Concretamente, ¿qué es lo que tiene a Dionisio Vélez a punto de ser sancionado por la PGN?

Publicado por Carlos Ardila Fecha: 23 marzo, 2019

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En diciembre de 2015, hace más de tres años, un informe de la Fundación cívico-social pro Cartagena –Funcicar – reveló unos presuntos sobrecostos y una serie de obras inconclusas del paquete de construcciones y refacciones contratadas durante la Administración de Dionisio Vélez Trujillo. (leer ‘Cartagena: informe de Funcicar reveló sobrecostos y obras inconclusas de la Alcaldía‘).

Tras conocer el documentado informe, elaborado por el Observatorio a la Transparencia en la Contratación Estatal luego de un riguroso trabajo de campo y un exhautivo análisis de los correspondientes procesos contractuales, el entonces concejal David Múnera Cavadía manifestó que lo evidente es que lo revelado era “una reafirmación del carrusel de la contratación liderado por el alcalde Vélez Trujillo con los $250 mil millones que tuvo la oportunidad de administrar“.

“Si en la ciudad funcionaran los órganos de control“, dijo el cabildante, la sola noticia debió “ser motivo de apertura de investigación“. Pero, pasado el tiempo, ninguna de las ías abrió una investigación de oficio, por lo que Múnera debió pedirles, formalmente, que realizaran las condignas indagaciones (leer ‘Con base en informe de Funcicar, piden a Fiscalía y a Procuraduría investigar a funcionarios del Distrito‘).

Tras la publicación en varios medios de nuevos detalles sobre el caso, otros actores locales, entre ellos el exprocurador delegado para la moralidad pública, Fabio Castellanos Herrera, se sumaron a dicha solicitud. Según declaró Castellanos en esa oportunidad a Revista Metro, hace más de tres años, la apertura de las respectivas investigaciones por parte de los órganos de control debía darse tarde o temprano. “Siempre he confiado en que la justicia sancione el antieconómico e inmoral proceder del alcalde y varios de sus funcionarios“, manifestó Castellanos (leer ‘Con un informe de Funcicar como prueba, la Fiscalía deberá investigar irregularidades en unas obras civiles‘).

Por ello, que la Procuraduría General de la Nación haya abierto una investigación al exalcalde Dionisio Vélez por presuntas irregularidades en la adecuación de puestos de salud no debió sorprender a nadie.

“Lo que debió sorprender“, señaló el director de la veeduría ‘El Ojo que Grita’, Mario Salvador Andrade, “es que haya debido pasar tanto tiempo para hacerlo, cuando las pruebas del desgreño cometido, por decir una sola palabra, son tantas y tan de bulto“.

Para otros veedores, sin embargo, “es mejor que la Justicia tarde a que nunca llegue“, como expresó la directora encargada de la ‘Corporación Cartagena Visible’, Dora Valencia Alfaro.

Y eso es -precisamente – lo que se espera en Cartagena, como coincidieron en manifestar numerosos ciudadanos una vez se supo que la Procuraduría abrió investigación tanto al exalcalde Vélez como a la exdirectora del Departamento Administrativo Distrital de Salud -Dadis-, Marta Rodríguez Otálora, por presuntas irregularidades en la ejecución de contratos de infraestructura, en el sector de la Salud, por la suma de $100 mil millones.

De acuerdo con lo informado por el propio procurador general, Fernando Carrillo Flórez, durante una visita preventiva y de control de gestión se estableció que varias de las obras contratadas se encuentran inconclusas, y algunas en estado de abandono, y que los equipos comprados se estarían deteriorando por causas atribuibles a la falta de planeación durante el proceso precontractual.

Los detalles de los hallazgos

Para el dirigente cívico Mario Salvador Andrade, la frase “la ‘Justicia tarda pero llega’ cabe más en este caso por la contundencia de los hallazgos (de la Procuraduría) que por el hecho de que, por fin, se hayan abierto los debidos procesos“.

Y los hallazgos a los que se refiere el veedor los resumió el propio procurador Carrillo Flórez cuando dijo que, tras las citadas visitas, se encontraron con que los contratos, “a pesar de que fueron suscritos e iniciados en la vigencia 2014 y con plazos de entrega de 6 a 12 meses, cuatro años después no se han logrado terminar, ya que presentan serios problemas derivados de la fase de planeación, contratación y ejecución, toda vez que se efectuaron sin el lleno de requisitos legales exigidos por la Ley (…), licencias de construcción y titularidad de los predios, entre otras, generando un presunto detrimento fiscal de casi $56 mil millones, y más grave aún vulnerando el Derecho Fundamental a la Salud de más de 470.249 habitantes, que hacen parte de la población más vulnerable del Distrito de Cartagena“.

Para el representante del Ministerio Público, es claro que los funcionarios indagados “podrían haber incurrido en la celebración indebida de contratos por y para favorecimiento a terceros” (leer ‘Otros hallazgos de la Procuraduría‘).

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