Decisiones sobre el Aquarela, la ocasión para evitar más esguinces a la Ley

Definitivamente, todo indica que “el destino inexorable del edificio Aquarela es su demolición“, como advirtió tajantemente el Procurador General de la Nación, Fernando Carrillo Flórez.

Y es que, si lo que se busca es “cumplir con la legalidad“, como lo indicó sin titubeos el representante del Ministerio Público, “el edificio debe ser demolido“.

Así lo conceptuó también el alcalde encargado de Cartagena, Pedrito Pereira Caballero, quien resaltó que su “compromiso es restituir el espacio público que le cogieron al Distrito por los mecanismos que indica la Ley” y, para hacerlo, es claro que debe procederse a la demolición de la torre, ya que “sería un peligro únicamente restituir y que pueda venirse abajo el edificio“.

Asimismo, es el criterio del Ministerio de Cultura, para cuya División de Patrimonio no hay duda de que las torres proyectadas generarían “un cambio severo e irreversible” al entorno del Castillo de San Felipe de Barajas, lo que podría causar que Cartagena pierda su invaluable título de Patrimonio de la Humanidad.

Y es lo que piensan veedores e integrantes de varios colectivos ciudadanos, para quienes el licenciamiento del Aquarela violó flagrantemente el Plan de Ordenamiento Territorial –POT – de Cartagena, ya que esta norma establece de manera explícita que en el sector donde se erigió la cuestionada torre se permite únicamente construir edificios de hasta cuatro pisos.

La posición de los constructores

Quienes, claro está, no piensan lo mismo son los constructores del Aquarela, entre ellos los empresarios antioqueños Lucas Tamayo Giraldo y Claudio Restrepo Gutiérrez, como tampoco el curador urbano número uno, Ronald Llamas Bustos, quien entre los años 2015 y 2017 expidió cinco licencias para la construcción de sendas torres de 30 pisos cada una.

A los tres, como se sabe, la Fiscalía General de la Nación les acaba de presentar sendos escritos de acusación. A los dos constructores los acusa de los delitos de urbanización ilegal y daño en los recursos naturales, mientras que al curador lo sindica de los delitos de prevaricato por acción y urbanización ilegal (leer ‘Fiscalía presentó escrito de acusación en caso Aquarela‘).

El concepto del gremio de los constructores

Tampoco están de acuerdo con que el Aquarela sea demolido los directivos de la Cámara Colombiana de la Construcción –Camacol.

De hecho, para el gremio de la construcción, las licencias del proyecto urbanístico fueron expedidas de manera legal y en debida forma.

En febrero de 2018, la presidenta ejecutiva nacional de Camacol, Sandra Forero Ramírez, lamentó la situación de los “hogares que tomaron la decisión de invertir en proyectos formales, con los permisos y autorizaciones exigidos por la ley, y que hoy, por actuaciones negligentes del Estado, se enfrentan a una situación de incertidumbre” (leer ‘¡SOS por la seguridad jurídica!‘).

Y en marzo del mismo mes, durante una asamblea de Camacol, Forero Ramírez afirmó que el edificio Aquarela debe mantenerse en pie, ya que se debe proteger la inversión de los constructores y compradores (leer ‘Camacol pide ‘honrar’ licencia del edificio Aquarela en Cartagena‘).

De igual forma -claro está – los dirigentes gremiales de Cartagena y Bolívar defienden también a los constructores.

La gerente de Camacol seccional Bolívar, Angélica Salas Salas, refiriéndose al cuestionado proyecto, manifestó que “la actividad edificadora en Cartagena se encuentra en vilo a pesar de que los constructores formales, siguiendo al pie de la letra los requisitos legales vigentes, la confianza legítima y la presunción de legalidad de las normas vigentes, estructuran un proyecto, solicitan y obtienen todas las autorizaciones y permisos que la Ley exige, venden el proyecto e inician su ejecución, para luego verse enfrentados a una suspensión que desconoce los permisos que las autoridades competentes han otorgado” (leer ‘Caso Aquarela amenazaría la estabilidad de los proyectos VIS que están en proceso‘).

Para Salas Salas, el hecho podría ser más grave aún, ya que, según dijo, “los proyectos de vivienda de interés social que se desarrollan en Cartagena podrían quedar sin sustento jurídico tras las acciones que tomó el MinCultura y la Procuraduría contra el edificio Aquarela” (leer ‘Camacol Bolívar advierte que los cartageneros se quedarían sin vivienda de interés social por incertidumbre administrativa‘).

“Ojalá este caso sirva para que se aclaren las cosas”: El Ojo que Grita 

Sobre la posición de Camacol, el director de la corporación ‘El Ojo que Grita’, Mario Salvador Andrade, señaló que “el Aquarela, así como otros casos que han mencionado los medios, como el Portanova que se construye en la Zona Norte de Cartagena, deberían servir para que las autoridades determinen si son realmente proyectos de Vivienda de Interés Social; nosotros creemos que no“.

Ojalá averiguaran“, señaló el veedor ciudadano, “si ninguno de los compradores tiene otras propiedades; si cumplieron el requisito de unos ingresos máximos; e -igualmente – si los precios de los apartamentos cumplieron los topes establecidos; ojalá averiguaran“.

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