Pienso, luego insisto

Por Rafael Vergara Navarro *

Cuando por alto riesgo y depredación del ecosistema presentamos con David Sandoval la acción popular que sentenció reubicar Marlinda y Villagloria, solicitamos también que la Justicia ordenara ejercer autoridad e impusiera acciones de protección del Territorio agredido.

Y dijimos: si hay depredación, caos ambiental e ilegalidad en la Ciénaga de la Virgen y Juan Polo –y en las demás del país-, el interés colectivo obliga a que el Estado central asuma su responsabilidad e imponga un alto. Tiempo perdido; no lo logramos del todo.

Se valoraron daños ecológicos y riesgos, y probamos que su causa, además de la invasión, era y es la tolerancia, complicidades y desprotección de la zona de bajamar.

Insistimos en que respetar la soberanía exige defender la integridad territorial, obligación esencial del presidente de la República como comandante en jefe de las Fuerzas Armadas y garante del cuidado del Patrimonio Natural de la Nación: Parques Naturales, arrecifes coralinos, bosques y manglares, cuerpos de agua, servicios ambientales que proveen seguridad alimentaria y climática. La sentencia no vinculó a la Presidencia ni a la Fiscalía.

Por eso y para poder derrotar el delito continuado y la debilidad institucional, pido hoy al procurador general que agencie ante el presidente la creación de una unidad militar especializada que, con la Fiscalía, persiga y desactive las asociaciones delictivas aquí y en todo el país. Es claro que solo con Ecobloques podrá reestablecerse el imperio de la ley y la sensatez ambiental.

No da espera hacer inteligencia, identificar y detener el ‘cartel del relleno’ o la deforestación, desactivar la impunidad y la red de complicidades en el cambio del uso del suelo y la ilegal apropiación del capital natural.

Cero impunidad: no más corrupción activa y pasiva ni delito socializado y excusado. Si persisten como derecho las ‘escrituras de posesión’, sabaleras y construcciones ilegales, prescripciones y los procesos que dan garantías al agresor, será imposible derrotar los delitos ambientales. Defender la integridad territorial exige cambiar esquemas inocuos, vencer la ineficacia del ‘estado eunuco’.

El fiscal tiene que ordenar que de oficio el Cuerpo Técnico de Investigación -CTI – de la Fiscalía investigue y desarticule conciertos para delinquir, invasiones que talan, cambian el uso del suelo y negocian el ‘lote’, es decir, el delito consentido. Flagrancia no es solo talar, es la presencia del invasor en el bien imprescriptible, inembargable e intransferible.

Requerimos que el presidente como Jefe de Estado presida una cumbre con las Cortes, los entes de control, la Fiscalía, las Fuerzas Militares y de Policía, la Dirección Marítima -Dimar-, el Ministerio de Ambiente y los entes ambientales, los alcaldes y los gobernadores y la Superintendencia de Notariado y Registro, y que en defensa del patrimonio natural se revisen valoraciones y procedimientos que conduzcan a aplicar con decisión y rigor la Constitución y la Ley.

Las normas ambientales son de orden público y no podrán ser objeto de transacción o renuncia a su aplicación por las autoridades o por los particulares”: Artículo 107 de la Ley 99/93. Sin sanción no hay solución.

* Abogado, ambientalista y gestor de Paz

 

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