Bandideces a vencer

Por Rafael Vergara Navarro *

Ahora que por fin lo ambiental se considerará de seguridad nacional, esta ecografía de lo que sucede exige al Ecobloque acción. El sintetizado relato es de un comunero que confió su acusación a la Procuraduría.

 “Se denuncia que en Villagloria están realizando rellenos en espacios que le han ganado al mangle talado. Se suministran los nombres de Francisco Galera que hace parte de la comunidad y actúa a nombre de un socio en Bogotá de nombre ‘Hernando’; en Cardique existe un proceso del 2.000 Isla el Vergel, representante Jorge Jaramillo.  Galera dice que esos terrenos son de la Isla y rellena y construyó casa de material.

Se denuncia que llaman a la Policía pero atienden llamadas que Galera hace a su patrón, no se sabe qué les dice pero no hacen nada y por el contrario ayudan a que entren los camiones”.

Vale recordar que en 2017 el Consejo de Estado falló la apelación de la sentencia en la que el Tribunal Administrativo ordenó en 2014 reubicar las 551 viviendas, 660 familias y 2.303 pobladores de Marlinda y Villagloria.

Sin propuesta de reubicación de la Alcaldía ni presupuesto, hoy son más porque el loteo y la venta de la zona de bajamar ha continuado.

Sin límites, irrespetan autoridad, justicia y razón. Indígnese: “También rellena Nicolás Gómez y vende lotes en Marlinda y Villagloria, ofrecen hasta ventas por cuotas. Este señor es de la comunidad. Se informa que en la boca ‘Cana mosquito’, divisoria de Marlinda y Villagloria, han loteado y vendido y esto es un riesgo pues cuando sube la marea ese sector se inunda”.

Es zona de intercambio mareal. En invierno o con tormentas crece el alto riesgo y con el aumento del mar la tragedia será inevitable.

Pero eso no les importa. “También Dixon Camacho de la comunidad taló y loteó dos o tres hectáreas en Marlinda. Ana Gregoria también ofrece lotes para la venta. Cualquiera que quiera comprar pregunta por ellos y se los ofrecen en efectivo o a crédito. Estas personas atemorizan a la población (…)”

Se denuncia que en Marlinda particulares compran a los nativos los mejores lotes al frente de la playa (1°, 2a y 3a calle) y después que se gastan el dinero que les dan rellenan atrás para conseguir un lugar para vivir”.

Y va la perla: “Se denuncia que la representante legal del Consejo Comunitario de Marlinda negocia con terrenos que conforman el Consejo; les dice a los compradores que son tierras privadas que pertenecen a la hacienda de los Paz y cobra por unos supuestos gastos notariales y registrales (sic) para legalizar las ventas ilícitas que hace en terrenos de bajamar, entre $1.000.000 y $5.000.000. Los inversionistas privados le tienen prohibido a esta señora asistir a las diligencias sobre el cumplimiento del Consejo de Estado que ordena devolver las zonas de bajamar ocupadas”.

Ella, acompañada de ‘propietarios’ incluso extranjeros, tuteló sin éxito la sentencia.

* Abogado, ambientalista y gestor de Paz

 

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