Sí, a demoler el Aquarela, pero, ¿para cuándo el establecimiento de responsabilidades?

Para el Procurador General de la Nación, Fernando Carrillo Flórez, en el caso del edificio Aquarela -definitivamente – no hay tutía.

El destino inexorable del edificio Aquarela es su demolición si queremos cumplir con la legalidad“, advirtió tajantemente el representante del Ministerio Público. “El edificio debe ser demolido“, sentenció.

En similar sentido ya se había pronunciado el alcalde encargado de Cartagena, Pedrito Pereira Caballero, cuando señaló que los propietarios del Aquarela estaban obligados -sí o sí – a restituir un espacio público del cual se habían apropiado, según determinación de un juez que fue ratificada en segunda y definitiva instancia, por lo cual lo único que cabe, a futuro, es la demolición de la torre construida.

Hoy lo que está vigente y ejecutoriada es una medida de la Alcaldía de Cartagena que obliga a los constructores a restituir el espacio público, independientemente de cualquier decisión judicial“, manifestó el mandatario.

Las decisiones judiciales, el pronunciamiento del alcalde y la advertencia del procurador van en la misma vía de la petición que han venido haciendo los últimos titulares del Ministerio de Cultura, para quienes es claro que la grave afectación que el proyecto urbanístico le causa al Castillo de San Felipe obliga a demoler la torre construida y evitar que las otras que se proyectan comiencen a levantarse.

Por ello, el paso siguiente para las autoridades y -particularmente – para los órganos de control es el establecimiento de las responsabilidades de los servidores públicos que directa o indirectamente intervinieron en el correspondiente proceso de licenciamiento y los que en su debido momento debieron advertir que a escasos metros del emblemático bien patrimonial no podía erigirse una mole de concreto como la que terminó construyéndose.

Como se recordará, la lupa de la Procuraduría ya está puesta en la exsecretaria de Planeación de Cartagena, Dolly González Espinosa, a quien le abrió un juicio disciplinario por haber expedido una circular modificando -según el órgano de control – el Plan de Ordenamiento Territorial -POT – del Distrito, lo que dio vía libre a la expedición de las licencias para la construcción del proyecto habitacional (leer ‘Exsecretaria de Planeación del Distrito, a juicio disciplinario por caso Aquarela‘).

Y -claro está – los ojos del Ministerio Público también están puestos sobre el curador urbano número 1, Ronald Llamas Bustos, y sobre el director de la División de Patrimonio Cultural del Instituto de Patrimonio y Cultura de Cartagena -Ipcc-, Alfonso Rafael Cabrera Cruz, así como sobre el exgerente encargado del Fondo de Vivienda de Interés Social y Reforma Urbana del Distrito -Corvivienda-, Luis Alberto Vélez Carrasquilla.

Lo que busca la Procuraduría, en primera instancia, es establecer la legalidad o no de las licencias y demás actos administrativos que permitieron la construcción de la suspendida torre del Aquarela.

Pero también busca determinar, de acuerdo con lo que Revista Metro ha podido establecer, qué tanta responsabilidad tienen otros funcionarios y, en general, servidores públicos (tanto del Ministerio de Cultura, del Ipcc, de la Alcaldía de Cartagena y de la propia Curaduría Urbana), ante cuyos ojos se construyó un edificio que atentaba contra la condición de Patrimonio Cultural de la Humanidad de la Ciudad Heroica sin que hicieran absolutamente nada para impedirlo.

Lo que se indaga 

De acuerdo con fuentes de este portal, la Procuraduría busca establecer la responsabilidad de los servidores públicos de la Administración de Dionisio Vélez Trujillo que participaron en la expedición de la Circular 10 de diciembre de 2013 que al parecer habría modificado el POT.

Asimismo, se evalúa la eventual responsabilidad de los funcionarios del Ministerio de Cultura y otras entidades que guardaron silencio cuando el 20 de abril del 2016 el Ipcc les elevó una consulta sobre la potencial afectación patrimonial del proyecto Aquarela, el cual, para la época, ya contaba con licencia pero aún no se había iniciado la construcción.

Y se busca determinar -de igual manera – si pudo haber algún tipo de omisión por parte del curador urbano Ronald Llamas, ya que este, como advirtió la veeduría ciudadana Transparencia Caribe, “sospechosamente solo habla de la posibilidad de que por ser viviendas de interés social la altura no sea un inconveniente pues, según dice, este tipo de proyectos pueden superar el número de pisos establecido en el POT, pero calla lo principal, y es que la aclaración de la Secretaría de Planeación fue sobre todo para lo concerniente a las áreas de cesión, y en eso fue clara la Administración en advertir que los proyectos multifamiliares deberán ceder a título gratuito al Distrito el 40% del área bruta del terreno, algo que el señor Llamas se pasó por la faja” (leer ‘Denuncian que Curador No. 1 acomodó a favor de constructores aclaración de Planeación‘).

¿Y la Fiscalía?

Otros hechos deberán establecer también los entes de control en el marco de este caso.

Uno de ellos: el hecho de que esté establecido que los edificios con altura mayor o igual a 28 metros requieren como mínimo dos escaleras con puerta de salida, y que las salidas/escaleras de cada piso deben separarse, entre sí, como mínimo a una distancia de un medio de la diagonal mayor del piso a evacuar, y que en el piso, a nivel de la calle, una de las escaleras debe descargar directamente al exterior, y al parecer ello no se cumplió en el caso de la torre suspendida.

Y otro es que, aunque “el proyecto fue concebido como Viviendas de Interés Social –VIS-, es decir, que debió venderse como tal, lo cierto es que muchos de los propietarios no corresponden a este concepto, es decir tienen ingresos muy por encima al establecido para estas viviendas, y además tienen otras propiedades, y a eso súmele que los precios de los apartamentos, al parecer, estuvieron muy por encima de los que corresponden a las VIS“, como señaló el director de la corporación ‘El Ojo que Grita’, Mario Salvador Andrade, para quien “es un caso que debería investigar también la Fiscalía“.

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