El asunto sigue siendo la tierra

Por Danilo Contreras Guzmán *

He meditado esta hipótesis en los últimos años: el mundo de la ciudad, de esta, de Cartagena, por lo que puedo testimoniar, constituye una dimensión distinta y alejada de la ruralidad, pese a que muchas circunstancias materiales conectan esas dos esferas. A los cartageneros le importa poco o nada lo que acaece en los campos y esa tara ha tenido implicaciones históricas calamitosas, según he ido comprendiendo, no solo en nuestra región, sino en el país todo.

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En otra nota, a efectos de argumentar esta idea, recordaba cómo en una conversación que sostenían, hace ya varios meses, el gobernador Dumek Turbay, quien es natural de El Carmen de Bolívar, y la lideresa montemariana Soraya Bayuelo, se quejaban de que en los momentos más aciagos y devastadores de la guerra que azotó aquella región, Cartagena y sus líderes permanecían impávidos y lejanos.

Pese a lo anterior, Colombia sigue siendo un país rural (en un 94%) y conforme lo documenta un informe especial publicado por la revista Semana en 2012, el 70% de los alimentos que se producen en el país vienen de la producción de pequeños campesinos. Sin embargo, el 77% de la tierra está en manos del 13% de propietarios.

El referido informe señala: “la concentración de la tierra y la desigualdad han crecido en la última década en el campo. El índice Gini rural, que mide la desigualdad, pasó de 0,74 a 0,88. La mayor concentración de la tierra está en Córdoba y Caquetá, según el Cede, de la Universidad de los Andes. La mayor desigualdad está en Antioquia y Valle. La mayor concentración de la propiedad está en las zonas ganaderas y en las que se explotan recursos naturales”.

Es un tópico afirmar que el conflicto armado en Colombia tiene origen en la propiedad de la tierra. Sin embargo la guerra originada en los confines de las montañas y las sabanas del país ha golpeado ya las ciudades desde hace varias décadas. Podríamos señalar el Bogotazo como expresión histórica remota de esta premisa y, más recientemente el surgimiento de guerrillas como el M-19 en la década del 70.

Las raíces agrarias de la guerra se hunden en lo profundo de la historia nacional y ha sido un factor permanente de desestabilización y se confunde con la alborada misma de los partidos tradicionales. Jorge Orlando Melo, en su indispensable “Historia mínima de Colombia”, refiriéndose a la elección de José Hilario López en 1849 escribió: “Los conservadores eran fuertes entre los grupos de propietarios del centro y de Antioquia, que no querían sacudir la sociedad rural, y entre los grandes mineros y propietarios de Popayán, dueños de haciendas y esclavos. Los liberales provenían en buena parte de notables de provincia, en zonas con una historia de rivalidad con Bogotá”.

Más adelante, el mismo autor señala cómo Mosquera entre los años 1863 y 1867 expropió alrededor de 200 mil hectáreas de haciendas de la iglesia, de modo que inmensas propiedades fueron vendidas como fincas más pequeñas a ricos liberales que podían pagarlas al remate. Melo agrega: “la expulsión de colonos que ocupaban tierras tituladas solía ocurrir en todo el país, desde mediados del siglo XIX, a veces con quema de cosechas y casas por los titulares, con la ayuda de las autoridades locales”.

Ya en el siglo XX, el historiador narra el recrudecimiento del “problema agrario” en zonas de latifundio de la Costa Caribe donde aparceros y asalariados buscaban mejorar sus condiciones. En zonas de Antioquia, de otra parte, los choques eran patentes entre terratenientes y colonos.

En 1936 López Pumarejo aprueba la ley 200 según la cual la tierra era de quien la ocupara y explotara de buena fe. Esa norma que parecía ser la panacea, fue muy atacada “como enemiga de empresarios y ejemplo de las tendencias comunistas” de aquel gobierno, el de López el viejo, gran representante de los más granado de la burguesía nacional.

