S.O.S. por el Sistema Penal Acusatorio

Por Anthony Sampayo Molina *

Con la introducción de un procedimiento penal en Colombia cimentado por los principios del sistema acusatorio, se adoptaron necesariamente con él sus bases fundamentales; abandonando aquellas que conformaban el anterior sistema inquisitivo y que por política de estado se decidió dejar atrás. Dentro de esas bases fundamentales que vienen inescindiblemente ligadas al sistema acusatorio, encontramos el principio de Igualdad de Armas, el cual desarrolla la característica más importante de este esquema: el ser un sistema netamente adversarial. Sin embargo, esta última característica fundamental, al tiempo que constituye uno de sus rasgos más distintivos, encarna un principio de justicia y equidad preconcebido con base en las particularidades generales del procedimiento; por ello, de no garantizarse una igualdad de armas entre los adversarios, podemos convertir lo que es una garantía de justicia en la causa de un sistema totalmente injusto.

Desde las épocas de Francesco Carrara por los años mil ochocientos, y finalmente con la declaración Universal de los Derechos Humanos, vemos cómo uno de los objetivos principales del Derecho ha sido la regulación del poder estatal frente al individuo, entendiendo que el Estado por ser el detentador del poder y autoridad, se halla en una posición de fuerza o superioridad frente a la persona que es sujeto de su actuar; de ahí la creación de principios que de alguna manera propenden por equiparar esas cargas y que hoy hacen parte esencial del derecho penal, V.gr.: principio de presunción de inocencia, in dubio pro reo, etc., son muestras de que se hace necesario rodear de garantías a los individuos frente a las actuaciones del Estado.

A pesar de lo anterior, desde el rol de defensores hemos visto con preocupación cómo toma fuerza una tendencia en desnaturalizar el Sistema Penal Colombiano, introduciendo figuras o facultades que claramente desequilibran la balanza a favor del Estado, en lo que parece ser una nostalgia por el protagonismo que anteriormente tenían otros actores dentro del procedimiento y que el sistema adversarial lo circunscribe a las dos partes en controversia; todo ello en desmedro de quien ha de ser protegido del gran poder estatal: el individuo sujeto de la acción penal.

Cuando un observador desprevenido ingresa a una sala de audiencia en Colombia y ve a un defensor enfrentarse solitariamente a un fiscal rodeado de asistentes, a un abogado representante de víctimas y, además, a un representante del Ministerio Público que por lo general apoya irrestrictamente las pretensiones de los dos anteriores, no requiere tener grandes conocimientos en Derecho para darse cuenta que la tal igualdad de armas no existe.

Pero como las apariencias a veces engañan, y de pronto la escasa preparación de aquel observador desprevenido pudiera darle la falsa impresión de desequilibrio, estamos obligados a analizar las normas y sobre todo el desarrollo jurisprudencial que el sistema ha venido teniendo, encontrándonos con la cruel la realidad de que existe correspondencia entre el análisis superficial que hace aquella persona, con los parámetros judiciales que se han venido estableciendo.

Lo que ni sospecha el visitante a la audiencia es que a ese escenario evidentemente desequilibrado falta agregar un protagonista adicional: al juez, el cual, tal y como se evidenció recientemente en la ciudad de Cúcuta, donde un juez con funciones de control de garantía impuso una medida de aseguramiento intramural cuando la solicitada por la Fiscalía fue domiciliaria, puede apartarse de lo pedido por quien se supone es el titular de la acción penal y tomar una decisión que sea muchísimo más gravosa para el capturado.

Pero lo que aún ignora esta persona es que la situación -incluso – puede empeorar en la etapa de juicio, ya que el juez estaría facultado para condenar por un delito distinto al cual se acusó y llegar al extremo de condenarlo así se hubiese pedido la absolución por parte de la misma Fiscalía.

En este orden de ideas, la defensa en Colombia se mueve en un escenario donde tiene que prepararse para enfrentar a la Fiscalía, al representante de víctimas, al Ministerio Público y, por si fuera poco, para anticiparse a lo que eventualmente el juez pudiera pensar en su decisión final cuando el debate probatorio ha fenecido.

Muchos se preguntan cuál es la razón o el origen de estas decisiones que poco a poco han ido convirtiendo al Sistema Penal Acusatorio en un procedimiento altamente desequilibrado e inseguro jurídicamente para el ejercicio de la defensa; y creo, salvo mejor criterio, que se debe a un apego inconsciente al anterior Sistema Penal, una añoranza por facultades anteriormente detentadas pero que resultan realmente incompatibles con el nuevo sistema. Analizando en profundidad las decisiones que justifican este tipo de actuaciones quedan en evidencia disquisiciones que pudieran encontrar lógica en el derogado procedimiento pero claramente incongruentes con el nuevo. Se percibe un claro rechazo a que, en muchas ocasiones la concepción particular de justicia dependa exclusivamente de los aciertos o desaciertos de la parte que constitucionalmente se ha establecido como titular de la acción penal, haciéndose entonces necesario que encuentre un respaldo en los demás protagonistas preconcebidos como “los buenos del escenario”.

La experiencia ha mostrado cómo funcionarios fanáticos de este tipo de prerrogativas, originadas principalmente en interpretaciones jurisprudenciales, posteriormente han sido víctimas de estas mismas cuando desafortunadamente se encuentran incursos en un proceso penal, ya no en su rol natural sino como procesados; y es en ese momento cuando la voz ignorada de los defensores, estigmatizada a priori como un llamado a la impunidad, no se halla solitaria en un desierto sin receptor alguno sino que es anhelada y ahora sí comprendida, ante el sufrimiento en carne propia de lo que es sentirse en desventaja ante una injusta acusación.

Ojala que no sea necesario esperar que personas influyentes o que detentan un gran poder tengan que enfrentarse a este escenario para recobrar el rumbo, ya que, mientras ello suceda, serán muchos para los que ya sería demasiado tarde.

* Abogado Especialista en Derecho Penal y Criminología

 

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