Una solicitud del procurador general de la Nación, Fernando Carrillo Flórez, al presidente de la República, Iván Duque Márquez, para que antes de designar un nuevo alcalde para Cartagena revise con ‘lupa‘ la terna de donde deberá realizar la escogencia, produjo en algunos círculos políticos locales, como era de esperarse, las más variadas reacciones.
Como el representante del Ministerio Público se negó a referirse a nombres específicos, aclarando que “yo digo en abstracto“, su manifestación en el sentido de que Cartagena no se merece “otro alcalde que tenga investigaciones en la Procuraduría, Contraloría o en la Fiscalía“, más su petición de devolver la terna “si no hay nadie que reúna las condiciones“, llevó de inmediato a la pregunta sobre quién o quiénes de los ternados tienen algún tipo de impedimento.
Como la Procuraduría tiene el deber de certificar al menos en materia disciplinaria si algún ciudadano tiene antecedentes que lo inhabiliten para ocupar cargos públicos, la siguiente pregunta fue sobre la posibilidad de que Carrillo Flórez estuviese incumpliendo su deber al no revelar, de manera concreta, quién o quiénes tienen cuentas pendientes con los entes de control.
Como la Presidencia de la República y el Ministerio del Interior ya habían realizado un análisis de las hojas de vida de la primera terna presentada por el Partido Conservador y solo encontró un supuesto impedimento en el caso de una de las personas ternadas: Roxana López Fernández, la siguiente inquietud fue sobre la idoneidad del equipo jurídico de la Casa de Nariño.
Lo que se conoce sobre el particular es que el Ministerio del Interior realizó las correspondientes consultas (tanto de los primeros ternados: Pedrito Pereira Caballero, Óscar Torres Yarzagaray y Roxana López, como de Antonella Farah Louis, quien fue incluída depués en reemplazo de López), y verificó que ninguno ha sido sancionado o condenado en ninguna instancia y ninguno tiene procesos activos ni en la Rama Judicial ni en ninguna otra esfera de la Justicia. Por ello, la nueva pregunta es sobre qué conoce el procurador, ya no en materia jurídica sino en términos éticos o morales, que deba ser conocido por la Presidencia.
Y como Carrillo aseguró -además – que desde su despacho se ha dado una gran la batalla contra la corrupción y la recuperación de la ética pública en Cartagena, y que por ello el Gobierno Nacional debe escoger “un gran alcalde para Cartagena“, lo que ahora algunos comenzaron a preguntarse es si en efecto esa lucha ha sido efectiva y, sobre todo, imparcial, o si ha sido selectiva y, en muchos casos, mediática.
Pero hubo una afirmación del procurador, curiosamente, que llamó la atención de muy pocos. Carrillo dijo que el alcalde que se designe “va a regir los designios de esta ciudad hasta el 31 de diciembre del año entrante“, lo que significa -a menos que haya sido un lapsus – que da por sentado que el proceso que cursa en el Tribunal Administrativo de Bolívar contra la elección de Antonio Quinto Guerra Varela como alcalde de Cartagena será favorable al accionante, que es justamente la Procuraduría.
Las inquietudes ciudadanas
Varias de estas inquietudes, publicadas en las redes sociales, produjeron a la vez las más variopintas reacciones entre los cibernautas.
Una de ellas, publicada en su cuenta en Twitter por el exprocurador delegado para la Moralidad Administrativa, Fabio Castellanos Herrera, fue un mensaje directo al procurador: “Con todo respeto, señor @fcarrilloflorez, creo que los ciudadanos también esperamos de la entidad más acciones con casos en la ciudad totalmente documentados ante su despacho: prórroga del contrato con Acuacar, crédito por $250 mil millones, adicionales… la lista es larga”.
Dicho mensaje fue comentado por otros usuarios de las redes sociales, entre ellos el director de la veeduría ciudadana Transparencia Caribe, Reynaldo Tovar Carrasquilla, quien le recordó igualmente a Carrillo que “desde el año pasado, en audiencia en @udecartagena, profesores, pensionados, estudiantes y sociedad civil le expusimos infinitas irregularidades, las cuales fueron denunciadas formalmente en su despacho; el rector contrató más de medio billón directamente y… ¡no pasa nada!”
Otros cibernautas se sumaron a las mismas inquietudes, reiterando que, en el caso de las declaraciones del procurador, la obligación de este es dar nombres propios, de haberlos, ya que si no lo hace la impresión que queda es que se prestó para hacerle a alguien un favor.
“Estamos de acuerdo que debe revisarse con ‘lupa’ la terna presentada, y no solo las ternas sino todos los nombramientos que se hagan; así debe ser“, señaló un dirigente político consultado por este portal, que prefirió que se reservara su nombre; “y también con que se escoja una persona de las más altas calidades, las mejores condiciones y una gran trayectoria, que garantice que sea conocido y que conozca a la ciudad; claro que así debe ser. Lo que inquieta es que el procurador diga esto justamente cuando todo el mundo sabe que en Cartagena hay una rebatiña por el poder, y que algunos sectores quieren aprovecharse de la coyuntura para llegar a la Alcaldía sin haber ganado en las urnas”.
Contexto: 
- Por vía judicial, excandidato a la Alcaldía busca que no se designe un alcalde conservador
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- Partido Conservador ratifica a Pereira y a Torres y completa terna con Antonella Farah
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