¿Porqué será la Sección 5a. la que falle la apelación presentada por Quinto Guerra?

Luego de que la Sala Plena del Consejo de Estado decidiera no avocar en segunda instancia el conocimiento del proceso de nulidad electoral iniciado contra el acto de elección de Antonio Quinto Guerra Varela como alcalde de Cartagena para lo que resta del periodo 2016-2019, sino -definitivamente – la Sección Quinta, en diversos escenarios locales y nacionales comenzaron a analizarse los eventuales alcances de dicha determinación.

En el marco de dicho análisis, la pregunta más recurrente fue el porqué de dicha decisión, y la respuesta se encuentra -en resumen – en el respectivo auto: para los magistrados del Consejo de Estado, las peticiones del Consejo Nacional Electoral – CNE – y del suspendido alcalde de que fuera la Sala Plena y no la Sección Quinta la que resolviera la apelación de este “no se enmarca en ninguna de las causales a las que alude el artículo 271 del CPACA (Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo)”.

Tanto para el CNE como para Quinto Guerra, por la importancia jurídica, la trascendencia social y la necesidad de unificar jurisprudencias sobre las inhabilidades, la apelación presentada debía ser fallada por la Sala Plena y no por la Sección Quinta.

No obstante, sobre la importancia jurídica y la trascendencia, los magistrados advirtieron que “la Sala encuentra que ninguna de las dos solicitudes cumplió una carga argumentativa mínima que haga procedente el estudio, como quiera que los peticionarios se limitaron a invocar la causal pero no presentaron mayor desarrollo al respecto“.

Y sobre la necesidad de unificar jurisprudencia, señala el Consejo de Estado que “no se observa el acaecimiento de ninguna” de las situaciones planteadas, “pues los mismos peticionarios reconocen que existe jurisprudencia pacífica, reiterada y homogénea sobre el entendimiento de la causal de inhabilidad“.

Así las cosas, es claro que el presunto desconocimiento por parte del tribunal de la jurisprudencia no fundamenta la causal de ‘necesidad de unificar jurisprudencia’ de que trata el artículo 271 del CPACA; por el contrario, aquel da cuenta de los motivos de disenso con la sentencia de primera instancia; aspecto que puede ser dilucidado por la Sala Electoral, habida cuenta que esta es la que se especializa en asuntos electorales, y por ello, ha estudiado de manera extensa el tema relacionado con la inhabilidad de celebración de contratos en el caso de alcaldes“, expresan los magistrados.

Las diferencias

Para los peticionarios, se deben unificar las jurisprudencias sobre las inhabilidades con el fin de determinar -de una vez por todas – si la conducta que las materializa es la celebración del contrato o sus actos de ejecución.

No obstante, por lo visto, lo que consideran el procurador Fernando Carrillo Flórez, el ponente Alberto Yepes Barreiro y varios de sus colegas magistrados es que, desde la perspectiva del derecho electoral, el Otrosí celebrado por Guerra en octubre de 2017 constituye un nuevo acuerdo de voluntades y, por ende, un nuevo contrato, luego -entonces – el debate probatorio debe enfocarse en establecer si ese nuevo contrato desequilibró a favor de Guerra la contienda electoral, como lo creen ‘a pie juntillas’ el procurador y diversos analistas.

Y será ello lo que establezcan, en fecha por determinar, los integrantes de la Sección Quinta, los magistrados Carlos Moreno Rubio, Alberto Yepes Barreiro, Lucy Jeannette Bermúdez y Rocío Araújo Oñate (Conozca quién es y qué ha sido cada uno de ellos (hacer click).

Contexto:

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