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Los habitantes del corregimiento de El Salado, en el centro del Departamento de Bolívar, a 19 kilómetros de la cabecera municipal de El Carmen de Bolívar, una de las poblaciones colombianas que más ha padecido los embates de la violencia armada en Colombia, parecen estar destinados a no olvidar la infinita crueldad de sus desalmados victimarios.
Diecinueve años después de que el bloque sur de las denominadas ‘Autodefensas Unidas de Colombia‘ -AUC-, comandadas por el trístemente celebre Rodrigo Tovar Pupo, alias ‘Jorge 40‘, cometiera la peor masacre paramilitar en nuestro país, a los pobladores de El Salado aún los siguen revictimizándolos, ya no, al parecer, las AUC, ni tampoco la guerrilla, sino delincuentes comunes que, de acuerdo con lo asegurado por el comandante de las Fuerzas Militares de Colombia, mayor general Luis Fernando Navarro Jiménez, tienen en la mira a una lideresa y su familia.
Según las declaraciones del alto oficial, las Fuerzas Armadas tienen claro que «detrás de esto no hay ningún grupo armado organizado; la amenaza está centrada de manera particular contra una lideresa y su familia. Eso nos obliga a manejar un esquema de protección diferencial teniendo en cuenta el tamaño de la intimidación«.

En efecto, de acuerdo con lo que ha podido determinarse, las amenazas han estado dirigidas -principalmente – a una de las cabezas más visibles del grupo de líderes locales que claman por el respeto a sus derechos fundamentales, que han promovido la realización de eventos pedagógicos sobre temas relacionados con la reparación a las víctimas y, en general, que buscan espacios de participación en el marco de la implementación del Acuerdo de Paz.
Tras el reconocimiento por parte de la Fiscalía de que en la serie de asesinatos a líderes sociales que se vienen dando en todo el país «sí hay sistematicidad» y de que «en un 65 % de los casos los homicidios se deben a organizaciones criminales» la preocupación se extiende -entonces – a todos los que exigen mejor calidad de vida, acceso a la educación y la salud y, en general, a todos los que desarrollan cualquier tipo de trabajo comunitario.
Por ello, Turbay Paz expresó su voluntad de apoyar y respaldar decididamente a los auténticos voceros sociales, de la mano de la fuerza pública y demás instituciones gubernamentales.
«El mensaje que le brindamos hoy a nuestros líderes que han sido amenazados es que no están solos«, manifestó el mandatario de los bolivarenses; «la presencia nuestra como gobierno, a través de este Consejo de Seguridad, es para ratificarles que los acompañamos y que les brindaremos todas las condiciones necesarias de protección«.
Al término del encuentro (en el cual participaron, además del gobernador y el comandante de las Fuerzas Militares, miembros fuerza pública, voceros de la Procuraduría, la Defensoría del Pueblo y la Unidad Departamental de Víctimas, así como los más representativos líderes de la comunidad), Turbay anunció que dentro de las acciones puntuales que se decidieron adelantar se encuentra el ofrecimiento de una recompensa de hasta $20 millones a quien brinde información que permita localizar al autor de las amenazas.
De igual forma, señaló que el próximo sábado 19 de enero se llevará a cabo en El Salado una asamblea con el Departamento de la Prosperidad Social y la Unidad Nacional de Víctimas. Asimismo, en atención a las amenazas denunciadas recientemente por un equipo de comunicadores de Caracol Radio, informó el gobernador que a los periodistas que lleguen a realizar cubrimientos al territorio, mediante un protocolo especial de protección, se les brindarán las garantías de seguridad requeridas.
Leer: ‘Crónica de la Visita a El Salado‘
Contexto:
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