Sobre encuestas y sondeos electorales, ¿autorregulación o mayor control estatal?

Por Carlos Ardila González *

Como siempre en vísperas de unos comicios, en Cartagena comienzan a aflorar los sondeos y encuestas sobre preferencias electorales. Y como siempre que se publican unos y otras, las inquietudes sobre su legalidad y conveniencia no se han hecho esperar.

En general, cuando se trata de encuestas publicadas por medios de comunicación convencionales o alternativos, la inquietud que más surge es si sus realizadores cumplen la totalidad de los requisitos contemplados por la Ley 130 de 1994 y la Resolución 23 de 1996 del Consejo Nacional Electoral -CNE.

Pero cuando se trata de sondeos publicados en redes sociales como Facebook o Twitter, la pregunta suele ser quién está detrás de estos; o más exactamente: a qué aspirante respalda el ‘sondeador’ aunque no lo confiese. Y la respuesta casi siempre es: pues a quien termina ganándolos.

Y ello es algo que ocurre aunque no se lo haya propuesto así el autor de la iniciativa. Como los sondeos carecen del rigor científico -y aún técnico – que sí tienen -o deberían tener – las encuestas realizadas por empresas serias y debidamente registradas en el CNE, en la mayoría de ellos una misma persona puede votar las veces que quiera. Y, en el caso de las redes sociales, como su universo se circunscribe -prácticamente – a los seguidores del ‘sondeador’, hay un inevitable sesgo a favor del aspirante al que este apoya.

Pero, como la difusión de encuestas y sondeos antes del plazo establecido para la realización de campañas electorales es también, en la práctica, una suerte de propaganda, otra inquietud que surge es si ello constituye o no una violación a la Ley.

Para conocer qué piensan sobre el tema los expertos en asuntos electorales, Revista Metro entrevistó al abogado constitucionalista Armando Novoa García, quien como magistrado del CNE propuso varias veces modificar las normas que regulan las encuestas por considerarlas “laxas y ambiguas“.

Para el reconocido jurista, la Ley 130 de 1994 contempla “una reglamentación muy genérica“, y en materia de encuestas, al igual que en lo relativo a las campañas electorales, “hay un vacío normativo muy grande“.

En la práctica, lo que establece la norma es que solo pueden ser publicadas encuestas realizadas por empresas de medición debidamente inscritas en los registros del CNE, y -además – deben publicarse completas, con su respectiva ficha técnica y dejando claro quién o quiénes la financiaron.

En concepto de Novoa García, los problemas se dan, sobre todo, con la publicación de sondeos y encuestas en Twitter o Facebook, “las cuales son tierra de nadie“, en las cuales, de acuerdo con las normas vigentes, las autoridades tienen facultades para sancionar al emisor y no a las redes, “que son un mero vehículo“.

Para el exmagistrado, dado lo que suele darse en las redes en materia de falsas informaciones o noticias inexactas, “cuando se trata de la defensa de la libertad de expresión, la cual valoramos como los que más, debe ponderarse igualmente el abuso al derecho del elector“.

Recordando experiencias como el brexit, en Inglaterra, o lo sucedido en Colombia durante el último plebiscito, cuando el propio gerente de la campaña por el No admitió haber utilizado estrategias para generar miedo entre los electores mediante falsas noticias, Novoa señaló que “es claro que el ciudadano puede ser objeto de manipulaciones, por lo cual hay que expedir una norma que proteja al elector que no puede protegerse a sí mismo“.

En su concepto, un primer paso para ello es disponer que los candidatos reporten debidamente a las autoridades electorales cuánto es su inversión en el manejo de redes sociales.

En su diálogo con Revista Metro, el jurista recordó la sentencia del Tribunal Administrativo de Cundinamarca en el caso de la acción interpuesta por el periodista Daniel Samper Pizano contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez por haberlo acusado falsamente de ser violador de menores. “En su fallo, el Tribunal advirtió que las redes sociales son la plaza pública del mundo contemporáneo“, lo que podría dar pie a considerar que, para todos los efectos, lo determinado en la Ley 130 de 1994 y la Resolución 23 de 1996 del CNE, así como en la Ley 1475 de 2011, “se establezca también para las campañas y las encuestas electorales“.

“Es un problema ético”: Corporación El Ojo que Grita

Para el director del colectivo ‘El Ojo que Grita’, Mario Salvador Andrade, el caso sí debería ser objeto de revisión por parte del legislador y de las autoridades electorales, pero, entretanto, “lo que se impone es que quienes tengan algún nivel de liderazgo actúen con rigorresponsabilidad, y un alto concepto de la ética“.

Mire usted, por ejemplo“, expresó el dirigente cívico, “lo ocurrido con una encuesta realizada recientemente por la firma Datanálisis, publicada por El Heraldo, en la cual el primer lugar lo ocupa el aspirante a la Alcaldía de Barranquilla Jaime Pumarejo. Pues bien, el influyente diario no dice por ningún lado que la firma encuestadora es de los Char, que a su vez son los promotores de la candidatura de Pumarejo y, como todo el mundo sabe, socios de El Heraldo. Eso, justamente, es lo que no puede seguir haciéndose“.

* Director de Revista Metro

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