Reforma penal sobre lo esencial

Por Anthony Sampayo Molina *

Definitivamente una de las grandes inquietudes que despertaba el sistema penal que durante muchos años tuvo aplicación en el país antes de la implementación del sistema acusatorio, era la fusión de competencias, administrativas, investigativas y jurisdiccionales en cabeza de la fiscalía general de la nación. Esta entidad, titular de la acción penal, y por ende facultada para investigar los delitos; también tomaba decisiones basada en sus propios actos de indagación, lo que la colocaba en una posición de juez y parte en aspectos esenciales y delicados del proceso, como es la de emitir ordenes de captura, definir la imposición de medidas de aseguramiento, ordenar allanamientos etc.; al mismo tiempo, evaluaba su propia actuación y definía directrices de funcionamiento e interpretación. Bajo esas circunstancias, teníamos una entidad desbordadamente poderosa, con fiscales capaces de infundir inconscientemente un gran temor sobre los distintos operadores y que los colocaba frente una clara posición de ventaja frente a la defensa.

Bajo el anterior escenario se implementa en nuestro país un sistema penal acusatorio, que aunque no logra encuadrarse en estricto sentido al Norte Americano o Continental Europeo, si guarda en su filosofía y estructura, un esquema básico común que justamente permite llamarlo así: Sistema Penal Acusatorio Colombiano.

Precisamente un aspecto de ese esquema que se comparte con los sistemas regentes en otras latitudes, es el de una independencia total de quien ostenta las facultades jurisdiccionales con respecto a las partes enfrentadas jurídicamente (Fiscalía y defensa); ello no obedece a una mera formalidad, es una garantía de igualdad entre quienes hacen las peticiones y de imparcialidad de quien debe decidir sobre ellas. Es básicamente igual a lo que sucede en el derecho privado, hay dos partes que tienen posiciones encontradas y un tercero imparcial que debe decidir. Aspecto a tocar en la reforma: un procedimiento que garantice efectivamente una igualdad de armas.

Justo por ello es que solo los jueces de la república deberían hacer parte de la rama judicial, no la fiscalía, entidad que en esencia pertenece, conforme al propósito para la que fue concebida, a la rama ejecutiva del poder público. Dicha situación emerge claramente desde la misma elección del fiscal general de la nación, la que en el fondo, corresponde en esencia a una decisión política del presidente, quien es el que determina la terna de la que se debe elegir al funcionario. Sin embargo, en nuestro país ello no es así, y lo que se hace es innecesariamente inmiscuir en ese proceso a la Corte Suprema de Justicia. Aspecto a tocar en la reforma: suprimir la funciones electorales de la corte suprema, dentro de la que obviamente se encuentra la de “elegir” al fiscal.

Pero la esencia política que se ha hecho mención previamente también se manifiesta en otros escenarios donde reluce la fiscalía general de la nación, como es: convocatoria y reuniones con el presidente de la república, con alcaldes, gobernadores, comandantes de policía, ejercito, ruedas de prensa, políticas públicas con publicidad en medios de comunicación etc. Lo que claramente muestra una gran diferencia entre cómo se desarrollan las funciones de un órgano político con uno que administra justicia.

Lo dañino de ese esquema, en el que tanto jueces como fiscales hagan parte de la rama judicial, se evidencia es aspectos tan básicos como en la tendencia de ubicar a jueces de la republica dentro de edificios pertenecientes a la fiscalía general de la nación. Ello no tiene presentación alguna y ni siquiera bajo el anterior sistema, donde las facultades jurisdiccionales eran compartidas entre jueces y fiscales, se tenían a aquellos laborando dentro de la edificación del ente acusador, lo que increíblemente pasa hoy en día, en donde el sistema penal exige una total y absoluta independencia de los jueces con las partes.

Lo que se está viviendo es tan ilógico, como si mañana dentro de un inmueble perteneciente a un gran bufete de abogados, se colocaran oficinas y despachos de jueces que van a entrar a decidir sobre lo que esos abogados van a solicitar. Pero ¿porque sucede eso? justamente porque el esquema manda un mensaje a la sociedad de que los jueces son un complemento de la fiscalía para administrar justicia, lo cual es incorrecto, al igual, que el creer que el fiscal general de la nación es el superior jerárquico de los jueces, facultado para investigarlos y lincharlos mediáticamente cuando al momento de tomar una decisión se apartan de sus pretensiones. Aspecto a tocar en la reforma: la facultad de la fiscalía para investigar y acusar a los jueces y la pertenencia de la fiscalía a la rama judicial.

En un estado social y democrático de derecho, tenemos a la ley como bien superior, razón por la cual, aquellos funcionarios encargados de salvaguardarla y aplicarla, deberían estar en lo más alto de la estructura de ese estado, incluso más allá del presidente y su rama ejecutiva, ya que son la única garantía de un país verdaderamente democrático, alejado del absolutismo y la tiranía.

Existe un temor exacerbado a que el fiscal general de la Nación sea elegido directamente por el presidente, pero ello obedece a que históricamente en el país no se les ha dado a los jueces el estatus que deberían tener. No existe una garantía de justicia más grande en un estado, que unos jueces totalmente libres e independientes. Contra ello no hay personaje poderoso, fiscal, presidente o alto funcionario capaz de manosear a su antojo la ley, creando así una sociedad empoderada, libre y tranquila, de que independientemente de quien pretenda conculcar sus derechos, hallará en la rama judicial unos funcionarios imparciales que tendrán como único norte a la ley y que tomarán decisiones únicamente basada en ella. Aspecto a tratar en la reforma: una real y total independencia de los jueces y con un estatus y salario acorde a su labor.

Adenda: deberían eliminar al ministerio público del proceso penal, y con el dinero sobrante, convertirlos en fiscales, defensores públicos o jueces; aunque la experiencia indica que su vocación está más bien en el ente acusador. Aspecto a tratar en la reforma: la presencia del ministerio público dentro del proceso penal.

* Abogado Especialista en Derecho Penal y Criminología

 

 

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