Procesos contractuales del Distrito, lo que haría falta para seguir generando confianza

Por Carlos Ardila González *

En los últimos días, en varios escenarios se ha dicho que, en materia de recuperación de la confianza ciudadana y restauración de la institucionalidad, el Distrito de Cartagena ha avanzado a grandes pasos en los últimos meses.

Lo aseguran los miembros de la Sociedad de Ingenieros y Arquitectos de Bolívar -Siabol-. Para estos, prueba de ello es que en los procesos licitatorios se estén presentando numerosos proponentes y no solo uno o dos, en promedio, como llegó a ocurrir en administraciones anteriores (leer ‘Siabol celebra que se esté recuperando la confianza ciudadana en la institucionalidad‘).

Y lo reconoce el procurador general, Fernando Carrillo Flórez, quien, como se ha visto, por la crisis que ha padecido tiene puesta una lupa sobre el Distrito. En un reciente foro sobre el Centro Histórico de Cartagena como patrimonio de todos, el representante del Ministerio Público destacó la labor del alcalde Pedrito Pereira Caballero señalando que el mandatario de los cartageneros “tiene toda la capacidad de transformar esta ciudad”, para lo cual cuenta “con todo el respaldo de la autoridad nacional“.

Pero, por lo visto, aún falta mucho por hacer para que todos los actores locales confíen en el Gobierno local. 

Aunque el hecho de que los constructores hayan comenzado a participar masivamente en las licitaciones sea una muestra de la confianza que ha comenzado a generarse, aún hay dudas sobre si en los respectivos procesos todo es color de rosa, como puede inferirse de la nota ‘Nombres detrás de los $36.167 millones para escenarios‘, publicada el pasado 22 de marzo por El Universal.

Para saber qué hace falta -entonces – para avanzar aún más en materia de recuperación de la confianza ciudadana en el Estado local, Revista Metro consultó varias fuentes: el alcalde Pereira; el exjefe de la Oficina Asesora Jurídica de la Alcaldía Milton Pereira Blanco; y un dirigente gremial que pidió reserva de su nombre.

“Los dineros se invertirán en lo que fue contratado”: Pedrito Pereira

En declaraciones a este portal, el alcalde de Cartagena señaló que “en este encargo hemos hecho un esfuerzo inmenso” para “que los procesos de contratación de selección objetiva sean transparentes, y que siempre se pueda presentar un amplio número de oferentes“, como en efecto ha ocurrido.

Aunque no dependa totalmente de la Administración“, manifestó Pereira, “hemos tratado de generar confianza para que participe el mayor número de personas naturales y jurídicas posibles“. Y en las licitaciones, dijo, “que son procesos reglados, basados en la Constitución y las leyes contractuales vigentes, participan las empresas que se encuentren habilitadas, las cuales se someten a las debidas evaluaciones jurídicas, técnicas y financieras“.

Sin embargo“, recalcó, “sean quienes fueran los participantes, exigiremos que todos los dineros se inviertan en lo que se ha contratado, y para eso ya están en licitación las interventorías, y hay un tema novedoso que se incluyó en los pliegos, y es que se le da un puntaje a quienes ofrezcan un circuito cerrado de televisión para que todos los organismos de control y todos los ciudadanos, en tiempo real, puedan ver cómo avanzan las obras“.

“Las inhabilidades son taxativas; no se pueden inventar”: Milton Pereira

En concepto del exjefe de la Oficina Asesora Jurídica del Distrito durante la Administración de Sergio Londoño Zurek, Milton Pereira Blanco, “cuando se evalúan los requisitos jurídicos habilitantes de los proponentes” en los procesos licitatorios, los miembros del comité evaluador y el ordenador del gasto deben limitarse a cumplir “lo dispuesto en los artículos 8 y 9 de la Ley 80 de 1993, modificada por la Ley 1150 de 2007“, que contemplan las restricciones para participar y contratar.

Refiriéndose al hecho de que se cuestione a evaluadores u ordenadores del gasto por hechos que no constituyen impedimento legal, “dejando un manto de duda sobre el actuar de unos y otros“, el reconocido abogado advirtió que estos, “al momento de evaluar a los proponentes, deben limitarse únicamente a las restricciones fijadas por la Ley y a las reglas del pliego de condiciones, términos de referencia e invitación. Es lo que determina el régimen de inhabilidades e incompatibilidades“.

Hay que atender igualmente lo que establece el Estatuto Anticorrupción en materia de inhabilidades a los contratistas que hayan incurra en ciertas conductas“, señaló el abogado; “como haber sido objeto de imposición de cinco o más multas durante la ejecución de uno o varios contratos, durante una misma vigencia fiscal con una o varias entidades estatales; o haber sido objeto de declaratoria de incumplimiento contractual en por los menos dos contratos durante una misma vigencia fiscal, con una o varias entidades estatales, entre otras“.

“De igual”, agregó, “la ley disciplinaria vigente, esto es, la Ley 734 de 2002 (recordemos que el Código General Disciplinario aún no ha entrado en vigencia) señala como inhabilidad el haber sido declarado responsable fiscalmente para contratar con el Estado durante los cinco años siguientes a la ejecutoria del fallo correspondiente. Y esas, solo esas, son las causales de inhabilidad. Cualquier otra, como las relacionadas con problemas de familares o similares, no están contempladas. No se pueden inventar“.

Desde Riosucio -Caldas-, donde se encuentra liderando un equipo de la firma ‘Caribe Legal en la implementación del Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo de una empresa regional, Pereira reconoció -sin embargo -que hay casos de casos.

Cuando se trata de cuestionamientos por parentezcos con servidores públicos o por proponentes que se presentan con dos empresas cuyos representantes tienen lazos familiares“, recalcó, “ahí sí la norma es clara y le extiende ese fenómeno como inhabilidad“. 

En los casos de empresas que participan en procesos licitatorios cuyos representantes legales o socios solo lo son de papel, ya que resulta notorio que las decisiones son tomadas por quienes están detrás, es decir: en la sombra, la Ley presenta un evidente vacío“, aseveró; “pero si se logra demostrar en un eventual proceso penal que lo que se tenía es una fachada, pues la responsabilidad se puede extender incluso hasta las personas que se prestan para figurar como representantes de empresas cuando en la práctica no lo son“.

* Director de Revista Metro

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