Alcaldes de Turbaco y Arjona, a evitar que los toros sufran durante las Fiestas de Corralejas

En enero de 2015, un video en el que unos hombres, durante una Fiesta de Corralejas de Turbaco, mataron a un toro a punta de patadas, piedras y puñaladas, causó un rechazo casi que generalizado por la crudeza de las imágenes y, sobre todo, por la crueldad que mostró la desalmada turba (leer ‘Polémica por video en el que una turba mata a toro en Turbaco‘).

Tras la barbarie cometida por unos cuantos en la arena, pero aplaudida a rabiar por muchos individuos desde las gradas, la Procuraduría General señaló que el entonces el alcalde, Myron Martínez Ramos, debía responder por lo sucedido, y el entonces diputado Carlos Féliz Monsalve hizo caer en cuenta que tanto Turbaco como en otros municipios se viene violando una Ordenanza que ordena a los alcaldes y a la Policía garantizar que los niños no accedan a los escenarios donde se torturen y maten animales (leer ‘Se abre paso la prohibición de torturar animales tanto en las corralejas como en las plazas‘).

Hoy, cuatro años después, la noticia es que, por un lado, el Juzgado 12 Administrativo del Circuito de Cartagena dispuso ordenar -otra vez – a los alcaldes de Turbaco, Antonio Víctor Alcalá Puello, y de Arjona, Esther María Jalilie García, que en el término de tres meses “diseñen, adopten y ejecuten medidas y controles que garanticen de manera efectiva que las especies animales que son utilizadas en las corralejas reciban protección especial contra el sufrimiento y el dolor“, luego de que el Tribunal Administrativo de Bolívar, en fallo de segunda y definitiva instancia, confirmara la sentencia proferida en mayo de 2017.

Pero, por el otro, casi que paralelamente, la Corte Constitucional determinó que las corridas de toros y las peleas de gallo, entre otras prácticas, no pueden calificarse -per se – como maltrato animal, ya que hay algunos municipios del país donde hacen parte de las tradición cultural.

Y aunque la Corte reiteró que el maltrato animal está prohibido en todo el país, tuvo en cuenta que ciertas prácticas son -por la fuerza de la costumbre –actos culturales que deben respetarse en los municipios donde tengan arraigo.

En el caso de la decisión sobre las corralejas de Turbaco y Arjona, la demanda (concretamente, una Acción Popular) fue presentada por los animalistas María Bonfante Stephen, María Victoría de Zubiría Piñeres y Alberto Marín Zamora.

Y en el caso de la Corte Constitucional, la decisión se tomó al revisar una demanda contra la Ley 774 de 2016, en cuyo Artículo 1° se establece que “los animales como seres sintientes no son cosas, recibirán especial protección contra el sufrimiento y el dolor, en especial, el causado directa o indirectamente por los humanos, por lo cual en la presente ley se tipifican como punibles algunas conductas relacionadas con el maltrato a los animales, y se establece un procedimiento sancionatorio de carácter policivo y judicial“.

“A garantizar la vida e integridad de todos”: J. C. Cárcamo

Para el animalista Juan Carlos Cárcamo, “lo establecido por el Juzgado Administrativo y el Tribunal Administrativo es que de ahora en adelante se garanticen los derechos de todas las personas y los animales que intervienen en las corralejas de Arjona y Turbaco y se tomen las medidas pertinentes para garantizar sus vidas e integridad física. De no hacerlo, los alcaldes incurrirían en desacato y violacion de la Ley“.

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