Cárcel a capitán de Puerto por no amparar consulta previa a comunidad de La Boquilla

El Tribunal Administrativo de Bolívar declaró en desacato al capitán de Puerto de Cartagena, Pedro Prada Rueda, por no atender diligentemente lo dispuesto por un fallo de tutela que lo obliga a amparar el derecho a la consulta previa y la participación ciudadana de la comunidad de La Boquilla.

Por incumplir injustificadamente lo dispuesto en su sentencia, el Tribunal sancionó al capitán de Puerto con multa de cinco salarios mínimos legales mensuales vigentes, es decir el equivalente a $4’140.580, y un día de arresto en establecimiento carcelario.

En el fallo, suscrito por los magistrados José Guerrero Leal, Roberto Chavarro Colpas y Luis Miguel Villalobos Álvarez, se aclara que, aunque el actual alcalde, Pedrito Pereira Caballero, “deberá adelantar todas las actividades necesarias para el cumplimiento del fallo“, para lo cual “es esencial la actuación del secretario de Planeación del Distrito”, no es viable sancionarlo “por cuanto el tiempo del ejercicio del cargo” (Pereira se posesionó como alcalde encargado a finales de septiembre del año anterior), “es insuficiente para haber adelantado o surtido todo el procedimiento ordenado en el fallo de tutela“.

En sus considerandos, los magistrados resaltan que “la finalidad del trámite del incidente de desacato más que imponer una sanción al funcionario encargado de darle cumplimiento a un fallo de tutela, es la de obtener el cumplimiento efectivo del mismo” (leer ‘Fallo de Incidente de Desacato de Tutela interpuesto por la comunidad de La Boquilla‘).

El incidente de desacato fue interpuesto por el Consejo Comunitario de La Boquilla y por la nativa Jovannys Pardo Castro.

En sus alegatos, esta última denunció, en su momento, que “desde hace 15 años ejerce el oficio de carpera (…)“, pero “el 5 de julio de 2011 no pudo realizar esas actividades, pues la administración del edificio Torre de las Américas no se lo permitió argumentando que ellos tenían el derecho al disfrute de la playa en virtud de un permiso otorgado por la Dimar“.

Lo dispuesto por la sentencia que aún no se acata fue “dejar sin efectos la Resolución 0497 de 2009, expedida por la Dirección Marítima de la Capitanía del Puerto de Cartagena, por la cual se otorga una concesión a la sociedad Inversiones Talamare & Cía. S.C.A., en jurisdicción de la Capitanía de Puerto de Cartagena, con el fin de que rehaga el trámite, respetando el derecho fundamental a la consulta previa“.

Dicho fallo, dispuesto por la Corte Constitucional en última y definitiva instancia, ordena perentoriamente que la Dirección Marítima proponga “a las partes una reunión para la concertación de las condiciones del proceso consultivo (preconsulta) en el término de 48 horas (…), e informar a la Alcaldía Distrital de Cartagena y la Dirección de Etnias del Ministerio del Interior para que, en el marco de sus competencias, concurran al proceso consultivo“.

La Corte dispuso que “en caso de que nuevamente se decida entregar una concesión por parte de la Dimar sobre el sector de playa de Cielo Mar, esta deberá respetar los siguientes límites constitucionales: (i) que se definan de forma precisa el alcance y límites de la concesión; (ii) que no se altere la calidad de espacio público de la playa, transgrediendo la prohibición de que las playas se conviertan en propiedad privada; (iii) que se preserve todo uso tradicional que la comunidad de La Boquilla efectúe sobre el sector de Cielo Mar; y (iv) que se asegure el derecho al tránsito a favor de la colectividad“.

En la providencia que se ordena acatar de forma perentoria se advierte a la Dimar y a la Alcaldía que deben permitir, “mientras se adelanta el proceso de consulta, el tránsito y uso de la playa para todas las personas“.

De igual forma, se solicita a la Alcaldía que implemente medidas en sus planes de desarrollo y políticas públicas que para asegurar la incorporación de la comunidad en las mismas y a “evitar que se intensifique su actual situación de vulnerabilidad social y económica“.

Asimismo, se pide a la Defensoría del Pueblo y a la Procuraduría que propicien el debido cumplimiento de la providencia (Leer ‘Sentencia T-376/12 de la Corte Constitucional‘).

En la acción de tutela inicial y el posterior incidente de desacato, así como en otras acciones impetradas con el fin de lograr la recuperación de zonas de bajamar o cuerpos de agua que, en su concepto, han sido rellenados e invadidos por particulares, ha participado, en unos casos como accionante o denunciante y en otros como coadyuvante, el dirigente comunitario Benjamín Luna Gómez (leer ‘Denuncian (otra) supuesta apropiación ilegal de un terreno en La Boquilla‘).

En la actualidad, Luna Gómez lidera varias acciones para recuperar para La Boquilla una vía pública: la Carrera 9a. (ver video):

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