Fiscalía, a investigar porqué fallo contra Santos estuvo traspapelado más de cinco meses

El expediente de una Acción de Cumplimiento fallada en primera instancia en contra de Juan Manuel Santos, Guillermo Rivera Flórez y Sergio Londoño Zurek, para ese entonces presidente de la República, ministro del Interior y alcalde encargado de Cartagena, respectivamente, fue enviado por el Tribunal Administrativo de Bolívar al Consejo de Estado el pasado 22 de marzo y solo llegó a su destino el pasado 24 de agosto.

El fallo con sus respectivos anexos, enviado al máximo tribunal de lo Contencioso para que resolviera la respectiva apelación, tardó más de cinco meses en ser entregado a su destinatario a pesar de que el accionante: el director de la veeduría ciudadana Transparencia Caribe, Reynaldo Tovar Carrasquilla, preocupado cada día más por la tardanza, ofició en reiteradas ocasiones tanto a la Secretaría General del Tribunal Administrativo de Bolívar como a la empresa encargada del transporte de los documentos: la estatal 4-72, presidida durante seis años y dos meses por Adriana Barragán López, advirtiéndoles sobre la irregular situación.

Según el accionante, “durante su permanencia ilegal en la Alcaldía, Londoño adjudicó contratos de manera directa por más de $150 mil millones”.

Para Tovar, lo grave del hecho es que el fallo proferido decretaba el incumplimiento por parte de la Presidencia de la Ley Estatutaria 1475 del 14 de julio de 2011, “en cuyo Artículo 29, y más concretamente en el parágrafo 3° de este, se establece que si dentro de los 10 días hábiles siguientes al de recibo de la solicitud el partido que avaló la inscripción del mandatario no presentare la terna, como fue el caso del movimiento ‘Primero la Gente‘, que avaló la inscripción de Manolo Duque, el nominador designará a un ciudadano respetando el partido o movimiento que lo inscribió, y la tardanza produjo como consecuencia que Sergio Londoño continuara irregular e ilegítimamente en el cargo por lo menos cinco meses más, tiempo durante el cual ejecutó una serie de contrataciones que, como podrá comprobarse, violaron flagrantemente la Ley“.

En carta enviada a los magistrados tanto del Tribunal Administrativo de Bolívar como del Consejo de Estado, así como al procurador Fernando Carrillo Flórez y al fiscal Néstor Humberto Márquez, entre otros, Tovar Carrasquilla pidió “que se esclarezca la pérdida inusual de un expediente tan importante y con tantas implicaciones, ya que el mismo evidencia graves faltas disciplinarias y penales, al mantener de manera indebida al señor Sergio Londoño en la Alcaldía de Cartagena“.

En su oficio, el dirigente cívico llamó la atención sobre el hecho de que la responsable durante más de seis años del servicio postal 4-72, Adriana Barragán, sea la esposa del entonces secretario general de la Presidencia, Alfonso Prada Gil, “quien para ese entonces tenía su oficina en el Palacio de Nariño a escasos metros de la de Sergio Londoño, que también era director de la Agencia Presidencial de Cooperación Internacional“. Para la época de los hechos, el responsable de 4-72 era Juan Manuel Reyes, quien venía en la empresa desde 2015, cuando fue nombrado por Barragán como director disciplinario.

Luego del oficio de Tovar, el Tribunal Administrativo de Bolívar expidió un Auto Interlocutorio mediante el cual, tras manifestar que “no hay explicación razonable para que se hubiese entregado el 24 de agosto” de este año un expediente entregado a la empresa estatal 4-72 el pasado 22 de marzo, ordenó compulsar copias a la Fiscalíacon el fin de que se investigue la presunta comisión de una conducta que atente contra los principios de una recta, pronta y cumplida administración de justicia y/o cualquiera que se adecúe con el Código Penal“.

Mediante el Auto, suscrito por la magistrada Claudia Patricia Peñuela Arce, se ordenó igualmente “oficiar a la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura para que se tomen las medidas correspondientes respecto del contrato suscrito con la empresa 4-72 para el envío de correspondencia del Tribunal Administrativo de Bolívar” (leer Auto Interlocutorio).

Nueva Acción de Cumplimiento, ahora contra Iván Duque

Al igual que en el caso anterior, que involucró a Santos, Rivera y Londoño, en esta oportunidad, con similares argumentos, Tovar instauró una Acción de Cumplimiento contra el presidente Iván Duque Márquez y la ministra del Interior Nancy Patricia Gutiérrez.

La razón: para el director de la veeduría Transparencia Caribe, “con claridad meridiana se puede colegir que han pasado tres meses de haberse suspendido al alcalde titular, Antonio Quinto Guerra Varela, y la norma establece que el presidente debió suplir en 30 días la correspondiente designación“.

En su Acción de Cumplimiento, Tovar le pide a los magistrados “se sirvan conminar al presidente de la República para que designe de inmediato a un ciudadano de la terna presentada por el Partido Conservador Colombiano, y de comprobarse presunto abuso de autoridad y/o prevaricato por omisión, compulsar copias a los respectivos entes de control, según sea el caso“.

 

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