Un buen muchacho

Tomada de El Heraldo

Por Diana Martínez Berrocal *

De verdad que me sorprende la capacidad que tiene el uribismo de repetir y repetir con absoluto cinismo las mentiras más absurdas y, más aún, ver a sus discípulos correr como borregos a hacer eco de ellas sin el más mínimo cuestionamiento, como si fueran grandes verdades.

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Con ocasión de la llegada al país del extraditado Andrés Felipe Arias se desató una avalancha de trinos y manifestaciones que comenzaron, por supuesto, por su gran mentor Álvaro Uribe, siguiéndole al paso, senadores, representantes, abogados y toda una horda que clama a gritos por la “inocencia” del exministro y cuestiona sin pudor la justicia que lo condenó.

Y en medio de toda esa alharaca, han hecho tendencia algunas declaraciones que me permito citar:

Andrés Felipe Arias ha sido víctima de una persecución política del gobierno de Santos por ser uribista”. Vale la pena recordarles que fue Alejandro Ordóñez, siendo Procurador General de la Nación, quien destituyó a Arias de su cargo y lo inhabilitó para ser funcionario público por 16 años con base en los hallazgos que encontró.

Aquí lo que hay es un nido de corrupción en el manejo del programo AIS”. A su turno, fue Vivian Morales, cuando fungía como Fiscal General de la Nación, quien concluyó que “la libertad de Andrés Felipe Arias es un peligro para la comunidad. Su conducta fue muy grave y generó una desigualdad irreparable”, por lo cual se vio obligada a imputarle cargos por los delitos por los cuales finalmente fue condenado. Ambos funcionarios, Ordóñez y Morales, fueron  personas clave en el proceso contra el exministro y, paradójicamente, hoy son dos alfiles del uribismo que ostentan la calidad de embajadores del actual gobierno.  Por lo tanto, si Arias fue “perseguido” fue por ellos mismos.

Pero sigamos con las arengas: “Arias no se robó un peso, no se enriqueció”. Si leyeran la sentencia se informarían que a Arias no lo condenaron por enriquecerse, ni siquiera por robarse un peso, sino por entregar a grandes terratenientes de este país subsidios agrícolas que debían ser destinados a campesinos, tipificando con esta conducta los delitos de peculado por apropiación a favor de terceros y celebración de contratos sin los requisitos legales. La Corte Suprema determinó que “si bien Arias no se benefició económicamente de esas maniobras, estaba claramente demostrado que sí permitió que otros lo hicieran”. Por lo tanto, no pueden circunscribir el “que no se robó un peso” como argumentos para decir que es inocente pues ya ven que existen otras maneras de delinquir.

Y una más: “Arias tuvo una condena injusta sin una sola prueba en su contra y sin derecho a la doble instancia”. A ver, sea lo primero decir que Arias tuvo un juicio público donde se cumplieron todas las garantías constitucionales y legales que establece del debido proceso. Es imposible que dentro de un Estado Social de Derecho una persona sea condenada sin que existan pruebas en su contra y sin haberle otorgado el derecho a controvertirlas.  Es más, era tal el cúmulo de pruebas, que lo condenaron tres entes distintos: la Contraloría, la Procuraduría y la Corte Suprema de Justicia.  Basta leer la sentencia para ver cómo adineradas familias de este país fueron beneficiadas, entre ellos: La Sociedad Agropecuaria Ubérrimo SAS, propiedad de los Uribe, que se favoreció con el decreto 732 del 2008, firmado por Arias, con un subsidio de $3.297 millones. Palmas Pororó, Palmas Sicarare y Palmas Tamacá, tres empresas de propiedad de la familia Sarmiento Angulo, que recibieron cerca de $3.950 millones. El ingenio azucarero Pichichí, propiedad durante muchos años de la familia de la actual senadora del Centro Democrático María Fernanda Cabal, que recibió un auxilio por $650.550 millones. Lo que quiere decir que maquinaron todo un entramado para pagar favores políticos con los subsidios de los campesinos (lo que sí constituye una verdadera injusticia, teniendo en cuenta las condiciones de desigualdad en que viven nuestros pequeños agricultores).  Y con relación a que al exministro se le privó del derecho a tener una segunda instancia, es menester aclarar que Arias no tuvo la posibilidad de apelar la sentencia condenatoria porque él era un aforado, es decir, ostentaba una dignidad especial por ser ministro, y para ellos solo había una única instancia, pues a la fecha de su condena así estaba establecido en las reglas de juego definidas por la constitución del 91. Sin embargo, en el 2018 el Congreso creó una Ley que modificó esto, pero esta nueva Ley no tiene efecto retroactivo; es decir, no cobija las condenas emitidas con anterioridad a ella. Por lo tanto, la condena de Arias, que fue en el 2014, no se beneficia de la norma y se asume como cosa juzgada.

Y en ese orden de ideas, vamos en que acérrimos uribistas como el economista Alberto Bernal llegaron a comparar la condena de Arias con la de Nelson Mandela, y a su turno el senador bolivarense Fernando Araújo dijo en entrevista a la W radio que “Andrés Felipe Arias era un ejemplo para las nuevas generaciones, un ejemplo de persistencia y de amor por su país”.

De verdad que resulta increíble el cinismo con el que intentan acomodar las cosas a su conveniencia, reduciendo los graves delitos de Arias en detrimento de nuestros campesinos a una simple “persecución política”. La vieja estrategia del uribismo de repetir mentiras hasta que los incautos las crean. Y, por supuesto, se valdrán de todas las argucias para hacer prosperar en el congreso una reforma legal que favorezca a Arias y permita confeccionar una ley justo a su medida.

Sin contar además, que tenemos un gobierno inoperante e incoherente, que en vez de hacer respetar la institucionalidad, el Estado Social de Derecho y los intereses superiores del país, se encuentra al servicio de los intereses del uribismo. Por cierto, valdría la pena preguntarle al presidente Duque cómo debemos interpretar aquellas sentencias que tanto cacareó en campaña: “el que la hace la paga”, “cero beneficio para los corruptos”, “se acabaron los privilegios, la justicia es para todos”… si hace nada más unas horas un juez ordenó trasladar a Andrés Felipe Arias a la cárcel La Picota, y el INPEC (manejado por el Ministerio de Justicia) decidió que seguiría en las comodidades de La Escuela de Caballería.

En fin, no nos extrañemos que dentro de poco, el “buen muchacho de Arias” salga indemnizado de la Escuela de Caballería a su apartamento de Rosales y posteriormente sea ungido por Uribe para ser el próximo presidente de Colombia que nos salve, por fin, de ese castrochavismo que tanto daño le ha hecho al país.

P.D: Para los que están pensando que soy una mamerta izquierdosa que acusa a Arias y defiende a Jesús Santrich, me adelanto a decirles que no es así. Santrich es un criminal que cometió los delitos más atroces, y que en el año 2016 se acogió de manera voluntaria (es decir, no fue derrotado, ni vencido) a unos acuerdos de Paz que implicaban unas condiciones que evidentemente el exguerrillero violó. Por lo tanto, anhelo que todo el peso de la ley y la justicia le caigan encima.

* Abogada especialista en Derecho Público y en Sociología Política.

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