Consecuencias de la nulidad de la elección de Antonio Quinto Guerra, al análisis de expertos

Luego de que la Sección Quinta del Consejo de Estado confirmara en segunda y definitiva instancia la decisión del Tribunal Administrativo de Bolívar de dejar sin efectos la elección de Antonio Quinto Guerra Varela como alcalde de Cartagena, la principal inquietud de muchos ciudadanos, por lo visto en las redes sociales, es sobre cuál debería ser el paso a seguir por parte del presidente Iván Duque Márquez: si ratifica en el primer cargo del Distrito a Pedrito Pereira Caballero, o si -de acuerdo con sus atribuciones y competencias – designa a alguien más.

Asimismo, también por lo visto en Internet y lo escuchado en corrillos políticos, las preguntas de muchos ciudadanos giran en torno de las consecuencias políticas, disciplinarias, penales y de cualquier otro orden que pudieran desprenderse de la sentencia del máximo tribunal de lo contencioso. 

Para responder estas inquietudes, Revista Metro dialogó con tres reconocidos juristas cartageneros, dos de los cuales: Javier Doria Arrieta y Milton Pereira Blanco, ambos expertos en temas constitucionales y electorales, autorizaron que se publicaran sus conceptos, y un tercero: especialista en Derecho Penal, pidió reserva de su nombre.

En general, lo que se manifiesta en cuanto a la continuidad o no de Pedrito Pereira Caballero al frente de la Alcaldía es que, a escasos siete meses de terminar el actual periodo constitucional, cuando luego de una profunda y prolongada crisis institucional los cartageneros comienzan a ver por fin avances significativos en el restablecimiento de la gobernabilidad y en la recuperación de la confianza perdida, lo que más le conviene a la ciudad es que el presidente ratifique al actual mandatario.

En ese sentido, como ya se ha dado a conocer, se vienen pronunciando varios gremios de la ciudad. Y para algunos de los juristas consultados, la norma es clara en determinar que Iván Duque puede hacerlo. De hecho, cuando se establece una vacancia absoluta, lo que se le ordena al nominador es que designe un nuevo mandatario en caso de no haberlo hecho, y es claro que en el caso de Cartagena el presidente ya lo hizo.

“Pedrito Pereira debería ser ratificado”: Javier Doria

De acuerdo con uno de los abogados consultados, Javier Doria Arrieta, lo que más le conviene a Cartagena es que el alcalde Pedrito Pereira sea ratificado. “Lo que es claro es que había una falta temporal y ahora hay una falta absoluta. Pero faltando escasos siete meses para que finalice el periodo constitucional, es claro que no puede haber una nueva elección, y la lógica y el sentido común nos indican que, para bien de la ciudad, el alcalde Pereira debería ser ratificado“.

Con respecto a la decisión de la Sección Quinta, el conocido jurista señaló que, básicamente, lo que esta hizo fue “coincidir con lo señalado en primera instancia y determinar que están acreditados todos los elementos constitutivos de la inhabilidad previstas en el numeral 3 artículo 95 de la Ley 136 de 1994“.

En concepto de Doria Arrieta, “el Consejo de Estado fue claro en establecer que dentro del año anterior a la fecha de la elección el señor Guerra había celebrado un otrosí a un contrato de prestación de servicios que debía ejecutarse en Cartagena, sobre lo cual deben resaltarse dos elementos importantes: uno, el temporal, y es que quedó claro que dentro del año anterior a la fecha de la elección se celebró ese otrosí; y dos, el que tiene que ver con el factor territorial, y es que se probó que las actividades contractuales fueron ejecutadas, aunque parcialmente, en la ciudad de Cartagena. Con esos dos elementos probados, la autoridad judicial determinó que, en efecto, había una inhabilidad“.

