Hablemos de Migración en Cartagena y Bolívar

Por Carlos A. Almanza Agámez *

Lo primero: nadie migra a otro país en condiciones que pongan en peligro su propia vida y la de los suyos, sino fuera porque ve en la salida abrupta de su propio país la última opción para salvarse así mismo y a los suyos. El poema “Hogar” de Warsan Shire[1] “(…) tienes que entender, que nadie pone a sus hijos en un barco, a menos que el agua sea más segura que la tierra (…)” deberíamos alguna vez leerlo todos para comprender las emociones que se esconden detrás del fenómeno migratorio.

La crisis política en Venezuela ha generado un fenómeno migratorio hacia Colombia y otros países de la región, sistemático y permanente, tanto por ser países vecinos como por las profundas raíces familiares y sociales entre pueblos históricamente considerados como hermanos. Esta cercanía geográfica, cultural, familiar y social ha convertido a Colombia en el principal país receptor de migrantes venezolanos, generando presiones en los sistemas de salud, educación y en las economías locales.

Gran parte del fenómeno migratorio se ha dado de forma irregular, dado que las personas han ingresado a Colombia sin observancia de los requerimientos migratorios o evadiendo los controles indicados, por lo que se presume un sub-registro de las personas asentadas en Colombia en las bases de datos oficiales que posee el gobierno[2].

¿Cuántos son?

El Foro “Migración venezolana en el marco del posconflicto en Colombia”, celebrado en la ciudad de Barranquilla el pasado 8 de mayo, arrojó datos sobre la problémica situación: para febrero de 2019, Migración Colombia, reporta un total de 1’260.594 personas migrantes provenientes del país de Venezuela, 770.975 personas con calidad migratoria regular, y 489.619 en calidad migratoria irregular.

De las personas en calidad migratoria regular se tiene una caracterización por género correspondiente a 249.911 mujeres migrantes venezolanas[3], lo que traduce un 52% del total de la población regular en Colombia a corte 2019, y 231.966 hombres migrantes, lo que es un 48% del total de la población migrante regular, cifra que el Migración estima del cruce de datos del Sistema de Información de Registro de Extranjeros -Sire, Permiso Especial de Permanencia -PEP, entrada migratoria (intención de hospedaje) y Registro Administrativo de Migrantes Venezolanos -Ramv.

De esta gran cifra, según infografía de Migración, en el Departamento de Bolívar existen 42.601 personas de nacionalidad venezolana, lo que corresponde a un 3.09% de la población total que ha ingresado a territorio Colombiano.

Cartagena de Indias es el principal centro urbano del Departamento de Bolívar y por supuesto un importante foco de atracción poblacional, que se ha convertido desde el año 2014 en el destino principal de alrededor de 12.900 personas de origen venezolano según fuentes de Migración Colombia y censo de la Alcaldía del Distrito (junio de 2018). Esta cifra creería que es mucho mayor hoy, dado la dificultad de llevar registros exactos de la población migrante que ingresa irregularmente. Esta población subsiste en un 60% de las ventas ambulantes (economía informal), así como de actividades formales en el sector servicio y en el sector turístico.

Los venezolanos que se radican en Colombia en su mayoría se encuentran en condiciones de alta vulnerabilidad, se domicilian en sectores periféricos o subnormales con precarias y complejas condiciones de vida, representadas en la falta de una vivienda digna, seguridad alimentaria, acceso a servicios públicos domiciliarios y sociales (salud, educación, recreación, entre otros),  empleabilidad para la obtención de ingresos que les permitan mantenerse en Colombia, y además proveer recursos económicos para el sustento de sus familias que quedaron en Venezuela.

A esto se le suma que muchos de ellos ingresan con afectaciones en su salud, y mujeres en estado de embarazo sin que hayan recibido un trato adecuado y oportuno anteriormente, lo que los hace aún más vulnerables en su situación de salud.

Este fenómeno social y económico, ejerce una directa afectación en la salud física y mental de los migrantes; el desarraigo, la inseguridad, el cambio drástico en las condiciones de vida, la ruptura familiar, entre otros se convierte en un conglomerado de situaciones que impactan directamente en sus emociones.

Especificando sobre la cobertura en salud de la población migrante venezolana, según los datos obtenidos por el Observatorio del Proyecto “Migración Venezuela” – Encuesta a migrantes venezolanos en Colombia a fecha de febrero 2019[4]-, arroja que el 89.1% de la población migrante no se encuentra afiliada al sistema de salud, teniendo en cuenta diferentes causas, tales como no contar con los requisitos para acceder al servicio (48.6%) y no poder costear la afiliación al servicio (37.8%).

