Buscan que quien formule el Pemp de fortificaciones sea el Distrito y no Mincultura

Mediante una demanda de nulidad simple contra el Ministerio de Cultura -Mincultura, instaurada ante la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, dos ciudadanos cartageneros buscan que la formulación del Plan Especial de Manejo y Protección –Pemp – del Centro Histórico, el cordón amurallado y el Castillo de San Felipe de Barajas sea competencia del Distrito de Cartagena y no del Gobierno Nacional a través de Mincultura.
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De acuerdo con los demandantes: los abogados Milton Pereira Blanco y Emilio Molina Barboza, la Resolución 1560 de 2018 trata erróneamente a las murallas y el Castillo de San Felipe, por su estructura militar, como un grupo arquitectónico distinto al Centro Histórico de Cartagena, propiciando que el Pemp sea formulado directamente por Mincultura, cuando “la Ley es clara en determinar que el Centro y los baluartes que lo circundan, declarados monumentos nacionales, hoy Bienes de Interés Cultural –BIC-, constituyen una unidad de la cual hacen parte tanto el Centro y las estructuras militares, civiles, institucionales y religiosas que hacen parte integral de este conjunto, son unidades indivisibles y no se pueden fraccionar“, como señaló a Revista Metro Milton Pereira, uno de los demandantes.
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En concepto de Pereira Blanco y Molina Barboza, la norma demandada viola la Ley 163 de 1959, que declara en su artículo 4, como monumentos nacionales, los sectores antiguos de Tunja, Cartagena, Mompox y Popayán, entre otros, y en su parágrafo establece de forma explícita que “para los efectos de la presente Ley se entenderá por sectores antiguos” de las citadas ciudades “las calles, plazas, plazoletas, murallas, inmuebles, incluidos casas y construcciones históricas, en los ejidos, inmuebles, etc., incluidos en el perímetro que tenían estas poblaciones durante los siglos XVI, XVII y XVIII“.
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En diálogo con este portal, Pereira expresó que “el Consejo de Estado deberá establecer si, como lo dice la Ley, el Centro Histórico y las murallas son para efectos patrimoniales un solo bien, caso en el cual se entendería que es un bien del grupo urbano, lo implica a su vez la formulación del respectivo Pemp sería competencia del Distrito y no del Ministerio“.
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Milton Pereira Blanco y Emilio Molina Barboza

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En su escrito al alto tribunal, Pereira y Molina argumentaron también -como fundamento de su demanda de nulidad – que “la cuestionada norma habla de arrendamiento del cordón amurallado, lo cual a nosotros nos preocupa ya que estos bienes tienen carácter de imprescriptibles e inalienables, y en consecuencia creemos que el arriendo no es la figura de gestión contractual adecuada para los bienes de uso público“.
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En su concepto, dijo, “el arriendo implica una apropiación, uso o goce de un espacio a cambio de un canon; consideramos que podría usarse la figura de la concesión pero no la del arriendo“.
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Otro de los cuestionamientos que hacemos a la Resolución 1560 de 2018“, agregó Pereira, “es que el Ministerio delegue en un administrador la expedición del manual de operaciones para la administración de los bienes patrimoniales, es decir se le daría a un particular la facultad de señalar cómo se va a manejar el cordón amurallado“.
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Nos inquieta también“, indicó, “que los llamados corredores culturales sean fijados por un operador particular, cuando ello, que es prácticamente un tema de ordenamiento cultural, debe ser determinado es por la autoridad de cultura“.
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A los demandantes les preocupa también -y es uno de los fundamentos en que basan su demanda de nulidad – que se indique en la cuestionada resolución que “solo se puedan comercializar dentro de la muralla productos de origen nacional, lo que hace que se desmotive un sector económico que hace inversiones, que paga sus tributos para vender productos de origen extranjero, los que normativamente tienen el carácter nacional; nosotros creemos que esa disposición del Ministerio es abiertamente inconstitucional“.
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