Otros aspectos importantes de la sentencia a tener en cuenta“, agregó Doria, “es que de manera categórica los magistrados determinaron que no eran procedentes ninguno de los argumentos de la defensa, desestimándolos absolutamente todos. Por ejemplo, sobre los precedentes alegados, la Sección Quinta estableció que no se había fijado una regla obligatoria para ser aplicada a casos similares. Otro hecho es que la parte demandada aseguró que el otrosí no constituía un nuevo contrato, pero el magistrado ponente y sus colegas de sala determinaron que, en la medida en que ese otrosí había incluido nuevas obligaciones a la relación contractual era, en realidad, un nuevo contrato, y por lo tanto se erigió un vínculo negocial constitutivo de la inhabilidad estudiada”.

Para el abogado, “lo esencial es que los magistrados establecieron que ese otrosí generó unas ventajas del candidato Guerra frente a los otros aspirantes, rompiendo el equilibrio frente a la igualdad que debe existir”.

“El régimen de inhabilidades e incompatibilidades debe reformarse”: Pereira

Para Milton Pereira Blanco, “la sentencia emitida por el Consejo de Estado en el caso del señor Antonio Quinto Guerra justifica la nulidad de la elección a partir de una interpretación finalística, la cual está prohibida para las inhabilidades e incompatibilidades, que son de interpretación restrictiva”.

En su criterio, “si bien en el caso de Quinto Guerra su actuar lo puso en ventaja frente a los demás candidatos desde el punto de vista electoral, el ordenamiento no contempla taxativamente como inhabilidad la extensión de esa causal, incluida la modificación contractual, esto es la suscripción de otrosíes al contrato inicial“.

Por ello“, dijo, se hace necesario “reformar el régimen de inhabilidades para cargos de elección popular“. “Sin embargo, esta tesis no es nueva”, admitió Pereira Blanco; “y Quinto Guerra debía conocer esta posición jurisprudencial, que en todo caso no es una jurisprudencia consolidada, ni una posición pacífica al interior del Consejo de Estado, pues la Sección Quinta no entra a discutir desde su óptica electoral los conceptos de adición o contrato adicional, los cuales sí toman relevancia en la Sección Tercera cuando nos enfrentamos al medio de control de controversias contractuales“.

Para Pereira, “lo anterior se evidencia expresamente cuando el Consejo de Estado señala que el alcance de la causal de que trata el artículo 95 Numeral 3 justifica la existencia de esta inhabilidad ‘de una parte, en la necesidad de evitar que el particular que gestiona o celebre el negocio, saque provecho de su aspiración popular para obtener un tratamiento privilegiado ante la entidad pública destinataria de las gestiones y, de otra, que la persona se muestre frente a la comunidad como una hábil negociadora de intereses con la Administración, en detrimento de la igualdad entre los candidatos a una elección popular’”.

En concepto del abogado, de lo sucedido a Quinto Guerra debe quedar como lección que “el alcance de las inhabilidades o restricciones para ocupar cargos públicos no deben quedar en mano de la interpretación de las autoridades judiciales; deben estar claras en la Constitución y la Ley“.

Las consecuencias penales

Sobre las consecuencias penales que podría acarrear la declaratoria de nulidad de la elección de Guerra Varela, uno de los abogados consultados, el que pidió  reserva de su nombre, dijo que estas son claras: “la Ley 1864 de 2017, que modificó la Ley 599 de 2000, adicionó un nuevo artículo a dicha Ley, el número 389-A, que quedó de esta manera: ‘el que sea elegido para un cargo de elección popular estando inhabilitado para desempeñarlo por decisión judicial, disciplinaria o fiscal incurrirá en prisión de cuatro a nueve años y multa de 200 a 800 salarios mínimos legales mensuales vigentes”.

Como verá“, manifestó, “lo más seguro es que el doctor Guerra afronte un proceso penal, pero estoy seguro que eso no pasará a mayores ya que no veo cómo le van a demostrar dolo si el Consejo Nacional Electoral, en su momento, dio vía libre a su inscripción como candidato”. 

Contexto:

 
 

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