Los logros de la Procuraduría Provincial de Cartagena

 
Durante la rendición de cuentas de sus primeros dos años de administración, llevada a cabo a un lado del monumento a la India Catalina, en Cartagena, el procurador general de la Nación, Fernando Carrillo Flórez, dijo tres frases que, entre varias otras, serían objeto de análisis y comentarios en las redes, foros virtuales y entre varios grupos de contertulios.
 
El representante del Ministerio Público manifestó que parte de su gestión la ha encaminado a tratar de recuperar la confianza, pero que esta “no se gana con palabras sino con acciones enérgicas contra la corrupción y en favor de los derechos de los ciudadanos“. 

Advirtió -igualmente – que para la entidad a su cargo “no hay intocables en la lucha contra la corrupción“.

Y aseguró -asimismo – que “defender el interés público, el derecho a la salud y la moralidad pública ha sido una prioridad en la Procuraduría” (leer ‘“La confianza no se gana con palabras sino con acciones contra la corrupción”: Carrillo‘).

Y aunque, en todo caso, era claro que las referencias de Carrillo Flórez eran a todo el territorio nacional y no solo a una ciudad en particular, ya que su intervención podía ser escuchada en vivo y en directo en todo el país gracias a que fue transmitida vía Streaming y a través de Facebook live, lo que muchos habrían de comparar es qué tanto de lo dicho en su informe correspondía con las acciones desplegadas en sus respectivas entidades territoriales.

Para el caso de Cartagena, algunos habrían de preguntarse, y responderse, cuáles fueron esas “acciones enérgicas contra la corrupción” que deberían llevar a que el ciudadano vuelva a creer en el ente de control. Si, en efecto, las irregularidades más sonadas y visibles cometidas en los últimos años en la ciudad han sido esclarecidas, como para decir que aquí “no hay intocables en la lucha contra la corrupción“. Y si ello, en fin, se traduce en unos resultados que permitan concluir en que para la Procuraduría, a nivel local, “defender la moralidad pública ha sido una prioridad“.

Con el fin de obtener sus propias respuestas, Revista Metro recurrió a su archivo digital, a recortes de prensa de los últimos dos años y a varias fuentes humanas, dos de ellas de la misma Procuraduría Provincial de Cartagena.

Y ante la extensa lista de procesos disciplinarios que han pasado por el despacho del procurador provincial, Guidobaldo Flórez Restrepo, compilamos, para el análisis de nuestros lectores, varios de los casos más sonados. 

Algunas de las sanciones impuestas:

La sanción al exalcalde de la Localidad Histórica y del Caribe Norte, Mauricio Betancourt Cardona, y al exgerente de la Empresa de Desarrollo Urbano de Bolívar – Edurbe-, Augusto Mainero Román, por “participar en la actividad contractual con desconocimiento de los principios contractuales de responsabilidad, economía, y el principio de eficacia que rige la función administrativa“, consistente en destitución del cargo e inhabilidad para el ejercicio de función pública por el término de 15 años, el primero, y en destitución del cargo e inhabilidad para el ejercicio de función pública por el término de 17 años, el segundo.

La destitución a la alcaldesa de Arroyohondo, Yecenia Iriarte Ospino, por el término de 12 años e inhabilidad general por el mismo término, por haberse posesionado a pesar de encontrarse inhabilitada para ostentar el cargo.

La suspensión por el término de cuatro meses al exalcalde de Santa Catalina, Jesús Levin Betts Contreras, por incumplir su deber de presentar oportunamente al Concejo Municipal el proyecto de presupuesto anual de rentas y gastos del municipio.

La sanción a los docentes Manuel Cásseres Padilla y Eugenio González Martínez, de destitución por el término de 12 años e inhabilidad por el mismo término al primero, y de destitución por el término de diez 10 años e inhabilidad general por el mismo término al segundo, por haber suministrado documento con contenido contrario a la realidad.

La destitución del cargo e inhabilidad por el término de 14 años al exalcalde de San Cristóbal, Fredys Jiménez Torres, y la destitución del cargo e inhabilidad por el término de 11 años al exsecretario de Planeación del mismo municipio, Ariel Camargo Baldiris, por haber realizado una contratación directa “pese a que debía acudir a licitación pública o contratación abreviada” el primero y “por haber suscrito los estudios previos recomendando la contratación directa” el segundo.

