Meando fuera del tiesto… a propósito de la corrupción electoral

Por Bernardo Ramírez del Valle *

Cualquier reforma al sistema político colombiano para reducir la corrupción electoral, por donde comienza la corrupción general, debe tener presente que la democracia es un régimen político (el peor de todos con exclusión de los demás, según Churchill) que conforma un mercado donde operan las leyes de la oferta y la demanda, en el que el voto se convierte en una mercancía, afirmación científica suficientemente explicada en la ‘Teoría Económica de la Democracia’ del politólogo estadounidense Anthony Downs.

Probada esta afirmación axiomática, resulta vacua, inicua e inocua cualquier reforma que se pretenda introducir al sistema electoral colombiano como componente fundamental del sistema político para modificar ese ‘currículo oculto’ que da vida y mantiene al régimen democrático llamado corrupción, que no la tenga en cuenta.

Por eso, la única fórmula medianamente válida para regular la corrupción es aquella que a su vez regule las leyes de la oferta y la demanda del mercado electoral, que indica que a mayor demanda de votos mayor es su precio siempre que la oferta sea menor. Por lo tanto, es necesario establecer el voto obligatorio para que la oferta de éste crezca y se abarate su precio.

Por supuesto, estas afirmaciones deben entenderse estrictamente en el sentido que la teoría política le da al mercado electoral, en el que el precio del voto se encuentra representado no en dinero sino en propuestas de gobierno (en cargos uninominales) o de gestión legislativa (en cargos corporativos) En este sentido, se entiende que la demanda electoral está representada en electores que demandan propuestas de solución a sus problemas sociales, económicas, etc., desde el Estado, y la oferta representada en los candidatos a cargos de elección popular. Según las teorías de la ‘Lógica de la Acción Colectiva’ (Mancur Olson) y de la Elección Racional (Rational choise), el elector preferirá votar por aquellas propuestas que desde una lógica de mercado le represente el menor costo y el mayor beneficio. No obstante, como el mercado electoral -igual que el mercado general – no es perfecto, entonces los candidatos (que ofertan esos programas) deben apelar a ‘incentivos selectivos’ para resolver el problema de la falta de información. En Colombia el más poderoso incentivo selectivo es el dinero que termina disuadiendo al elector para que ‘venda’ su voto.

En conclusión, la principal estrategia para reducir la influencia del dinero en las elecciones es el voto obligatorio, porque muchos electores abstencionistas no venden su voto a cambio de dinero sino de propuestas y es por esta vía por la que se podría combatir la corrupción. No será la única, pero sí una de las más efectivas.

* Abogado, experto planificador, exsecretario de Planeación de Bolívar y exalcalde de Magangué

 

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