El futuro de Cartagena, ¿a construirse entre todos o apenas por unos cuantos?

Por Carlos Ardila González *

A propósito de la reciente conmemoración del vigésimo aniversario de la audiencia pública que motivaría meses después la renuncia del entonces alcalde de Cartagena, Nicolás Curi Vergara, este portal hizo una reseña de lo sucedido ese viernes 30 de abril, el cual fue, como diría el escritor y periodista Óscar Collazos en su documentado libro ‘Cartagena en la Olla Podrida‘, “un día grande para la historia de Cartagena de Indias” (leer ‘Audiencia que llevó a la cárcel a un alcalde, un contralor y un personero, 20 años después‘).

Tras dicha publicación, la pregunta que muchos se hicieron fue dónde se hallan hoy los principales protagonistas de esa historia (leer ‘Y hoy, ¿dónde están los protagonistas?‘).

Pero también hubo otra pregunta recurrente: ¿lo que ocurrió en 1999 fue solo que se ‘cayó’ un alcalde, un personero y un contralor, o fue más bien un complejo proceso que contribuyó a mejorar las prácticas políticas locales, a promover el voto informado y a conciencia y a afianzar la auténtica participación ciudadana y comunitaria?

El Gran Acuerdo por Cartagena

A manera de respuesta a estas preguntas deberemos recordar que ese mismo año, concretamente el lunes 23 de agosto de 1999, por convocatoria de la Red de Veedurías Ciudadanas de Cartagena se realizó un foro que culminó con la suscripción de un pacto para, entre todos, trabajar por “sacar adelante los macroproyectos fundamentales y sentidos de la ciudad“, en el marco de “un nuevo concepto de planeación de la ciudad (…) que permita la intervención participativa de los más diversos sectores sociales (…) y no de solo unos cuantos actores (…) sin exclusiones y bajo el signo del entendimiento y la solidaridad“.

Ese pacto ciudadano, que varios medios locales y nacionales bautizaron como ‘El Gran Acuerdo por Cartagena, contempló 15 puntos centrales que serían incorporados “con palabras distintas pero iguales propósitos“, como habrían de destacar varios actores locales, a los programas de gobierno de Carlos Díaz Redondo, alcalde desde el 1 de enero de 2001 hasta el 26 de noviembre de 2003; y de Judith Pinedo Flórez, alcaldesa desde el 1 de enero de 2008 hasta el 31 de diciembre de 2011 (leer ‘Gran Acuerdo por Cartagena‘).

Dos documentos para la historia, y para la reflexión

Pero para concluir si esos hechos fueron consecuencia de un proceso auténtico o si, por el contrario, ocurrieron de forma fortuita, hay que recordar otra parte de la historia, y es que en diciembre de 1998 -antes de la sonada audiencia – los entonces concejales Judith Pinedo FlórezNicolás Pareja BermúdezAmaury Martelo VecchioJaime Espinosa FaciolinceJulio Varela EscuderoLewis Montero PoloAlfredo Díaz RamírezJorge Lequerica AraújoWilliam López Camacho Luis May Salcedo, mediante un documento público, se comprometieron a trabajar por cambiar las costumbres políticas locales y, para ello, exhortaron a “todos los concejales, los gremios, los ediles de la Juntas Administradoras locales, las Juntas Comunales, los Consejeros Juveniles del Distrito, las mujeres organizadas y a la ciudadanía en general a cerrar filas por Cartagena” (leer ‘Coincidencias en la construcción de la Cartagena del tercer milenio‘).

Y después de que, como consecuencia de las denuncias ciudadanas, los entonces alcaldepersonerocontralor fueran apartados de sus cargos, los mismos cabildantes, más el concejal Jorge Martínez Zapata, suscribieron otro documento, en esta ocasión para resaltar que “la tarea de fondo es colocar el gobierno al servicio de la ciudadanía, de los intereses populares, de la población trabajadora y de los más débiles“, y para advertir que “la confianza ciudadana en sus autoridades debe refundarse sobre reglas de juego más transparentes y construidas con la participación de todos” (leer ‘Cartagena, hacia una ética de lo público‘).

Para que prosigamos cavilando

Rememorando los hechos acaecidos en 1999 podría inferirse que, en efecto, como algunos lo afirman, desde entonces ha habido intentos por mejorar las prácticas políticas locales, por promover el voto informado y a conciencia y por afianzar la auténtica participación ciudadana y comunitaria.

No obstante, innumerables hechos de corrupción cometidos desde entonces; el concepto de participación comunitaria que manejan varias dependencias del Distrito, como se ha evidenciado en la Secretaría de Planeación a propósito de la denominada ‘socialización’ del Plan Especial de Manejo y Protección –Pemp – del Centro Histórico; y la pretensión de algunos sectores de que el Distrito oriente sus escasos recursos hacia sus propios y muy particulares intereses y no hacia los de la ciudadanía en general, particularmente la más necesitada, como es su deber, muestran que aún es mucho lo que hay que hacer.

Y -justamente – cuando las campañas por alcanzar el primer cargo del Distrito comienzan -poco a poco – a calentarse, qué bueno sería saber qué tanto del Acuerdo por Cartagena de 1999 consideran los candidatos a la Alcaldía que podría retomarse, y si creen de verdad que “la confianza ciudadana en sus autoridades debe refundarse sobre reglas de juego más transparentes y construidas con la participación de todos“, como se dijo hace veinte años y como hoy, con similares palabras, viene pregonando el alcalde Pedrito Pereira Caballero, o si -por el contrario – consideran que el futuro de la ciudad pueden seguir decidiéndolo, a puerta cerrada, unos pocos individuos.

* Director de Revista Metro

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