Y ahora, a ejercer vigilancia para que los recursos se inviertan adecuadamente

Luego de que el presidente de la República, Iván Duque Márquez, anunciara a los colombianos, por fin, tras un accidentado proceso de negociaciones, el Gobierno Nacional y los estudiantes, docentes y directivos universitarios lograron un acuerdo, la pregunta que muchos ciudadanos se hacen es qué viene ahora.

Según el compromiso del Gobierno, el presupuesto del cuatrienio para el fortalecimiento de la Educación Superior pública aumentará más de $4.5 billones, como ya se dijo, y, de estos recursos, más de $1.34 billones serán destinados a la base de las universidades públicas. Además, a esta cifra se suman otros recursos provenientes de la renta sobre los excedentes del sector cooperativo destinados a la Educación Superior pública, cuyo monto podría superar los $300 mil millones. Y, asimismo, se contempla que para el periodo 2019-2022, como resultado de un esfuerzo que deberá realizarse tanto desde el Congreso como desde las Gobernaciones, se cuente con $1.5 billones procedentes del recaudo de las regalías, además de $1.35 billones contemplados en el pago de pasivos e inversión en temas de infraestructura, bienestar estudiantil, dotaciones, formación docente de alto nivel y fortalecimiento institucional.

Tras conocerse esas cifras que recibirán las universidades públicas durante los próximos cuatro años, destinados, según el anuncio del mandatario, “a fortalecer la base, a fortalecer la inversión y a fortalecer los instrumentos de oportunidades para los estudiantes“, la inquietud que, de manera lógica, comienza a florecer en todo el país es qué garantiza que gran parte de esos recursos no termine, como desafortunadamente ha sucedido en los últimos años en todo el país, en las abominables fauces de la corrupción.

De acuerdo con lo que se ha podido establecer, en el caso de la Universidad de Cartagena, donde en los últimos años ha habido fuertes ruidos por supuestos hechos de corrupción que tuvieron su clímax durante la administración de Sergio Hernández Gamarra, a quien la Fiscalía le probó su responsabilidad en los delitos de contrato sin cumplimiento de los requisitos legales y peculado por apropiación y lo condenó a más de 15 años de prisión, varios dirigentes estudiantiles se preparan para constituir una Veeduría Ciudadana cuya misión principal será poner lupa a la inversión que se realice.

Para varios de los estudiantes consultados, sería el colmo que, luego de una lucha adelantada con tanto sacrificio, terminen convertidos en idiotas útiles si parte de los recursos conseguidos terminan en los bolsillos de funcionarios venales o políticos corruptos.

Para los estudiantes Sergio Andrés Muñoz, Yulieth Mosquera Heredia, Ronu Fernández Torres, Miguel Polo Díaz y Éddier Miranda Núñez, el sacrificio del estudiantado y el profesorado valió la pena, pero es claro que se ha ganado solo una batalla, ya que la lucha por la Educación debe continuar.

En diálogo con Revista Metro, Sergio Andrés Muñoz, vocero de Comunicación Social, manifestó que la lucha adelantada ha sido un hito histórico, ya que “es por primera vez en por lo menos cincuenta años que se ha logrado, a través de un movilización pacífica y creativa, sentar al Gobierno y ponerlo a discutir la política de Educación Superior“.

Para Yulieth Mosquera, presidenta del Comité de Veeduría y Transparencia, el lunar de la lucha adelantada a nivel local fue la ausencia del rector Édgar Parra Chacón en los diálogos realizados en las mesas triestamentarias. “Elaboraremos un pliego local de exigencias; esta coyuntura debe servir para tocar esas espinitas que algunos otros dirigentes estudiantes no quieren tocar; lastimosamente, somos únicamente los (líderes) alternativos los que decimos ya no más de la misma corrupción y ya no más de los mismos“.

Sobre otro de los temas locales que la comunidad estudiantil seguirá abordando: el del manejo transparente de las finanzas, el estudiante Ronu Fernández, integrante del Comité de Derechos Humanos, señaló que “a partir de las bases, de la asamblea general estudiantil, que es el órgano rector de todas las decisiones, y de los liderazgos emergentes que vienen surgiendo de ella“, se constituirá una Veeduría para ejercer control social a “las actividades financieras de la Universidad”, para que, por ejemplo, se haga un seguimiento a la labor de los órganos de control “que ya encontró un supuesto déficit de más de $20 mil millones en la Caja de Previsión“.

Yo siento que lo que ocurre en la Universidad de Cartagena”, selañó, “ es que los rectores pasan pero quedan algunos mandos medios, que pareciera que no inciden en el alma máter pero son los que más inciden, y se mantienen en parte porque sostienen esa corrupción que facilita la llega de los siguientes rectores, y así sucesivamente“.

Entretanto, para Miguel Polo Díaz, representante del Comité de Derechos Humanos ante las entidades públicas, es claro que, al margen de los esfuerzos realizados por el logro de importantes reivindicaciones a nivel nacional, “en el plano local hay mucho por hacer, ya que no sirve de nada haber obtenido mayores recursos sino tenemos la garantía de que en nuestra Universidad vayan a ser invertidos correctamente“. Y sobre la Veeduría que se piensa constituir, el líder estudiantil señaló que “ya se han dado los pasos conduscentes a nivel de los distintos voceros de la mesa triestamentaria“.

Y para Éddier Miranda, presidente del Consejo Estudiantil del Programa de Ingeniería Química, lo claro es que hoy se impone “sacar a nuestra universidad la crisis que ha venido padeciendo durante los últimos años, mejorándola en materia presupuestal pero también de infraestructura“.

En concepto de Miranda, aunque el paro se ha enfocado en el problema de financiación de la Educación Superior, cada universidad tiene sus propias características, y en el caso de Cartagena se piensa en un “pliego local enfocado en los problemas puntuales de nuestra Universidad“.

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