Una sentencia necesaria

Por Jordan Buendía Sacco *

Una norma puede ser válida sin ser justa y, por supuesto, puede ser válida sin ser eficaz.

Este es el caso de varias de las normas de nuestro Código Nacional de Policía y Convivencia, que en reciente Sentencia de Constitucionalidad, (6 de junio de 2019) recibió un nuevo nocaut y, en buena hora, por parte de la Corte Constitucional, pues tomó la sana determinación de declarar inexequibles las expresiones ‘alcohólicas’, ‘psicoactivas’ contenidas en el artículo 33 (lit. c, num. 2); y las expresiones ‘bebidas alcohólicas’ y ‘psicoactivas’ del artículo 140 (num. 7) del Código de Policía (Ley 1801 de 2016).

En particular, el Artículo 33 tipifica y sanciona los “comportamientos que afectan la tranquilidad y las relaciones respetuosas de las personas”, y el literal mencionado, que ahora es inoperante en nuestro ordenamiento jurídico, comprendía la expresa prohibición de consumir sustancias alcohólicas, psicoactivas o ‘prohibidas’ en espacio público, es decir, áreas requeridas para la circulación de peatones, parques, plazas, zonas verdes y similares.

Dicha prohibición establecía una multa que estaría cerca de los siete millones de pesos (multa tipo 2) por el simple consumo de una cerveza en un parque.

La magistrada ponente, Diana Fajardo, en rueda de prensa, expuso un sencillo pero claro ejemplo sobre lo absurdo de la prohibición: no puede pensarse que, por ejemplo, en una reunión familiar o de amigos en un parque o al aire libre, por el simple consumo de unas cervezas u otras bebidas alcohólicas ya se está conculcando la tranquilidad social y las relaciones respetuosas que nos impone la ley como ciudadanos. Este tipo de conductas no significa, de manera alguna, que necesariamente se esté  generando una alteración del orden público.

En mi opinión, dicha prohibición y sanción constituía una clara transgresión al derecho al libre desarrollo de la personalidad, como bien lo señala la magistrada. Pero no simplemente transgredía ese derecho sino también otros, como la diversidad cultural y la autonomía territorial, pues es claro que las autoridades locales pueden prohibir expresamente en algunas zonas actividades determinadas, pero eso es asunto diferente.

Este exabrupto jurídico, hoy inconstitucional, particularmente me recordaba las leyes sobre la prohibición de bebidas alcohólicas en los Estados Unidos de Norte América, que rigieron entre las dos guerras mundiales.

Dicho sea de paso, el consumo de bebidas alcohólicas durante el régimen de prohibición no fue inferior al consumo del período inmediatamente posterior, cuando se levantó la prohibición.

Felicito a la Corte por esta sentencia, pues este tipo de normas absurdas, ineficaces y por demás injustas, aparte de transgredir derechos fundamentales, indirectamente permitía también abusos policiales y, no pocas veces, daban pie para la comisión de delitos más graves como la concusión o el cohecho, pues ante la amenaza de una sanción tan severa, desgraciadamente, para algunos resultaba más barato “cuadrar al policía”.

No obstante lo anterior, no se puede entender que la declaratoria de inexequibilidad de la norma en cita es una licencia para protagonizar verdaderos actos que transgredan la moralidad pública y la sana convivencia, a veces consecuencia desafortunada de quienes consumen sustancias psicotrópicas o alcohol de manera desmedida y sin auto control. Esta providencia debe siempre interpretarse en consonancia con el Artículo 44 Superior: “los derechos de los niños prevalecen sobre los derechos de los demás”. Aunado a ello se debe recordar que el mismo Código de Policía cuenta con otros instrumentos que permite la sanción e incluso la detención temporal para contraventores de la norma, pero no ya por el consumo de determinada sustancia sino por trasgredir derechos de otras personas.

En todo caso, por ahora, los turistas y cartageneros por fin podremos tomarnos una cerveza en la Plaza de la Trinidad sin temor a que nos multen. ¡En buena hora!

* Abogado de la Corporación Universitaria Rafael Núñez

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