Por Johana Bueno Álvarez *
Hace ya un tiempo, tuve la oportunidad de escuchar un análisis que hizo el grandilocuente pensador estadounidense Noam Chomsky, donde hablaba acerca de los 10 principios de la concentración del poder y su efecto en las democracias, en un documental llamado ‘Réquiem flor the American dream’.
Para ese propósito, cito la literatura de Adam Smith, en un libro que fue publicado en el año 1776 llamado: ‘La riqueza de las naciones’, específicamente, el parágrafo que dice: “los principales arquitectos de la política, son los dueños de la ciudad”.
Ahora bien, ese referente quise traerlo al contexto nacional debido a que en nuestro tiempo histórico hay prácticas que siguen estando vigentes y se traducen en la fragmentación de las democracias debido a la incapacidad de visión de estado, desde la concepción de igualdad en los derechos políticos, económicos y sociales.
En virtud de lo expuesto, quiero abrir el debate en torno a tres decisiones de gobierno que desvirtúan el adecuado ejercicio político y su impacto en las democracias.
Uno: los ciudadanos en segundo plano y no como centro en la construcción de la democracia.
Una muestra de ello es el uso sistemático de la marcha utilizada como alternativa para exigir el cumplimiento de un derecho constitucional. Entre los casos más recientes se encuentran las movilizaciones organizadas desde los diferentes actores del sistema educativo en defensa de la educación universitaria pública; esto genera, en cierta medida, un ambiente de desconcierto frente a las decisiones de gobierno; aunado a ello, la manera equívoca de apelación a la utilización de la fuerza pública como mecanismo de represión hace que se cree un escenario de tensión que termina minimizando el ejercicio pleno de los derechos ciudadanos.
Dos: peso de la carga fiscal con mayor proporción en los individuos.
Este es un mecanismo estándar en los sistemas político-económicos del mundo, con excepción de algunos países por su práctica ideológica. Pero recordemos que Colombia es un país emergente y no soporta, por obvias razones, la trasferencia de la carga impositiva a la clase trabajadora de manera desproporcionada dando prebendas para un beneficio económico mayor al sector empresarial.
Esta es una decisión que va en contravía del bienestar de los ciudadanos y en consecuencia legítima al oligopolio que paralelamente presiona en favor de sus intereses otorgándole más poder con medidas de austeridad que nos alejan cada vez más la posibilidad de alcanzar un estado de bienestar.
Y tres: fijación de medidas de intervención militar como solución al conflicto armado.
Desde luego que esta decisión unilateral se concibe como una política de gobierno y no como política de estado el cual fue legitimado a través de un acuerdo de paz.
La Paz, en el marco del derecho internacional humanitario, debe ser garantizada en el estado social de derecho y el camino más expedito y constitucional para la solución del conflicto armado es la negociación y el consenso donde se busque unir los puntos divergentes que permitan mantener vigentes los derechos humanos.
Por último, la gestión del gobierno con respecto a las intervenciones sociales y de desarrollo económico está desenfocada y hace más matizada y lejana la perspectiva de llegar a construir una forma de vivir en condiciones mínimas de dignidad.
* Médica especialista en Gestión de la Calidad y Auditoría en Salud; vinculada a la Clínica Madre Bernarda y a la Secretaría de Salud de Bolívar.
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