Reforma sin defensores

Por Anthony Sampayo Molina *

Uno de los pilares fundamentales sobre el que descansa el Sistema Penal Acusatorio es el principio de igualdad de armas, un equilibrio que no solo es característica esencial del procedimiento sino una garantía de salvaguarda de derechos fundamentales. Bajo este entendido, se suprimieron las funciones jurisdiccionales que antes poseía la Fiscalía General de la Nación, de tal manera que esta, siendo una de las dos partes instituidas dentro del proceso, se colocara en un plano de igualdad frente a la defensa; haciendo necesario que las solicitudes o peticiones de ambos, debían de hacerlas desfilar previamente ante un juez, ya sea de conocimiento o de garantías, para que sea el que decida sobre su procedencia o no.

Tenemos entonces dos fuerzas igualadas por conducto de la ley pero contrarias, cada una con un propósito distinto; una visión y un manejo del derecho coherente con el rol que se desempeña y, por lo tanto, ambas igual de importante en lo que es la creación del derecho.

Bajo este panorama, con dos partes que con el fin de garantizarles una actividad en condiciones igualdad, tratan de ser equiparadas por vía de la ley, es que no se entiende que para el planteamiento de reformas estructurales del sistema penal, el criterio de abogados defensores se halle ausente, y siempre se tomen en consideración única o preponderantemente posiciones emanadas de jueces o fiscales que, si bien resultan trascendentales, no otorgan un panorama completo de toda la problemática ante la ausencia de una de las dos partes esenciales de todo proceso.

En la medida que el Sistema Penal Acusatorio se fue implementando y pasó de simples reglas teóricas a la práctica, los problemas fueron emanando paulatinamente y, bajo la excusa de que en nuestro país no se implantó un sistema acusatorio puro sino uno “a la colombiana”, ha surgido una tendencia de ir introduciendo en el nuevo sistema figuras o conceptos del antiguo; supuestamente, sin violentar los principios que lo rigen, lo cual en muchos casos resulta realmente imposible y, por el contrario, son nocivos para la salvaguarda efectiva de los derechos de la parte débil de la ecuación: el sujeto de la acción penal.

Sin duda este desbalance se debe lógicamente a que el concepto de abogados defensores no ha sido tomado en cuenta; es decir, se ha querido resolver el problema apenas entendiendo un 50% del mismo, lo cual ha generado que las supuestas soluciones que exige ese 50% se implementen en detrimento o con una desmejora del restante.

Un cambio de paradigma del nivel que sufrió el sistema penal en Colombia requiere lo que coloquialmente se ha denominado “un cambio chip” por parte de los protagonistas, y muy especialmente en los funcionarios creadores de jurisprudencia; pero, contrario a ello, la reforma radicada por el Gobierno exige que los aspirantes a magistrados de la Corte Suprema de Justicia se hayan desempeñado como mínimo cinco años en la Rama Judicial, excluyéndose, por ejemplo, a aquellas personas que se han desempeñado a lo largo de su carrera solo como abogados defensores o académicos; pero mientras estos últimos encuentran vetada su aspiración a magistrado, no sucede lo mismo con los fiscales, los cuales, al pertenecer, así sea de forma equivocada, a la Rama Judicial sí pueden llegar al cargo después de una vida ejerciendo dicho rol. He aquí otra evidencia que en el fondo el sistema no se ha entendido.

Solo para hacer mención concreta de algunos de los tantos aspectos necesarios a revisar:

– Cualquier reforma resultaría incompleta si no se introduce una total independencia de los jueces con respecto a la Fiscalía, independencia que se ve seriamente mermada al ser esta entidad la encargada de investigar y acusar a los propios jueces ante quienes intervienen y deben decidir y valorar sus actuaciones; este sin duda es un defecto que yace en nuestro sistema y que representa inconscientemente una forma de presión hacia un funcionario que debe ser totalmente autónomo en sus decisiones frente a las peticiones que se le hacen.

– Una ausencia de publicidad real en la etapa preliminar de los procesos hacia la defensa, al igual que la falta de control jurisdiccional a actuaciones exclusivas de la Fiscalía como la imputación o acusación, hace que desde el propio nacimiento del proceso la balanza comience a desequilibrarse a favor de quien se supone la ley debe contener; ello sin hacer mención a que bajo dicho panorama se priva a la defensa de hacer un uso eficiente de una de las figuras insignias del sistema, los preacuerdos, al verse en muchos casos obligada a negociar sobre bases fácticas erróneamente tipificadas.

– La relativización de la congruencia, facultando al juez para que condene por delito distinto sobre el que se hizo la imputación jurídica, por más limites que se le coloque a dicha prerrogativa, junto con la posibilidad que el juez de conocimiento condene incluso si la Fiscalía ha solicitado absolución, son figuras que son propias del antiguo sistema y que rompen flagrantemente con el equilibrio del nuevo procedimiento, obligando a la defensa a enfocar su trabajo no solo en desvirtuar la teoría del caso de la Fiscalía sino también la eventual teoría del caso que surja de la convicción del juez de conocimiento, ya al final del proceso, cuando las posibilidades de defenderse han fenecido.

Si algo ha motivado a la humanización del Derecho Penal a lo largo de los siglos es el de contener los abusos por parte de quienes ejercen autoridad frente los procesados, por lo tanto, el que en un sistema que propugna por una igualdad entre las partes y una total independencia de los jueces frente a aquellos, resulta primario que todos sean tenidos en cuenta para la implementación de reformas.

* Abogado Especialista en Derecho Penal y Criminología

 

 

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