Celulares y revictimización

Por Anthony Sampayo Molina *

Hace poco, a la espera de una audiencia programada en un juzgado penal del circuito de la ciudad, se adelantaba una donde la Fiscalía pedía preclusión de la investigación que se seguía en contra de un ciudadano por imposibilidad de desvirtuar la presunción de inocencia que lo cobijaba. Escuchando la argumentación de la Fiscalía, descubrí que se trataba de un caso donde una persona que caminaba tranquilamente en vía pública hablando por su teléfono, fue requerido por agentes de Policía que le pidieron el IMEI del mismo. Ante ello, el ciudadano voluntaria y tranquilamente se los entrega desbloqueado; los agentes colocan el código para que arroje el número de identificación y consultan en una base de datos que solo ellos manejan, percatándose que el aparato tenía un reporte por hurto; en consecuencia, proceden a capturar al ciudadano por el delito de receptación agravada, es esposado y trasladado a las instalaciones de la Fiscalía y al día siguiente es presentado ante un juez de control de garantías, el cual legaliza su captura, se le imputa el delito arriba mencionado y se le impone una medida de aseguramiento privativa de la libertad en su domicilio.

José (el cual obviamente no es el verdadero nombre) era un mecánico que se encontraba buscando unos repuestos para un vehículo que estaba reparando, caminaba y cotizaba vía telefónica para ahorrar tiempo y manejaba un celular cuyo valor era de trescientos mil pesos. Para el día de la audiencia, ocho meses después de estar privado de su libertad, la Fiscalía, la misma institución que había solicitado su detención preventiva, ya que José supuestamente representaba un peligro para la sociedad, y un juez le había otorgado la razón; estaba frente a otro juez, diciendo que no tenía pruebas que indicaran que José fuera merecedor de ser sancionado por un delito que contempla una pena mínima de seis años de prisión.

Antes de que el juez fallara sobre la solicitud elevada por la Fiscalía me pregunté: ¿qué pruebas podría tener el ente investigador en su momento para pensar que José había adquirido ese celular consciente que estaba reportado como hurtado?, ¿es que José acaso se encontraba en algún sitio tratando de burlar los sistemas de seguridad del teléfono, o fue sorprendido en algún lugar conocido por prestar estos servicios?, ¿la Fiscalía investigó cómo se produjo el hurto del teléfono, cuándo y cómo lo adquirió José?, ¿se preguntó el ente acusador porque a pesar de estar reportado el teléfono este funcionaba?, ¿cómo era eso posible, José hizo algo para lograrlo? En fin, ¿de dónde sacó la Fiscalía la hipótesis de que, tal como lo exige la norma, José fuera consciente de que ese producto que en algún momento obtuvo tenía su origen mediato o inmediato en un delito? Pues de ninguna parte; les bastó a la Policía, al fiscal y al juez de garantía en su momento, el enterarse que había un reporte de hurto para restringir el derecho constitucional a la libertad de una persona.

Obviamente el juez de conocimiento no solo accedió a la solicitud de preclusión, sino que además catalogó las actuaciones como arbitrarias e injustas, ordenando la libertad inmediata de José, quien seguramente demandará al Estado por el grave daño causado.

Como si lo sucedido con José no fuera lo suficientemente aterrador, resulta que ese tipo de capturas son cada vez más frecuentes, se presentan casi que a diario, lo cual, parafraseando al juez de conocimiento que ordenó la libertad de José, “resulta ser totalmente abusiva, desproporcionada e injusta”.

El tipo penal de receptación, el cual se agrava cuando recae sobre aparatos telefónicos, contempla como ya se dijo una pena de prisión de seis años de cárcel cuando dicho elemento proviene de la comisión de un delito; pero es justamente este ingrediente normativo, que a su vez puede ser tomado como un elemento subjetivo tácito, el que convierte en atípica las conductas como la de José. Este mecánico adquirió su teléfono celular de buena fe, funcionando a la perfección y de parte de un amigo que en un apuro se lo vendió por cien mil pesos; en este caso José de lo único que puede ser culpable es de ingenuo y confiado, pero afortunadamente en este país eso aún no es un delito. No existe ninguna norma constitucional o legal que exija algún tipo de formalidad para el comercio de celulares; los particulares en este tipo de transacción, como en todas las demás, se rigen por una presunción de buena fe; una confianza cuya inexistencia haría imposible el desarrollo de la vida en sociedad y que en el caso concreto es reforzada justamente por el funcionamiento en el momento del aparato telefónico a pesar de existir medidas, ampliamente conocidas, que supuestamente los bloquea una vez exista el reporte por pérdida o hurto.

Un teléfono celular más que un lujo se transformó en la actualidad en un artículo de primera necesidad; son las circunstancias y la dinámica de la vida moderna las que han obligado a que los individuos tengan que estar conectados permanentemente; no es un capricho o una muestra de fantochería; casi que es necesario para subsistir; por ello, hasta las personas más humildes, y sobre todo estas, deben indefectiblemente acceder a esta tecnología superando necesidades aparentemente más  apremiantes, pero que se tornarían muchísimo más difíciles de superar, aislado del mundo.

No todo ha de solucionarse a través del derecho penal, ello es un principio y una característica de este. Tampoco es necesario legislar en forma particular para este tipo de casos, ya la Ley contempla medidas proporcionales a esta situación, incluso el Código de Policía las regula. Respetemos las garantías y no revictimicemos a quien ya resultó asaltado en su buena fe.

* Abogado Especialista en Derecho Penal y Criminología

 

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