La institucionalidad colombiana, en el abismo de la no credibilidad y la no transparencia

Por Jhonatan Bedolla Pérez *

Realmente es agobiante tener la percepción ciudadana de que cada vez es más usual que una institución estatal esté inmersa en un nuevo escándalo de corrupción; quizás hace parte de la cultura deshonesta, solapada y nada transparente a la que nos han acostumbrado como sociedad civil quienes nos gobiernan o dirigen las distintas instituciones o entidades públicas. Y de lo anterior lo verdaderamente preocupante es que… ¡lo seguimos permitiendo!

Para  comprender la magnitud de lo que les hablo es oportuno hacer referencia a solo algunos de los sonados escándalos que han tocado la entraña más sensible de los colombianos, quienes ven estupefactos cómo las instituciones que velan por impartir justicia o cumplir determinada función pública son el foco de altos niveles de corrupción, lo cual les genera escepticismo, creando escenarios en los que no sienten tener las garantías que les generen credibilidad y un nivel de transparencia en el actuar institucional.

Escándalos como el cartel de la toga, destapado en el año 2017, lo cual significó para el país la más burda inmoralidad judicial y política de la que se tenía conocimiento hasta ese momento. El sonado caso de Odebrecht, que poco a poco ha dejado al descubierto el presunto actuar delictuoso, incorrecto y reprochable de personajes pudientes y representativos de la economía y la política nacional. La condena en primera instancia del gobernador de La Guajira, señor Wilmer David González Brito, por fraude procesal y corrupción al sufragante. Los múltiples carruseles (de la contratación, la educación y la hemofilia, entre otros) a nivel nacional, departamental y municipal. Y, el más reciente, el que aún está en el debate de la opinión pública: las conversaciones dadas a conocer por Noticias UNO y El Espectador, que involucran al hoy fiscal general de la Nación, Néstor Humberto Martínez Neira y al fallecido Jorge Enrique Pizano (qepd), conversaciones que comprometen el adecuado actuar del fiscal general y que se trasmite en desconfianza por parte de la ciudadanía hacia la entidad que Martínez Neira encabeza y dirige.

Transparencia por Colombia, asociado a Transparencia Internacional, dio a conocer una investigación desarrollada durante los años 2015-2016 que explica mejor lo referido inicialmente, pues detalla los niveles de corrupción de instituciones y/o entidades públicas colombianas, mostrando resultados poco alentadores que dejan al descubierto altos niveles de corrupción y poca transparencia en las instituciones y/o entidades como el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, el Departamento Nacional de Planeación, la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales -DIAN – y la Procuraduría General de la Nación, entre otras, que reflejan la agobiante actual situación del país; preocupación e índices que sin duda alguna han aumentado, pues los escándalos a partir del año 2016 (fecha límite de la investigación) han crecido de manera exponencial.

Y es que según Transparencia por Colombia (2017), el país ha mantenido un indecoroso puesto dentro de los rankings sobre percepción de corrupción en el mundo, ubicándolo en el puesto 90 de 180 países durante los últimos años.

Hay muchísimos factores que determinan situaciones que se convierten en hechos poco transparentes cargados de corrupción, y que se han vuelto tan normales, que no nos generan asombro. Bien lo menciona el antropólogo Fabián Sanabria, quien considera que hay estudios que han demostrado que el país está enfermo de corrupción. Sin embargo, no se puede atacar directamente al cúmulo social, pues considera que la corrupción es un cáncer que se ha producido desde las instituciones y ha hecho metástasis hasta llegar a nuestro vivir cotidiano, destruyendo cada célula de nuestra sociedad.

Para combatir este flagelo se hace necesario crear una cultura de la educación y buenas prácticas públicas de quienes están a cargo de instituciones y/o entidades. Esto sería lo inicial para mejorar la percepción de este fenómeno y es que en este punto coincide gran parte del sector académico, muchos de cuyos voceros afirman que esa sería una buena salida, dado a que de nada sirven reformas judiciales y políticas estructurales si la base del problema no se asume y se trata de la manera adecuada.

La credibilidad institucional es una construcción del día a día, que lleva consigo hacer visible el actuar funcional de los distintas personas que representan una institución y/o entidad. Cuando estas dos anotaciones: la educación y las buenas prácticas públicas, sumado a hacer visible el desarrollo de las funciones de uno u otro funcionario, se hagan efectivas, entonces cambiaremos la percepción institucional que tenemos al día de hoy.

Ojala que lo dicho por el rector de la Universidad Externado de Colombia, Juan Carlos Henao: “antes había un castigo social a la persona corrupta; hoy hay una expansión de la corrupción dentro de nuestra cultura“, sea una expresión que poco a poco quede en el pasado como recuerdo de lo trágico que es crecer como sociedad con el fenómeno de la corrupción y la no transparencia ni credibilidad en las instituciones que dan sentido al Estado Social de Derecho en su máxima expresión.

* Estudiante de Derecho y Ciencias Políticas – Sincelejo, Sucre

 

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