La Migración venezolana ha planteado nuevos retos para la salud pública en Colombia. Si bien ya existe desde finales del gobierno anterior un Plan de Respuesta del Sector Salud al Fenómeno Migratorio, formulado por el Ministerio de Salud y Protección Social, aún falta una adecuada articulación entre la Nación y los gobiernos locales sostenible, que garantice a la población venezolana acceso a los servicios de salud, dentro de la garantía universal de sus derechos y con un enfoque de género e infantil, y evitando que esto se convierta en un problema de salud pública.

A la situación descrita en materia de salud se suman las manifestaciones discriminatorias y/o xenofóbicas de los colombianos hacia los venezolanos, lo que recrudece la situación. La misma encuesta arrojó que el 40,5% de venezolanos en las principales ciudades del país se han sentido discriminados, principalmente en la calle (80,1%), o al momento de buscar empleo (51,5%).

Más preocupante aún es que entre ciudadanos colombianos, la percepción sobre la migración está dividida, y alrededor de un 40% no está de acuerdo con que el Gobierno colombiano acoja a los venezolanos que ingresan a Colombia dada la situación en Venezuela.

Tenemos una responsabilidad en mitigar, en prevenir, todas las manifestaciones, acciones u omisiones que generen rechazo y xenofobia.

Proteger a Mujeres y Niñas migrantes, una tarea inaplazable

Históricamente en los procesos migratorios, las mujeres y niñas están más propensas a violencia de género, explotación sexual, afectaciones en su salud sexual y reproductiva y afectaciones psicosociales, entre otros.

De acuerdo al informe de la 63a. sesión la Comisión del Estatus de las Mujeres de las Naciones Unidas[5], la esta crisis anteriormente descrita y el peso de la emergencia humanitaria ha tenido una incidencia directa y desproporcional en mujeres y niñas, esto dada la imposibilidad de acceder a programas de salud sexual y reproductiva, lo que ha causado mortalidad materna y en muchos casos ha llevado a muchas a migrar en estado de embarazo, con los riesgos que ello implica.

Orientador resulta el Informe del Relator Especial sobre los derechos humanos de los migrantes ‘Los efectos de la migración en las mujeres y las niñas migrantes: una perspectiva de género (Fecha: 15/04/2019 A/HRC/41/38), para el Consejo de Derechos Humanos de la Asamblea General Naciones Unidas en su 41er. periodo de sesiones (24 junio a 12 de Julio de 2019). De este informe del Relator destaco:

  • Los problemas de acceso a la justicia de la población migrante, especialmente para que mujeres y niñas migrantes –que están en un riesgo permanente de violencia basada en género y abuso sexual – denuncien los delitos, obtengan asistencia jurídica y psicosocial, y tengan acceso a instrumentos, mecanismos y protocolos para defender y proteger sus derechos.
  • Las dificultades o demoras en los Estados para adoptar –con un enfoque de derechos humanos – el Pacto Mundial para la Migración Segura, Ordenada y regular.
  • La Feminización de la Migración, y que, a pesar de la creciente proporción de mujeres y niñas migrantes, no hay adecuados sistemas de información o registro de datos sobre la migración de las mismas, desglosada por sexo y edad, que permita considerar y atender los factores relacionados con el género que impulsan la migración de las mujeres y niñas.
  • Las dificultades para el acceso a la atención de la salud, incluida la salud sexual y reproductiva, y a la educación, recordándonos que el derecho a la salud sexual y reproductiva es parte integrante del derecho a la salud consagrado en el artículo 12 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, y que la salud sexual y reproductiva es indivisible e interdependiente respecto de otros derechos humanos.

Para evitar la discriminación en el contexto de la salud sexual y reproductiva, los estados tienen la obligación de adoptar medidas específicas para garantizar que las personas migrantes tengan acceso a información, bienes y servicios sobre salud sexual y reproductiva, y velar porque las personas no sean objeto de hostigamiento por ejercer su derecho a la salud sexual y reproductiva.

El informe resalta algo que hemos visto en las últimas semanas en Colombia: el riesgo de las mujeres migrantes a ser objeto de discriminación por razón de embarazo o maternidad. La obligación del Estado para brindar acceso a información y servicios sobre salud sexual y reproductiva, así como de planificación familiar y natalidad responsable, no debe presentarse o confundirse con una exigencia insensible y deshumanizada de control –obligatorio – de natalidad a mujeres venezolanas.

El llamado aquí es a abordar estos temas en el contexto local por parte del Departamento y el Distrito, así como los sectores privados, gremios, academia, sociedad civil, etc., con un enfoque migratorio, bajo el principio universal y moral de solidaridad, con perspectiva de género e infantil, con el fin de asegurar el respeto de los derechos de las mujeres y las niñas migrantes venezolanas.

Discusiones pendientes

No está en nuestro ADN moral las conductas xenófobas contra extranjeros en Colombia, especialmente contra venezolanos, desconociendo que fue Venezuela, durante décadas, un país receptor de migrantes colombianos que edificaron sus proyectos de vida en el hermano país, sin exclusión ni discriminación.

