún hay un paso que la Administración distrital debe dar con el fin de concretar un traslado que varias veces se frustró durante los últimos años. En su carta al alcalde, el secretario de Planeación de Turbaco señaló que, para efectos de los temas estructurales “se hace necesario un estudio técnico y profundo que ratifique, garantice y avale que la estructura física de la edificación sí es apta para el funcionamiento y traslado del centro“.

El mandatario de los cartageneros, visiblemente satisfecho con la buena nueva, expresó que su administración atenderá de forma inmediata los requerimientos de la Alcaldía de Turbaco anexando los correspondientes estudios técnicos.

Según Pereira Caballero, la Secretaría de Infraestructura del Distrito realizará el peritaje requerido, y los resultados del mismo se anexarán al aval que el  Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario –Inpec – y la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios –Uspec – ya le dieron al predio al considerar que cumple con los requerimientos para el funcionamiento de una cárcel.

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