La suspensión por el término de cuatro meses al alcalde de Turbana, Senén Cantillo Paternina, por haber violado la Ley de Género, al no designar en la conformación de su gabinete, en el año 2016, un mínimo de 30% de cargos decisorios para mujeres.

La destitución del cargo e inhabilidad para el ejercicio de cualquier cargo público por el término de trece años al exsecretario general de la Alcaldía de Cartagena, Felipe Merlano de la Ossa, por celebrar un contrato con una entidad sin ánimo de lucro sin que al parecer se dieran los presupuestos establecidos para este tipo excepcional de contratación.

La destitución del cargo e inhabilidad para el ejercicio de cualquier cargo público por el término de 11 años al docente Libardo Sánchez Vásquez por haber trasgredido el principio de moralidad de la función administrativa al suministrar documentación cuyo contenido no corresponde a la realidad al presentar una solicitud de contrato.

La destitución del cargo e inhabilidad para el ejercicio de cualquier cargo público por el término de 15 años a la docente Hemelina Carmona Fuentes por haber trasgredido el principio de moralidad de la función administrativa, al suministrar documentación cuyo contenido no corresponde a la realidad al presentar una solicitud ante la Secretaría de Educación de Cartagena para conseguir un ascenso en la carrera administrativa docente.

La sanción a Amaury Lora Márquez, exalcalde de la Localidad Histórica y del Caribe Norte, y a Antonio Flórez Garizabal, exsecretario de Infraestructura del Distrito de Cartagena, con destitución de sus cargos e inhabilidad de 12 y 15 años, respectivamente, por haber presuntamente violado los principios de la contratación estatal por pagar anticipadamente el 100% de los recursos del convenio suscrito, no haber realizado control alguno de la inversión y, sin embargo, haber permitido que las obras quedaran inconclusas.

La suspensión por el término de tres meses al exalcalde San Estanislao de Kostka, Róger Suárez Almeida, por no realizar el proceso de empalme sobre los asuntos a su cargo, incumpliendo el deber señalado en la Ley 951 de 2005.

La destitución del cargo e inhabilidad para el ejercicio de cualquier cargo público por el término de 12 años al docente Wilfredo Mendoza Cárdenas, por haber aportado documento falso para conseguir ascenso en carrera administrativa docente.

Suspensión por el término de seis meses y 15 días al exalcalde de Turbaco Myron Martínez Ramos por haber obrado de manera negligente al adjudicar un contrato confiando en la evaluación realizada por su entonces secretario de Planeación, por lo cual no se observó el cuidado necesario

La destitución del cargo e inhabilidad para el ejercicio de cualquier cargo público por el término de 12 y 10 años, respectivamente, a las docentes Sandra Atencio Mercado y María Montes Florián, por haber presuntamente suministrado documentación falsa con el fin de lograr un ascenso la primera e inscribirse como docente la segunda.

Lo que falta

De acuerdo con lo que se pudo establecer, la Procuraduría Provincial de Cartagena trabaja, paralelamente, en la prevención de procesos contractuales en sectores neurálgicos de la Administración, como la Educación y la Salud, al tiempo que -entre otros – se cursan procesos disciplinarios por casos relacionados con Edurbe y con el sonado empréstito que por $250 mil millones realizó el exalcalde Dionisio Vélez Trujillo y, sobre todo, con el desarrollo de las obras ejecutadas con dichos recursos, muchas de las cuales aún no se han culminado a pesar de haberse pagado el 100% de sus costos o, peor aún, se terminaron pero ya se encuentran en franco deterioro.

 

Contexto:

1 Comment

  1. Rafael Antonio Camacho Castillo dice:

    Hola bsts esas destituciones e inhabilidades a los funcionarios mencionados por la Procuraduría Provincial han sido por delitos que en términos económicos han costado dineros del erario público? Han sido devueltos ? En términos prácticos cómo resarcirle a el Distrito estos daños tan grandes? Están presos en carceles? Están libres por vencimiento de términos? Seamos serios a que estamos jugando? Sigue la mamadera de gallo, que dicen los gremios? Atte RCamachoC

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