Desprecio a la ceguera

Por Rafael Vergara Navarro *

El paso por el anillo vial indigna y obliga a exigir a las autoridades contundencia para detener la veloz deforestación y agresiva ocupación de la ciénaga. El crimen a cielo abierto.

Pese al Plan de Acción, la firma del compromiso y el esfuerzo que hace el Ecobloque, la depredación del Territorio persiste porque la debilidad institucional existe.

Y hay causas: una es la Acción Popular que ordenó la reubicación de Marlinda y Villagloria. Los fallos del Tribunal (2014) y el Consejo de Estado (2017) reconocieron daños y riesgo pero, contrario al decir de la Ley, consideraron que impedir la ocupación ilícita de la zona de bajamar no eran imputables a obligaciones incumplidas por el presidente y el fiscal, ¡y lo son!

Evidentes los delitos e impunidad determinaron que por falta de legitimación en la causa por pasiva al comandante de las Fuerzas Armadas, obligado a “proteger el patrimonio natural como elemento integrante de la soberanía nacional” (art 103 L99/93), no le era imputable responsabilidad, ni reclamable la conservación o recuperación del espacio público, y menos exigible la adopción de medidas ambientales, por estar en cabeza del rebasado alcalde. Luces cortas.

Pese a la evidencia de delitos de todo tipo, según los magistrados, a la Fiscalía “no le asiste la obligación de vigilar y mantener o controlar las zonas de bajamar ni sus condiciones ambientales”. Así fue desechada la petición que hicimos de que se ordenara a la Armada y a la Fiscalía realizar inteligencia para desarticular los carteles del relleno, organizados para delinquir contra la zona de bajamar.

¿Cómo explicarse que en una sentencia compleja se ignore lo evidente, ordene la reubicación y no contribuya a corregir la desprotección del capital natural?

La sentencia SC 1727/2016 que anuló la prescripción de lo imprescriptible demoró 12 años en la Corte Suprema porque en la Tutela 294/2004 el magistrado, Manuel Cepeda, no quiso fallar en derecho constitucional, según él, para no poner en peligro la cosa (mal)juzgada. No hay derecho.

Tiempo perdido, invasión garantizada. ¿Cuántas se hubieran evitado? Ese éxito judicial que abrió un camino hoy está detenido. Le propongo a usted que exija acciones y que el Ecobloque revise y recupere el patrimonio privatizado. Insistamos, venzamos la infamia del olvido.

En la defensa del patrimonio natural, la pretensión de Cero impunidad: el no más delito configurado con “escrituras de posesión”, prescripciones, sabaleras y construcciones ilegales, exige cambiar: no más conformismos, procesos inocuos y sacralización del debido proceso.

Por la necesidad de defender la Amazonía, con la tutela STC4360-2018 la Corte Suprema ordenó a la Presidencia de la República responsabilidad: dirigir y coordinar en Ecobloque el freno de la deforestación, y a la Fiscalía investigar las actividades ilícitas que la genera.

La defensa de nuestro ecosistema: manglares, orillas, aguas y corales, también exige esa protección y lo lograremos con una Procuraduría que exige a las autoridades hechos y no solo palabras.

* Abogado, ambientalista y gestor de Paz

.

 

Comments are closed.

Wordpress Social Share Plugin powered by Ultimatelysocial