Ley de Garantías

Por Uriel Ángel Pérez Márquez *

A partir del próximo 27 de junio y hasta el 27 de octubre de 2019 entran a regir las restricciones contempladas en la Ley 996 de 2005 mejor conocida como ‘Ley de Garantías’.

Lo primero que se debe tener en cuenta es que esta norma nace como un sano contrapeso a la figura de la reelección inmediata del Presidente de la República, quien al ostentar las calidades de candidato y de mandatario goza de mayores beneficios en la contienda electoral. Según su artículo primero, la Ley tiene como propósito “definir el marco legal dentro del cual debe desarrollarse el debate electoral a la Presidencia de la República, o cuando el Presidente de la República en ejercicio aspire a la reelección, o el Vicepresidente de la República aspire a la elección presidencial, garantizando la igualdad de condiciones para los candidatos que reúnan los requisitos de ley. Igualmente se reglamenta la participación en política de los servidores públicos y las garantías a la oposición”.

En lo que tiene que ver con las elecciones territoriales -como las que se avecinan – se atiende a lo dispuesto en el parágrafo del artículo 38: Se prohibe celebrar contratos o convenios interadministrativos para la ejecución de recursos públicos. No hay restricción adicional en materia de contratación estatal, lo que se traduce en la libertad de adelantar procesos contractuales, a través de cualquier otra modalidad de las existentes en la Ley 80 de 1993.

Las prohibiciones fuertes para estos comicios recaen sobre los servidores públicos, cuya definición (artículo 123 constitucional) debe ser entendida en sentido amplio, puesto que en nuestra cotidianidad la función pública se difumina sin pudor entre algunos contratistas y funcionarios por igual, dejando a criterio del operador judicial la categorización en cada caso particular.

Con el fin de no correr riesgos, los que están al servicio del Estado, ejerciendo función pública, sea de manera permanente o transitoria deben abstenerse de difundir propaganda a favor o en contra de cualquier partido, agrupación o movimiento político, a través de publicaciones, estaciones de radio o televisión, imprenta pública, correos electrónicos, redes sociales. Es decir, no pueden hacer campaña o emitir opiniones personales sobre política desde el 27 de junio hasta el 27 de octubre de 2019.

Es igualmente peligroso ofrecer cualquier clase de beneficios a los ciudadanos o para las comunidades, mediante obras o actuaciones de la Administración Pública, con el objeto de influir en la intención de voto.

Desconocer esas prohibiciones constituye falta gravísima, cuya sanción puede llegar hasta la destitución y la consecuente inhabilidad para ejercer cargos públicos.

Coletilla: Inmerecido título de ciudadano tiene quien desde la penumbra de las redes sociales mancilla -al extremo de cometer el delito de calumnia – el buen nombre de profesionales intachables, que se han forjado en el crisol del sacrificio y la disciplina.

* Abogado, docente universitario

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