Propaganda electoral

Por Uriel Ángel Pérez Márquez *

Con la expedición del Decreto distrital No. 1083 de 06 de Agosto de 2019, quedó reglamentado de manera concreta y específica el asunto de la propaganda electoral para los comicios domésticos que se avecinan.

Este acto administrativo fue pedagógicamente explicado por Revista Metro (leer “Distrito regula número de avisos y vallas que pueden usarse como propaganda electoral”), al establecer que en el mentado documento se fijan límites para la pauta electoral y también se recuerdan los requisitos y protocolos para la publicidad común en lugares públicos.

La desafortunada inclusión de un capítulo de prohibiciones, que realmente no dice nada diferente a lo que la Ley establece, puede ser entendido como un inadecuado manejo de la técnica reglamentaria que debe orientar la redacción de este tipo de decretos y además puede servir para causar malos entendidos en algunos sectores de la sociedad.

Sin embargo, lo que realmente llama la atención es el débil régimen sancionatorio existente para controlar la violación a las limitaciones fijadas en el Decreto 1083 de 06 de Agosto de 2019. Como punto de partida y dato central se tiene que la competencia para sancionar es exclusiva del Consejo Nacional Electoral (artículo 39 de la Ley 130 de 1994), es decir, No son el alcalde mayor, ni la Secretaría de Planeación, ni los alcaldes locales los competentes para sancionar; su competencia llega hasta la regulación, sin soslayar que pueden requerir a los representantes de los partidos para que remuevan la publicidad exterior visual no autorizada, luego de lo cual pueden hacerlo directamente. Es notorio que la ciudad no cuenta con la capacidad logística necesaria ni con el personal suficiente para aplicar esta medida.

De otra parte se tiene que el procedimiento debe garantizar el derecho de defensa, lo que se traduce en que debe agotar todas las etapas que incluye un término de tres meses para que el Consejo Nacional Electoral decida si abre o no investigación formal; se tiene un período de práctica de pruebas y luego, en caso de imponerse sanción, el investigado tiene quince días para sus descargos. Todo esto, en caso de llevarse adecuadamente, podría dar un eventual resultado positivo mucho tiempo después de realizadas las elecciones y desmontada voluntariamente la publicidad. Este segundo aspecto no puede ser tenido como una debilidad en sí misma, sino como una garantía real para quien se vea envuelto en un proceso sancionatorio de esta naturaleza.

Una tercera muestra de fragilidad en el régimen sancionatorio se patentiza en que, si luego de agotar el largo y garantista proceso, se declara la responsabilidad del presunto infractor, la multa, al menos para el caso de la publicidad exterior visual en lugares públicos se fija entre salario mínimo y medio y diez (entre $1.5 millones y $9 millones aproximadamente), la cual podrá ser cobrada mediante un proceso de cobro coactivo.

Se tiene, pues, que toda persona natural o jurídica, precandidato, candidato, partido o movimiento político, cuyo número supera los 565, solo en el caso de los candidatos inscritos para Alcaldía, Concejo y Junta Administradora Local, sin contar con los miles de adeptos de cada candidatura, podrán verse avocados a enfrentar un proceso sancionatorio ante la mirada implacable del flaco número de nueve magistrados que componen el Consejo Nacional Electoral y podrán ser sancionados hasta por la nada intimidante cifra de $9 millones de pesos aproximadamente por violación a los límites de la publicidad exterior visual.

* Abogado, docente universitario

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