Pobreza extrema como prioridad

Por Anthony Sampayo Molina *

Cartagena es sin duda una de las ciudades donde la brecha social y la desigualdad se hacen más evidentes, una situación que día a día tiende a empeorar y que requiere por lo menos de una estabilidad gubernamental comprometida uniformemente en la lucha contra la pobreza.

Cartagena, siendo una de las principales ciudades del país, ocupa entre estas el tercer puesto entre las de mayor índice de pobreza extrema, situación que contrasta con el estatus que maneja el Corralito de Piedra a nivel internacional y que la posiciona como uno de los principales destinos en américa.

Sin duda alguna, la responsabilidad de esta situación radica, en gran medida, en la inestabilidad administrativa que impide dar continuidad a políticas encaminadas especialmente a la lucha contra el flagelo de la pobreza; un caos de gobernabilidad que se viene padeciendo de muchos años atrás y que exige la mayor diligencia y creatividad de nuestros dirigentes, no solo para tratar de forma eficiente esta problemática sino para lograr un desarrollo sostenible de dicha población, de tal manera que no sea interrumpido con cada coyuntura que se nos presenta.

Siendo tan extremo el escenario sobre el que se mueve la ciudad, no es suficiente un simple plan de desarrollo eficaz que sea ejecutado por una administración honesta y comprometida; se requiere de un plan adicional serio que nos blinde ante eventuales situaciones que, como la que vivimos actualmente, se convierta en un obstáculo que perpetúe la lamentable situación en la que se vive.

Se requiere, entonces, de la participación conjunta del Estado y de la sociedad civil; una coordinación necesaria para ayudar a una ciudad que recibe a todo el mundo y que está necesitando ayuda con carácter urgente.

Pues, por primera vez en mucho tiempo, parece haber surgido una iniciativa que reúne todas estas características, una pensada y estructurada a la medida de Cartagena y los tiempos por lo que atraviesa; una iniciativa que al mismo tiempo es una garantía de crecimiento al margen de los problemas internos que desafortunadamente parece están lejos de desaparecer. Me refiero a la iniciativa legislativa recientemente socializada en la ciudad denominada ‘Fondo de Sostenibilidad pro-Cartagena 500 años’, promovida por el senador del Centro Democrático en Bolívar Fernando Araújo Rumié, que esencialmente crea un fondo con recursos destinados a la ejecución de planes, programas y proyectos para el Distrito de Cartagena, con el claro propósito de erradicar la pobreza extrema, pero con un plus adicional: no se haya amarrado a las administraciones locales que, como lo ha puesto en evidencia nuestra ciudad, pueden variar radicalmente de un día a otro.

Es una interesante estrategia que concibe la situación de pobreza extrema en la que viven muchos cartageneros como una problemática que está por encima de cualquier diferencia o coyuntura política. Una iniciativa que vincula a los distintos niveles de la administración, desde la Presidencia, pasando por la Gobernación y llegando al alcalde, todos, junto con la sociedad civil, de la mano en la lucha contra la pobreza; distintas entidades, un solo objetivo; estructurado de una manera seria y realista que va más allá del simple discurso, con una vigencia hasta el 2033 y eventualmente prorrogable a 2035.

Es evidente que uno de los objetivos de este ‘Fondo pro-Cartagena 500 años’ es dar participación y comprometer al propósito superior de acabar con la pobreza extrema en la ciudad a distintos sectores del Estado; no dejar solo en esa lucha a la administración local. Por eso, resulta lógico la conformación de la junta directiva, en la que encuentran representación tanto el presidente de la República, como la Gobernación, el Distrito y la sociedad civil; serían once representantes en total, en donde, si las entidades territoriales junto con la sociedad civil trabajan conjuntamente, tendrían representación mayoritaria dentro del mismo; conformación que no solo se entiende como la más coherente con los propósitos establecidos sino como una protección adicional del fondo que se constituya en una garantía para los más pobres. Como se dijo, es un trabajo conjunto y en equipo, encaminado a un solo propósito.

* Abogado Especialista en Derecho Penal y Criminología

 

 

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