Consejo de Estado y Procuraduría responden al Concejo sobre el caso de Óscar Marín

La Sección Quinta del Consejo de Estado negó la solicitud de aclaración del fallo que confirmó en segunda y definitiva instancia “el numeral primero de la sentencia del 18 de octubre de 2018 a través de la cual el Tribunal Administrativo de Bolívar decretó la nulidad de la Resolución (…) “mediante la cual el Concejo Distrital de Cartagena realizó el llamamiento del señor Óscar Marín Villalba como concejal”, la cual fue presentada por la asesora jurídica del Concejo, Tatiana Romero Luna.

De acuerdo con el auto proferido por la Sala Electoral de la alta corte, esta “no tiene carácter consultivo tal y como propone el Concejo” y, “en consecuencia, escapa a sus competencias aconsejar a otra autoridad para que ejercite sus funciones de una u otra manera, ni muchos menos está facultada para absolver cuestionamientos relacionados con cómo debe ejecutarse una orden judicial o las implicaciones de está”.

Para los magistrados de la Sección Quinta, “es claro que lo que el Concejo distrital pretende es que la Sección avale alguna de las formas que dicha corporación ha estudiado para dar cumplimiento al numeral 2º del fallo de 16 de mayo de 2019 y en especial quiere evidenciar las consecuencia de retirar del Concejo al hoy demandado, sin que por supuesto eso se erija como un aspecto oscuro de la citada providencia”.

En consideración de la Sala, como quiera que “está demostrado que en la providencia objeto de aclaración no hay puntos oscuros o que ofrezcan duda”, lo que se impone es negarla solicitud de aclaración elevada por la apoderada del Concejo de Cartagena”.

En su auto, los magistrados les advirtieron a los sujetos procesales que contra lo decidido “no cabe recurso alguno en los términos del artículo 290 de la Ley 1437 de 2011“.

Como se recordará, tras conocer la sentencia que lo dejaba por fuera del cabildo, el concejal Óscar Marín, en su condición de presidente de la corporación edilicia, se declaró impedido para conocer de sus alcances e, inmediatamente, le pidió a la Procuraduría Regional de Bolívar pronunciarse sobre dicho impedimento.

Y de acuerdo con lo que Revista Metro pudo establecer, a la petición de Marín respondió la procuradora regional de Bolívar, Ítala Pedrazzini Losada, señalando que no es dable entender que sea el Ministerio Público el “competente para resolver los impedimentos expuestos por algunos de los miembros” del Concejo, “entre ellos el presidente de la Mesa Directiva“, porque, de acuerdo con la Ley, la corporación edilicia tiene su propio reglamento y a este debe acogerse.

Así las cosas, lo propio es dar trámite al asunto según lo regule su reglamentación interna y las competencias tanto de la plenaria, como de la mesa directiva“, advierte la procuradora.

Como se recordará, de acuerdo con un comunicado de prensa suscrito por Romero Luna, esta declaró que “hasta tanto no quede en firme la providencia, esto es, hasta tanto se resuelva sobre la aclaración y la Procuraduría Regional de Bolívar se pronuncie sobre el impedimento radicado, es cuando se deberá tomar una decisión administrativa, la cual se hará conforme a derecho“.

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