Por eso hay que valorar los esfuerzos que lidera Migración Colombia (y en el contexto local, su Dirección Regional Caribe con sede en Cartagena), en promover una gobernanza de los flujos migratorios en Colombia a nivel local y nacional.

No en vano estamos viviendo un momento histórico en materia migratoria, que no es solo competencia de Migración, sino que exige comunicación y cooperación entre todas las entidades del sector público: Alcaldías y Gobernaciones e, incluso, como ya se dijo, a la sociedad civil. Fortalecer y sumarse a la Red Migrante Interagencial para articular y coordinar la protección de Derechos Humanos de migrantes, construyendo al tiempo una migración ordenada, regulada y segura.

Lo cierto es que Colombia no tiene una legislación migratoria ni de fronteras consolidada. Por el contrario, existe una dispersión normativa en decretos, resoluciones y circulares que por su propia dispersión resulta complejo dinamizar. Afortunadamente el Gobierno Nacional sacó adelante el Conpes 3950 de 2018 -Estrategia para la Atención de la Migración desde Venezuela-, que debe ser el punto de partida para trabajar en una unificación normativa y de articulación de políticas públicas locales, regionales y nacionales.

No está en nuestro ADN moral las conductas xenófobas contra extranjeros en Colombia

“Debemos exigirles a los candidatos generar propuestas frente a la atención a la población migrante venezolana”

Es importante ser conscientes de que la migración de venezolanos a Colombia, a nuestra ciudad y departamento, no cesará en el futuro mediato, sino que continuará. En la Encuesta Colombia Opina de febrero 2019, un 54,1% de los encuestados dice que piensa traer a sus familias a vivir a Colombia. El 37% afirma que No tiene intenciones de regresar a Venezuela. Y razones sobran, pues aún si hubiere el anhelado cambio de régimen político en Venezuela, pasarán años, décadas quizás, para que el país recupere dinámicas de crecimiento económico que les permita volver a ser un país atractivo para sus nacionales.

Debemos pasar entonces de respuesta institucional en torno a la atención humanitaria y de emergencia, y avanzar a la integración social, laboral y económica, reconociendo, identificando y potenciando las capacidades que esta población tiene para aportar al desarrollo económico y social del país, de la ciudad y del departamento.

Como se acerca la época de debate electoral regional, debemos exigirles a los candidatos a Alcaldías, Gobernaciones y corporaciones públicas, generar y debatir propuestas frente a la atención, inserción e integración de población migrante venezolana. Cartagena y Bolívar tienen unas problemáticas sociales y económicas desde antes de la crisis venezolana y la llegada de migrantes. No fueron ellos -entonces – quienes las causaron; hay que hacerlos participes de la construcción de soluciones para todos.

Se requiere con urgencia una política pública seria en el contexto local, política migratoria integral que incluya acciones en educación, salud, e infancia y permita atender los desafíos y oportunidades laborales de este proceso. Esta discusión debe darse desde las acciones de los gobiernos cuyos periodos terminan en diciembre de 2019, procurando que se generen los antecedes para ser incorporado el enfoque migratorio con perspectiva de género e infantil en los Planes de Desarrollo de los próximos gobiernos distrital y departamental que empiezan en enero de 2020.

[1] Escritora, poeta, editora y profesora somalí que vive en Los Ángeles. Shire nació el 1 de agosto de 1988 en Kenia y sus padres son de origen somalí; emigró al Reino Unido cuando tenía un año.

[2] El ‘Plan de Respuesta del Sector Salud al Fenómeno Migratorio’ del Ministerio de Salud y Protección Social, identifica seis (6) estatus migratorios, a saber: Colombianos retornados con sus familias, Nacionales Venezolanos en condición regular, Inmigrantes con Permiso Especial de Permanencia -PEP, Nacionales Venezolanos en situación migratoria pendular, Migrantes Irregulares, y Pueblos Indígenas en territorios de frontera con República Bolivariana de Venezuela.

[3] Proyecto ‘Migración Venezuela‘, con datos de Migración Colombia a corte febrero de 2019, estima que se encuentra en territorio nacional 595.759 migrantes venezolanos con Permiso Especial de Permanencia -PEP, de los cuales en el Departamento de Bolívar hay 10.044 mujeres y 10.487 hombres. Fuente: https://migravenezuela.com/web/articulo/pep-por-departamento-/1053

[4] Info: https://migravenezuela.com/  Fuente: Revista Semana, Blu Radio y Caracol Noticias – Encuesta Colombia Opina, febrero 2019

[5] Info: http://www.unwomen.org/es/csw/csw63-2019

* Abogado, decano de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanas de la Corporación Universitaria Rafael Núñez y docente universitario.

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