Abogados califican de ‘lógico’ rechazo del Consejo de Estado a pretensión del CNE

Luego de que el Consejo de Estado -CdeE – rechazara la pretensión del Consejo Nacional Electoral -CNE – de que la apelación contra la suspensión del acto de elección de Antonio Quinto Guerra Varela fuera trasladada de la Sección Quinta a la Sala Plena del Alto Tribunal para su consideración, los análisis tanto políticos como jurídicos del hecho no se hicieron esperar.

Uno de los primeros en expresar de manera pública su criterio fue el expersonero y exprocurador delegado para la Moralidad Administrativa Fabio Castellanos Herrera, quien en vísperas de las pasadas elecciones, cuando el procurador Fernando Carrillo Flórez conceptuó que Guerra Varela estaba inhabilitado para aspirar a la Alcaldía de Cartagena, advirtió que el Partido Conservador debía abstenerse de avalar a su entonces precandidato.

En esta oportunidad, al conocer la nueva batalla ganada por Carrillo Flórez, Castellanos Herrera publicó en su cuenta en Twitter: “Posición de Sección Quinta es coherente, igual que la de @PGN_COL. No cualquier divergencia puede llevarse a sala plena del @consejodeestado. Para mí este caso está cerrado y fallado. Hay pasar la página y dejar que la @AlcaldiaCTG siga recuperando estabilidad. Ya el @soyconservador responderá”.

Otros conocidos abogados, ambos expertos en temas constitucionales y electorales, como Javier Doria Arrieta y Milton Pereira Blanco, también opinaron sobre la nueva decisión del CdeE en el caso de Quinto Guerra.

“Fue una decisión lógica”: Doria Arrieta

En diálogo con Revista Metro, Doria Arrieta señaló, inicialmente, que “la decisión tomada por la Sección Quinta del Consejo de Estado (CdeE), dentro del proceso de nulidad electoral adelantado contra Antonio Quinto Guerra, es una decisión de carácter básicamente procedimental“.

Por un lado“, dijo, haber rechazado el recurso de reposición presentado por el Consejo Nacional Electoral (CNE) contra la decisión de admitir el recurso de apelación es una decisión “absolutamente lógica, ya que hay una norma: el Artículo 292 del CPACA (Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo ), que indica expresamente que contra el auto que admite un recurso de apelación no procede recurso alguno; y por ello no había una opción distinta para el ponente, el magistrado Alberto Yepes Barreiro, que rechazar esa improcedente petición del CNE“.

Y sobre la decisión de rechazar la solicitud de la Procuraduría de devolver el proceso a Cartagena para que se determinara de los dos procesos acumulados cuál era el proceso principal, el abogado conceptuó que “también se encuentra ajustado a Derecho, ya que no es necesario que se diga cuál de los dos procesos es el principal ya que los dos procesos están acumulados y por ello deben tramitarse como una sola causa“.

Otra parte importante es que el CdeE negó la pretensión de que el proceso fuera conocido desde ya por la Sala Plena y no por la Sección Quinta de la corporación, pero no se dijo que esta solicitud no fuera procedente sino que en este momento no era posible hacer un pronunciamiento con respecto a ello y, en consecuencia, se aplaza la decisión sobre ese traslado a la Sala Plena para el momento en que el proceso esté listo para dictar un fallo, y ese momento procesal va a ser después de que sean presentadas las alegaciones finales. Será entonces, y no ahora, cuando se proceda a determinar si ese fallo lo tome la Sección Quinta o la Sala Plena“, señaló.

“Petición del CNE era improcedente”: Pereira Blanco

Para Milton Pereira, “el Auto de 28 de febrero de 2019 expedido por el magistrado Alberto Yepes, como ponente del proceso de nulidad de elección de Antonio Quinto Guerra, elegido como alcalde de Cartagena, no es definitivo para que la Sala Plena del Consejo de Estado conozca por importancia jurídica el proceso contencioso administrativo, por cuanto lo que únicamente se aclaró es que esa etapa del proceso no es el momento procesal para emitir dicho pronunciamiento“.

En concepto de Pereira, lo que ello quiere decir es que “que agotada la etapa de alegatos en segunda instancia, la Sala Plena del Consejo de Estado se pronunciará de acuerdo a lo señalado en el Artículo 271 de la Ley 1437 de 2011 sobre si asume el conocimiento del caso y procede a unificar la jurisprudencia respecto a si la conducta prohibida en la inhabilidad de celebración de contratos podía extenderse a los actos de ejecución del negocio jurídico“.

Según el jurista, dicha norma “señala de manera clara que por razones de importancia jurídica, trascendencia económica o social o necesidad de sentar jurisprudencia, que ameriten la expedición de una sentencia de unificación jurisprudencial, el Consejo de Estado podrá asumir conocimiento de los asuntos pendientes de fallo, de oficio o a solicitud de parte, o por remisión de las secciones o subsecciones o de los tribunales, o a petición del Ministerio Público”.

La decisión de que trata el Auto de 28 de febrero de 2019 se enmarca únicamente en rechazar el recurso de apelación presentado por el CNE, que dentro del proceso de nulidad electoral se rige por reglas especiales a las que aplican al proceso ordinario, el cual a todas luces era improcedente, teniendo en cuenta que según el Artículo 292 de la Ley 1437 de 2011 el auto que admite la apelación no es recurrible“, expresó Pereira.

Contexto:

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