Fiscalía, comprometida a agilizar procesos por supuestas irregularidades en la UdeC

En el año 2014, el entonces jefe de Talento Humano de la Gobernación de Bolívar y hoy director del Instituto de Patrimonio y Cultura de Cartagena, Iván Sanes Pérez, por orden del entonces gobernador Juan Carlos Gossaín, radicó en la Fiscalía Seccional de Cartagena una denuncia por el presunto delito de fraude procesal y falsedad en documento público y privado en contra del ciudadano David López Romero.

De acuerdo con la denuncia, López Romero aportó a un proceso contractual en la Secretaría de Salud del Departamento un diploma de la Fundación Universitaria Antonio Arévalo – Tecnar, pero esta institución negó haber expedido el documento y, en definitiva, era inequívocamente falso. Asimismo, reportó como suya la tarjeta profesional 108118, la cual pertenece en realidad a la abogada Zenith Cabrera y no a él. En consecuencia, también era un documento falso.

Tanto para Gossaín como para Sanes, así como para todos los que tuvieron la oportunidad de conocer dichas pruebas de primera mano, estas eran tan contundentes que era impensable que un fiscal o un juez las desconociera.

Pero ocurrió, como por lo visto ocurre en muchos casos similares, y tanto el entonces mandatario como su jefe de Talento Humano se quedaron esperando que se hiciera justicia.

Finalmente, como la mayoría de los supuestos punibles cometidos por funcionarios o contratistas del Estado, este caso pasaría a acrecentar, aún más, el ya elevado índice de impunidad de los delitos contra la Administración Pública, el cual calculan organizaciones de la sociedad civil como Transparencia Internacional y la Red de Veedurías Ciudadanas de Colombia en cerca del 98%.

Conociendo esa dura realidad y dispuestos a contribuir a que la impunidad no continúe enseñoreándose de las diferentes esferas estatales, sobre todo porque ellos y sus familias son víctimas directas de este flagelo, un grupo de pensionados y jubilados afiliados a la Caja de Previsión Social de la Universidad de Cartagena realizó un plantón frente a las instalaciones de la Fiscalía Seccional de Cartagena, en el barrio Crespo, exigiendo del ente investigador mayor celeridad en la serie de procesos que se abrieron por supuestas irregularidades en el alma máter.

Tras la protesta, la directora seccional de la Fiscalía, Ibeth Hernández Sampayo, hizo pasar a su despacho a una comisión de los pensionados y jubilados, a quienes, después de escucharlos, les prometió que “la semana entrante convocará a todos los fiscales que tienen las denuncias sobre la Caja de Previsión y, en general, las que hemos interpuesto por diversos hechos en la Universidad de Cartagena (UdeC, entre ellos la doctora Dora Cáceres (fiscal 40 seccional) y Laureano Gómez (fiscal 03 seccional) para que se reúnan con la doctora Claudia Ramírez, del Juzgado Séptimo, y saquen esos casos lo más pronto posible“, de acuerdo con una declaración del presidente de la Asociación Sindical de Profesores Universitarios -Aspu-, William Pérez Cantillo.

Según Pérez Cantillo, los fiscales Cáceres y Gómez tienen bajo su responsabilidad varios de los procesos que se siguen por supuestas irregularidades en la UdeC., y su satisfacción es porque “quedó el compromiso de que tanto ellos como los demás fiscales que tengan casos similares les impriman la debida celeridad“.

El objetivo de nosotros era que se nos escuchara”, señaló el dirigente sindical; “y que, producto del diálogo que sostuviéramos, la Fiscalía se comprometiera a adelantar los procesos para que se haga justicia“.

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