Tras imputarle cargos por $20 mil millones, CGR sanciona a J.C. Gossaín por $1.205 millones

Luego de haberle imputado cargos por $20 mil 184 millones, por encontrar “una profunda negligencia en el manejo de los negocios a él encargados, lo cual dio como resultado el menoscabo de los recursos públicos” destinados a la atención de los pacientes hemofílicos del Departamento, como indicó en septiembre de 2017 el contralor delegado intersectorial 2 de la Unidad de Investigaciones Especiales contra la Corrupción de la Contraloría General de la República CGR, José Miguel Char Chicre (leer ‘Auto por medio del cual se vincula e imputa responsabilidad fiscal‘), el ente de control fiscal determinó en primera instancia sancionar con el pago de $1.205 millones al exgobernador de Bolívar Juan Carlos Gossaín Rognini.

En su momento -como ya se dijo – como consecuencia de un proceso de responsabilidad fiscal originado en una auditoría adelantada por la Contraloría Delegada para el Sector Social, se estableció preliminarmente que “la Secretaría de Salud Departamental de Bolívar realizó una serie de pagos por la atención integral de pacientes hemofílicos que debieron ser asumidos por la EPS donde se encontraban afiliados“, a pesar de que “de estos pagos, de conformidad con las normas legales vigentes para la época de los hechos, en realidad solo le correspondía al Estado asumir lo correspondiente al pago de las Unidades de Pago por Capitación -UPC – como producto de la afiliación de los pacientes al Sistema General de Seguridad Social dentro del Régimen Subsidiado y el costo del mercado de los medicamentos“.

En concepto de la Contraloría, en el caso de Gossaín Rognini se estableció preliminarmente que debió “propender por el cumplimiento por parte de sus subalternos de las normas que rigen el pago de las prestaciones de servicios, especialmente en la presentación de las facturas, las cuales no especificaron los servicios prestados a fin de identificar claramente lo que correspondía al POS y al NO POS ni a lo específicamente ordenado en los fallos de tutela“.

Finalmente -sin embargo – el ente de control le atribuyó únicamente a Gossaín, como presunto detrimento, el pago de lo ordenado mediante una Resolución en el año 2012.

Ratificando el concepto que expresó durante la audiencia de descargos realizada en septiembre de 2017, el contralor delegado José Miguel Char, estableció ayer (lunes 29 de julio), mediante fallo de primera instancia, sancionar -además de Gossaín – a Ana Álvarez Castillo, quien para la época de los hechos fungía como secretaria de Salud departamental; a Bertha Pérez Jiménez, quien ocupara el mismo cargo en calidad de encargada; a Nacha Newball Jiménez, exdirectora de la Unidad de Aseguramiento y Prestación de Servicios de Salud; y a Luis Ortiz Herrera, el entonces auditor médico del Departamento.

En total, los cinco exfuncionarios deberán responder, durante un juicio fiscal que podría llevarse a cabo a principios de septiembre, por un presunto detrimento patrimonial de más de $20 mil millones.

Se ratifica la Contraloría en que la Secretaría de Salud Departamental realizó una serie de pagos para la atención integral de los pacientes hemofílicos de Bolívar a pesar de que los mismos debían ser asumidos por las correspondientes EPS.

Según la Contraloría, dicha dependencia realizó pagos por el mencionado concepto a la Fundación Ciénaga de la Virgen, a la IPS Asistencia Integral de Servicios en Salud, y a la Fundación Renal de Colombia.

“Ya apelé la medida”: J.C. Gossaín

Mediante un comunicado de prensa, el exgobernador Juan Carlos Gossaín informó que la medida tomada en primera instancia por la Contraloría “la he apelado de inmediato“.

Destacó igualmente el exmandatario que “después de haber iniciado imputando cargos por más de $25 mil millones, la sanción que me imponen es de $1.205 millones“.

En concepto de Gossaín, si bien la sanción impuesta es “considerable“, está, en todo caso, “desproporcionadamente alejada de la escandalosa cifra declarada a los medios de comunicación“.

Para el exgobernador -igualmente – hay que destacar que la actuación que le endilgan “está referida al tratamiento integral prestado a pacientes hemofílicos, sin ninguna relación con el cartel de hemofilia de Córdoba

Durante cuatro años se ha intentado asociar el pago por cumplimento de tutelas a pacientes hemofílicos, que en el caso de Bolívar está más que probada su existencia y la prestación del servicio, con el denominado Cartel de la Hemofilia ocurrido en Córdoba donde no existían pacientes y por tanto no hubo atención alguna“, señala Gossaín en su comunicado.

En agosto de 2017, en una carta al politólogo y columnista de El Espectador,  Yohir Akerman, Gossaín señaló que “en Bolívar no hay pacientes inexistentes. Son un núcleo de familias que tradicionalmente han padecido la enfermedad. Eso está debidamente probado. Cuando asumí como gobernador de Bolívar, la Secretaría de Salud estaba intervenida por la Superintendencia de Salud Pública y ellos directamente con un agente interventor asumieron los pagos a pacientes hemofílicos desde antes de mi llegada al cargo. Fue por mandato judicial (fallos de tutelas) que se procedió a pagar el tratamiento de los pacientes. Siempre con respaldo de jueces de la República(leer ‘Una respuesta necesaria).

José Miguel Char, ¿un súper contralor?

Por estar radicado hace varios años en Bogotá, al contralor delegado intersectorial 2 de la Unidad de Investigaciones Especiales contra la Corrupción, José Miguel Char Chicre, muchísimos cartageneros -por lo visto – no lo recuerdan.

Aunque en sus círculos sociales y familiares -claro está – saben que es el esposo de Katty Tinoco Támara, una de las propietarias de la Corporación Universitaria Regional del Caribe -Iafic, y -además – que es el padre de la presentadora de televisión Siad Char Tinoco, esposa del también presentador y periodista Luis Carlos Vélez.

Pero en Bogotá, principalmente entre los periodistas que cubren la Administración Pública, José Miguel Char es una celebridad.

Y lo es, como ya se ha dicho, por haber tomado decisiones que han estado largo tiempo en el foco de la opinión pública (leer ‘José Miguel Char, el hombre que le pone la lupa a los procesos más ‘calientes’ de la Contraloría General‘).

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