Decisiones contundentes

Por Rafael Vergara Navarro *

Defender el ambiente, pararse firme con viento en contra, asumir riesgos, es una necesidad inaplazable. La crisis climática y el desborde obligan a hacerlo.

La institucionalidad es una coraza para que quien ejerce autoridad se empodere, regule y exija el acatamiento de las normas, o use la fuerza pública para enfrentar, detener y sancionar los daños y afectaciones al ecosistema, como la ley lo ordena.

La deficiencia en el cuidado del Patrimonio Natural y del ambiente es consecuencia de que la cultura ciudadana e institucional subvalora que la participación protectora es un deber individual y acción social virtuosa. Siendo de orden público las denuncias, redención y sanciones son pocas.

El primer objetivo de la política ambiental es proteger y que la autoridad sancione, recupere, reconstruya, desactive la repetición insoportable y ofensiva del delito y/o la contravención; que derrote la indiferencia, comodidad, complicidades, el egoísmo o el miedo.

El gran reto estratégico es doblegar, detener y reducir el capitalismo salvaje y la informalidad del poblamiento caótico, riesgoso, delictual, y la desigualdad social que no cede.

Contundente enfrentar la ignorancia, soberbia, injusticia, el prevaricato y la (in)cultura ambiental multiestrato que agrede la conciencia de sostenibilidad como valor ético.

Pienso en el empresario que se informatiza para ‘ahorrar’ y a sabiendas del daño vende el escombro, o corrompe para contaminar y no minimizar el impacto en las aguas de uso común.

Duele que la contaminación de la Bahía persista y que pese a los controles y la fundación Mamonal, se evidencie que algunos incumplen las metas de mitigación. Vivimos con invasiones que no se ven y olores ofensivos que no huelen.

Ante lo que sucede en toda la zona costera, creceremos si somos contundentes en el accionar y, aún más, si frenamos la suicida desecación de ciénagas y deforestación en los Parques Naturales y la Amazonía.

No es posible seguir sin una decisión estatal de restituir los bienes de uso público, preservar el bosque y superar el garantismo que favorece al delincuente. No más escrituras de ‘posesión’ o prescripciones de lo imprescriptible. Sin justicia ambiental y mano dura es imposible defender los ecosistemas.

Urge vencer la impunidad que socializó el delito. Ejecutar las sentencias y detener los rellenos del mar con concesiones a puerta cerrada.

Todas las ramas del poder público tienen que encarar este pasado acumulado y en el presente corregir el rumbo para tener un futuro digno y sostenible.

La Procuraduría cobijando el clamor ciudadano, presentó acciones populares y comprometió a los entes nacionales y al Distrito a superar nuestro caos funcional, de allí la exigencia de acciones al Ecobloque y metas medibles.

Aunque el Gobierno considera como logro que la deforestación sea de 880 mil hectáreas en estos cuatro años, el Ministerio Público liderará aquí una cumbre de los poderes públicos que legitime y optimice procederes para proteger con rigor “el agua, la biodiversidad y el ambiente valorados de interés nacional principal”.

* Abogado, ambientalista y gestor de Paz

 

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