Por

Alexander López Causado

Alex Turizo España

Francisco Javier Flórez Bolívar

Jairo Álvarez Jiménez

José Estrada Durán

Si la ingratitud en estos momentos tuviese que buscar quien la encarnara de mejor forma, sin dudarlo, escogería a los rectores del Sistema Estatal Universitario -SEU – de Colombia. Estaban, con razón, bastante preocupados por el desfinanciamiento de las universidades públicas del país y, como debían hacerlo, pusieron el grito en el cielo cuando se enteraron del recorte presupuestal que el gobierno de Iván Duque le hizo a la educación.

Profesores, trabajadores y estudiantes, conscientes de la importancia que juega la universidad pública en la construcción de una sociedad más igualitaria, acudimos al llamado y también nos sumamos a esa preocupación. El resultado fue un poderoso movimiento que, con marchas y asambleas, se tomó las calles y las universidades. Los estudiantes, a cien años de la reforma de Córdoba (Argentina) y a cincuenta del mayo francés del 68, nuevamente asumieron el protagonismo y dieron muestras de creatividad y compromiso con lo público.

Los rectores del SEU, cabalgando sobre el impacto nacional de ese movimiento, insistieron en su inconformidad con la asignación de recursos a educación en el Presupuesto General de la Nación. Criticaron que el aumento del presupuesto estuviera dirigido a procesos relacionados con los costos operacionales del sistema de aseguramiento de calidad y la financiación del programa Generación E, que reemplazó al ya extinto Ser Pilo Paga. Este programa, dijeron, era muy costoso (3.5 billones) e impactaba poco en la ampliación de cobertura, pues solo financió 40 mil estudiantes en 2017, mientras las universidades públicas con menor presupuesto (2.93 billones) habían atendido 611.800.

Este tono de compromiso con la defensa de la universidad pública se diluyó tras el acuerdo que firmaron con el Gobierno Nacional el 26 de octubre. Poco importó el trato de segunda que Iván Duque, a través del viceministro de Educación, les dio un día antes a los representantes estudiantiles en un primer intento de negociación. Tampoco se inmutaron ante la no presencia en el acuerdo de voceros que expresaran las necesidades y expectativas de los estudiantes y los profesores. No volvieron a hacer mención a los elevados costos que va a generar el programa Generación E y los negativos efectos que este tiene sobre la financiación de la educación superior. Y, como lo recogió la Asociación  Sindical de Profesores Universitarios -Aspu-, firmaron un acuerdo que destina la mayor parte de los recursos a inversión y reserva pocos fondos a gastos de funcionamiento. Esta distribución, insiste Aspu, no garantiza que se cumplan “las funciones de docencia, investigación y proyección social asignadas misionalmente a las universidades”.

El tamaño de la ingratitud de los rectores del SUE con los estudiantes y docentes ha incrementado a partir de la forma como han reaccionado frente a las visiones de docentes y estudiantes que consideramos que el acuerdo es un paliativo ante una crisis que requiere de una solución más estructural. Algunos, como el rector de la Universidad del Magdalena, Pablo Vera, a quien la universidad pública le demostró que podía pasar de ser un humilde vendedor de cerveza en las playas de Santa Marta a asumir la rectoría de una institución de educación superior, se han dedicado a dar un parte de normalidad y han retomado las actividades académicas. Otros, como el rector de la Universidad del Atlántico, haciendo uso de la antiquísima estrategia de divide y reinaras, decidió cancelar los contratos de los profesores catedráticos y los docentes ocasionales.

El embrujo autoritario que es sinfonía a nivel nacional y global hizo que algunos –sin agotar los canales de diálogo y los mecanismos de concertación – acudieran al uso desmedido de la fuerza legítima del Estado. En la Universidad de Córdoba, por ejemplo, el Esmad (Escuadrones Móviles Antidisturbios de la Policía Nacional de Colombia) reprimió a los manifestantes el pasado 30 de octubre, lanzando gases lacrimógenos que afectaron la salud de decenas de niños que estudian en un colegio cercano a esta institución universitaria.

En la Universidad de Cartagena, aunque aún no ha hecho uso de la fuerza pública para obligar a salir a los estudiantes que acampan en distintas sedes, hay signos que preocupan. En la sede de San Pablo, según varios voceros estudiantiles, parquearon tanquetas del Esmad como estrategia disuasoria. El hostigamiento del personal de seguridad a estudiantes y docentes es inaceptable. Ha llegado a un extremo tal que, el viernes pasado, uno de los vigilantes no tuvo ningún reparo en grabar una reunión que varios docentes adelantábamos en la sede de San Agustín. En ningún comunicado la universidad ha rechazado la brutal represión que el Grupo de Operativos Especiales adelantó en contra de los docentes, trabajadores y estudiantes que marchamos pacíficamente el pasado 31 de octubre.

Los rectores del SUE, a través de este conjunto de posiciones, han proyectado la imagen de que solo estaban interesados en garantizar la financiación de los procesos a desarrollar durante su actual mandato, y no en la búsqueda de una solución a largo plazo para la grave crisis financiera que viven las universidades públicas.

Hay que procurar que la Historia sea implacable con la ingrata posición que los rectores del SUE han asumido frente a los actores universitarios que les ayudaron a conseguir las migajas que Duque les prometió. Tenemos que seguir escribiendo páginas que sean generosas con los principales protagonistas de esta necesaria y digna lucha: estudiantes, trabajadores y docentes. Y, sobre todo, continuar comprometidos con la defensa de una educación pública que realmente garantice que el futuro, como tanto lo pregonan desde la Presidencia, sea para todos.

 

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