Las preguntas claves sobre la decisión de la PGN de formular cargos contra Dionisio Vélez

Luego de que por las redes sociales se difundiera un pantallazo de la notificación que por edicto hiciera la Procuraduría General de la Nación de los cargos formulados al exalcalde Dionisio Vélez Trujillo y a su exsecretario general, Carlos Coronado Yances, por la prórroga al parecer irregular de un contrato por 13 años más, a pesar de faltar aún seis años para su fenecimiento, son numerosas las preguntas que el ciudadano del común se hace sobre el hecho.

La primera -la que se hacen sobre todo los militantes del grupo ‘Ahora Sí‘, que promovió la candidatura de Vélez Trujillo – es qué hay detrás de la decisión del ente de control disciplinario, y a ello varios de sus dirigentes responden que lo que existe es una motivación política.

Esto puede tener un tufillo político“, fue la única respuesta que nos dio Coronado Yances sobre el tema; “por prudencia hemos decidido no pronunciarnos aún“, nos advirtió.

Pero hay más preguntas, como las que buscan conocer exactamente qué pudieron haber hecho el entonces alcalde y su secretario general para que el Ministerio Público califique sus conductas en el caso referido como “gravísimas atribuidas a título de culpa gravísima“.

Y lo que ocurrió, en efecto, fue considerado en su momento como grave, o muy grave, por unos abogados, periodistas y otros actores locales.

Y lo sucedido fue que el 20 de octubre de 2014, durante una Asamblea de Aguas de Cartagena – Acuacar- presidida por Vélez Trujillo, se decidió ampliar de 26 a 40 años la concesión a dicha empresa, a pesar de faltar aún más de seis años para que la misma feneciera. Dicha decisión, que se protocolizaría días después en plenas Fiestas de la Independencia, se tomó sin que fuera informada al Concejo ni a ningún otro estamento local ni nacional. Fue, según habría de manifestar el entonces concejal David Múnera Cavadía, “el peor acto de piratería que se ha cometido contra la ciudad en el siglo XXI“.

Como dijera Múnera Cavadía, “no tiene explicación que, faltando seis años para la terminación del contrato, un alcalde al que le faltan escasos nueve meses para terminar su periodo, de manera clandestina proceda a la prórroga del contrato con Acuacar“.

Pero mientras en Cartagena un concejal y otros pocos actores alzaban su voz por la inopinada prórroga del contrato con Acuacar, en Bogotá el exprocurador delegado para la moralidad pública, Fabio Castellanos Herrera, radicaba una queja en la que, además de poner en conocimiento de la PGR varios hechos considerados por él y varios más como abiertamente irregulares, solicitaba la designación de un funcionario especial para que adelantara el debido proceso disciplinario.

Según Castellanos Herrera, la Ley es clara en establecer que para estos casos debió realizarse un proceso licitatorio, previa solicitud de facultades al Concejo. “La anterior conclusión brilla como luz de medio día si se revisa el Acuerdo 05 de 1994”, señala Castellanos en su queja (leer ‘Al tiempo que el Concejo, casi en pleno, respaldó la prórroga del contrato con Acuacar, en la PGN fue interpuesta una queja’).

De acuerdo con lo que Revista Metro ha podido establecer, en el marco del proceso disciplinario que cursa en contra de los dos exfuncionarios distritales, el cual está a cargo de la procuradora delegada para la moralidad pública, Olga Lucía Alfonso Velásquez, podrían ser investigados también los ciudadanos Fernando Domingo Tallarico, John Jairo Montoya Cañas, Henry Laíño López y José Villegas Vélez.

La razón: fueron ellos quienes, además de Dionisio Vélez, aprobaron en sus condiciones de miembros de la Junta Directiva de Acuacar la ampliación de 26 a 40 años la concesión a dicha empresa.

Al ser notificado -como parte que es del proceso – de la decisión de la PGR, Castellanos publicó en su cuenta en Twitter: “la justicia tarda, pero llega. Seguir confiando en la eficacia e imparcialidad de las instituciones es otra forma de hacer paz“.

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