Sobre la propuesta de incremento del salario mínimo

Por Juan Conrado Ovalle *

Conociendo los resultados de la Consulta Anticorrupción e interpretaciones de los mismo que le han dado diferentes actores de la vida nacional, bien vale la pena volver a retomar la propuesta del senador Álvaro Uribe Vélez, orientada a darle facultades extraordinarias al presidente de la República Iván Duque Márquez, “para incrementar de manera extraordinaria el salario mínimo legal mensual vigente”, lo cual amerita analizarla, dado el efecto que ello conlleva en la economía del país y el impacto que generaría en diferentes sectores sociales.

El primer aspecto a considerar es la constitucionalidad del proyecto de ley, pues la Constitución Política es clara al señalar en el numeral 10 del Art 150, “Revestir, hasta por seis meses, al presidente de la República de precisas facultades extraordinarias para expedir normas con fuerza de ley cuando la necesidad lo exija o la conveniencia pública lo aconseje. Tales facultades deberán ser solicitadas expresamente por el gobierno y su aprobación requerirá la mayoría absoluta de los miembros de una y otra Cámara”…

Aunque este aspecto es sencillo subsanar, al presentar el presidente Duque la solicitud respectiva, no deja de causar suspicacia que siendo los miembros del Centro Democrático, conocedores  de la normatividad, hayan optado por que fuera el expresidente Uribe, el vocero de la iniciativa, ante lo cual vale preguntarse si es una estrategia para sondear como caía la propuesta en diferentes actores sociales y económicos o si por el contrario es un mensaje del senador que aún se considera envestido del rol presidencial.

Al observar la iniciativa de manera general se pretende crear un gran impacto en ciertos sectores de la opinión, al anunciar un “aumento salarial significativo” a los aproximadamente, millón setecientos veinte y siete mil trabajadores que hoy devengan el salario mínimo. Sin embargo, al leer con detenimiento la propuesta, encontramos que si bien se habla de incremento, en el numeral segundo del proyecto se indica que el porcentaje a aumentar iría a la cuenta individual que disponga el trabajador en el Fondo de Cesantías y se determinará posteriormente el término mínimo de permanencia en este, donde se deduce claramente que dicho incremento no estará a disposición en los bolsillos de los trabajadores. Bajo esa restricción debemos recordar que los recursos del auxilio de cesantía tienen una destinación específica y solo se podrán hacer retiros de los dineros  allí depositados cuando el trabajador quede cesante, para adquisición de vivienda, liberación de hipoteca o para gastos de estudio.

Bajo lo señalado encontramos que si bien pueden aparecer unos primero beneficiarios, los trabajadores que devenguen el mínimo, los directamente favorecidos serán los grupos financieros que manejan los fondos de cesantías, al ver crecer sus arcas con los recursos del susodicho aumento, ya que permanecerán a su disposición recursos que como se publicita deberían ir directamente a manos de los trabajadores.

Si dicho aumento se enmarca en lo prometido por el presidente Duque Márquez, de disminuir impuestos a las empresas y aumentar salario, la propuesta como está planteada en el proyecto de ley del Centro Democrático, iría a beneficiar además de los Fondos de Cesantía, a las grandes empresas, ya que en su gran mayoría los trabajadores  de estas, devengan salarios por encima del mínimo legal, por lo cual no se verían afectados por el incremento salarial propuesto, pero si estarían beneficiándose por la disminución de impuesto que se realice.

Quienes directamente sentirían el impacto económico planteado en el proyecto de Ley, serían las pequeñas y muchas medianas empresas, el sector comercial, de servicios y profesionales independientes (médicos, abogados, constructores, entre otros), que mantienen personal contratado con el mínimo  y cuyos costos laborales se verían incrementados.

Ahora bien, si la Comisión Permanente de Concentración de Políticas Salariales y Laborales, establecida en el Artículo 56 de Constitución Política del País, se considera como el escenario propicio para concertar las políticas salariales y laborales, entre otros de sus objetivos,  nos preguntamos porque una propuesta tan sensible no se llevó a su seno para socializarla y analizar sus alcances con los diferentes actores que allí se dan cita, comenzando por el ministro del trabajo, hoy en cabeza de la doctora Alicia Arango, una de la más caracterizadas representantes del Centro Democrático.

Lo que se percibe en el ambiente es que con el anuncio del incremento del salario mínimo propuesto por el senador Uribe, está tratando el gobierno de Duque de amainar las reacciones que está generando en inmensos sectores sociales del país, los anuncios del ministro de Hacienda de gravar con IVA, todos los productos de la canasta familiar, así como las propuestas de reforma tributaria y pensional.

Lo cierto es que el cinturón de muchos colombianos está bien apretado y no hay espacio para abrir nuevos ojales para exprimir más los bolsillos, esta realidad debe evaluarse muy seriamente por el gobierno, ya que las consecuencias de tomar medidas sin tener en cuenta la realidad económica y social  puede generar protestas y reacciones imprevisibles.

* Ingeniero industrial, docente universitario y consultor empresarial.

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