Licencia para matar

Por Andrés Felipe De Ávila Gómez   *

El pasado 27 de marzo un niño de 14 años asesinó a dos personas en las calles de la ciudad de Medellín. Al parecer, dicho joven habría sido contratado por organizaciones criminales para perpetuar el doble homicidio. El Fiscal General de la Nación, en rueda de prensa, informó a la opinión pública que el niño implicado en dicho delito tendría investigaciones penales por presuntamente haber ejecutado 10 homicidios más. 

Al igual que ocurre en todos aquellos casos de delitos graves que impactan a la sociedad, enseguida se escucharon voces que exigen penas más graves para los infractores de la Ley Penal, entre ellas la pena de muerte.

No obstante, conviene preguntarse: ¿Es legítimo para un Estado Social de Derecho como el colombiano, respetuoso de los Derechos Humanos y la dignidad humana, aplicar la pena de muerte?

Uno de los argumentos que emplean los partidarios de la pena de muerte consiste en que el Estado debe imponer al infractor un castigo equivalente al mal que causa (retribucionismo), es decir, si una persona mata debe aceptar su muerte. Sin embargo, dicho argumento niega la existencia de los Derechos Humanos y los límites al poder punitivo del Estado. En particular, lo establecido en el Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, el cual prohíbe la pena de muerte porque considera que su abolición es una consecuencia natural del respeto a la dignidad humana y la inviolabilidad de la vida.

En el mismo sentido, la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948, en su artículo 5, prohíbe la pena de muerte, dado que establece que nadie podrá ser “sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes”.

Por lo tanto, teniendo en cuenta que los Derechos Humanos nacieron como límite al poder del Estado (contractualismo), a este le está prohibido utilizar ciertos medios en defensa del interés general, como la pena de muerte. Especialmente, si tenemos en cuenta que el delincuente hace parte del contrato social y por ende tiene ciertas garantías irrenunciables.

Adicionalmente, los partidarios de la pena capital argumentan que una pena ejemplar, como la pena de muerte, cumple fines disuasorios, dado que, ante una sanción tan drástica el delincuente, el individuo desistiría de quebrantar la Ley Penal. Sin embargo, no existe evidencia alguna que soporte dicha afirmación. Todo lo contrario, estudios recientes en criminología[1] demuestran que el delincuente se persuade de cometer delitos no por la gravedad de la pena futura, sino por el alto grado de probabilidad de ser aprehendido. Por lo tanto, si se si quiere persuadir a la sociedad de cometer delitos debe propenderse, entre otros mecanismos, por fortalecer la eficacia de los medios de control.

Por último, los partidarios de la pena de muerte argumentan que existen delincuentes irrecuperables que deben ser eliminados de la sociedad, dado que, ante la gravedad de los delitos cometidos cualquier esfuerzo en su resocialización sería inútil. No obstante, dicho argumento es problemático, dado que supone que es posible determinar con certeza, al momento de interponer la sanción, qué personas tienen la capacidad de reincidir y cuáles no, lo cual es falso y desconoce la existencia de medidas alternativas de rehabilitación.

En consecuencia, como ya lo ha dicho la Corte Constitucional en múltiples ocasiones[2], la Justicia Penal, si quiere ser digna de ese nombre, no debe ser una venganza encubierta. De allí la importancia de humanizar las penas para humanizar la sociedad en su conjunto, por lo cual se considera que las penas no pueden constituirse en una represalia estatal sino que deben responder a los principios de racionalidad y humanidad, donde no se excluya al delincuente del pacto social sino que se busque su reinserción al mismo, de ser posible.[3]

La pena de muerte es una pena que desconoce la condición de persona del delincuente y destruye la credibilidad del Estado. Por lo tanto, es ilegítimo que un Estado como Colombia, respetuoso de los Derechos Humanos, imparta la pena capital. Especialmente, si tenemos en cuenta que esta fue prohibida desde 1910 y que Colombia ha suscrito una cantidad importante de tratados en materia de Derechos Humanos que la prohíben.[4]

Ahora bien, lo anterior no significa que ante hechos graves de delincuencia el Estado no deba reaccionar, dado que este tiene la obligación de investigar y sancionar todas las conductas constitutivas de delitos. Sin embargo, sí debemos tener en cuenta cuál es el verdadero alcance de la Justicia Penal y no atribuirle funciones que la desbordan.

No se puede pretender que reformas represivas y poco garantistas de los Derechos Humanos, como la pena de muerte, aumento de penas, creación de delitos indiscriminados, sin ningún tipo de sustento político criminal, sea la solución última al problema de la criminalidad en Colombia, dado que el delito, como hecho social complejo, requiere que sea abordado por el Estado por medio de una política pública integral de prevención interinstitucional.

Así las cosas, antes de cuestionarnos si es viable o no imponer la pena de muerte para casos como el del niño sicario de Medellín, deberíamos preguntarnos en qué estamos fallando como sociedad para que un niño de apenas 14 años de edad termine envuelto en hechos tan lamentables.

En conclusión, frente al impacto mediático que generan aquellos delitos que tocan las fibras más sensibles de la sociedad puede ser muy atractivo adoptar medidas populistas para demostrar una respuesta rápida como, por ejemplo, establecer la pena de muerte. No obstante, dicha medida, además de atentar contra la dignidad humana y los Derechos Humanos, como ya hemos dicho, lejos de disminuir la tasa delincuencial puede ocasionar el efecto contrario, dado que esconde en el fondo un fin perverso e ilegítimo: la venganza.

[1] CARDENAL MONTRAVETA, Sergi. “Eficacia preventiva general intimidatoria de la pena”. Revista Electrónica de Ciencia Penal y Criminología. 2015. 

[2] Corte Constitucional. Sentencia C-144 de 1997. MP: Alejandro Martínez Caballero.

[3] IBIDEM.

[4] Consultar, entre otros: i) Protocolo facultativo del pacto internacional de derechos civiles y políticos destinado a abolir la pena de muerte de 1989; ii) Pacto Internacional de los derechos civiles y políticos; iii) Convenio de Ginebra III; iv) Convenio de Ginebra IV; v) Convención sobre los derechos del niño; vi) Convención Americana sobre Derechos Humanos o Pacto de San José; vii) Declaración Universal de Derechos Humanos.

* abogado de la Universidad Externado de Colombia con especialización en Derecho Procesal Penal de la misma universidad

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