Luego, ya vigente el Frente nacional como fórmula política que pretendió sanar la terrible confrontación entre liberales y conservadores, los enemigos dejaron de ser los portadores de las banderas azules y rojas para concentrar el fuego en las guerrillas comunistas campesinas que luego de la guerra de los partidos, se mantuvo a la defensiva en Sumapaz bajo la orientación de Juan de la Cruz Varela y en el sur del Tolima con Pedro Antonio Marín, ‘Tirofijo’, quienes siendo campesinos enarbolaron un programa político agrario que conectaron con el partido comunista colombiano, que antes había demeritado la lucha campesina. En todo este trasegar histórico se evidencia que la guerra siempre ha tenido epicentro en el campo.

En los años 60, Alberto Lleras aprueba una tímida reforma agraria en 1961 cuya ejecución queda en manos “del conservador Guillermo León Valencia, un aristócrata provinciano sin programa social. Sin apoyo del gobierno y con una ley sin fuerza”, expone Jorge Orlando Melo las aspiraciones de los campesinos por el acceso a la tierra quedan nuevamente burladas.

A finales de esa década, Carlos Lleras. ante la evidente agitación social, intenta dar una dinámica nueva a la reforma agraria, convencido de que la tierra debía pertenecer a quien la explotara en remplazo de los latifundistas rentistas. Así, para respaldar socialmente su política, impulsa la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos -Anuc – que tuvo gran auge en zonas del caribe con latifundio ganadero. Sin embargo, con la llegada de Misael Pastrana al poder en 1970, los propósitos de democratización del campo se fueron a pique. Melo afirma respecto de Pastrana Borrero: “su principal acto de gobierno fue frenar del todo la reforma agraria”.

Imagino que ya a esta altura, la mayoría de los escasos lectores de estas líneas habrán abandonado. Sin embargo he considerado menester este brevísimo recorrido por la historia nacional, a efectos de afincar la tesis del título de esta nota.

Ahora, esa guerra que inicia con fuerza en los campos, nuevamente toca las puertas de las ciudades sin que las élites urbanas hubiesen podido solucionar el problema del acceso a la tierra para el campesino y sin que de manera sostenida se le haya dado estatus a la actividad de la agricultura como un motor de progreso sostenible y superación del conflicto.

Luego de los acuerdos de paz con las Farc, y ante el evidente incumplimiento de las promesas contenidas en los mismos, lo cual se acredita con los pobres y decrecientes presupuestos que el Gobierno asigna a la cartera de agricultura, un estudio elaborado por el joven profesor Juan Fernando Vargas de la Facultad de Economía de la Universidad del Rosario, demuestra que las muertes de líderes sociales sí son sistemáticas y que tienen lugar en mayor medida en “los sitios en los que estaban las Farc y (…) además hay solicitudes de restitución de tierras”. Y agrega: “en los sitios donde hay solicitudes de restitución de tierras los principales asesinos son las bandas criminales de origen paramilitar, y no el ELN”.

Una historia que se repite. Un eterno y funesto retorno.

Recapitulando, está claro que todos los esfuerzos por mejorar la distribución de la tierra en Colombia se han visto frustrados por gobiernos que sistemáticamente han impedido las tímidas reformas que eventualmente un gobierno anterior ha intentado. Una especie de acción – reacción, seguramente guiada por los grandes propietarios del latifundio nacional.

En lo que va corrido desde la firma de los acuerdos, solo puede decirse, conforme los hechos, que durante la administración Santos, como durante la actual, las dinámicas de implementación de un programa de reforma agraria integral han sido prácticamente inexistentes.

No es difícil deducir que el recrudecimiento de la violencia que ahora está nutrida por factores nuevos como la minería ilegal y el narcotráfico global, estará a la orden del día en la infausta agenda nacional, a menos que el país reconozca la realidad de las causas objetivas del conflicto y rectifique el rumbo.

Raúl Alfonsín rezaba en uno de sus discursos que no conocía una nación que se suicidara. Tal vez no conocía el caso de Colombia.

* Abogado especialista en Derecho Administrativo y candidato a Maestría en Derecho con énfasis en Derecho Público.

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