Funcicar cuestiona “exceso de contratación directa y pocos proponentes” en la Alcaldía

Para la Fundación Cívico – social pro Cartagena –Funcicar, preocupa que en las entidades descentralizadas del Distrito de Cartagena la contratación directa sea la modalidad más utilizada, cuando contratar ‘a dedo’, es decir sin que medie un proceso licitatorio o un concurso de méritos, aunque no está prohibido por la Ley, es claro que debe ser la excepción y no la regla, con el fin de garantizar los principios rectores de la Administración Pública.

De acuerdo con un informe del colectivo cívico, durante el año 2017 los cuatro entes descentralizados del Distrito: el Instituto de Deportes y Recreación –Ider, el Instituto de Patrimonio y Cultura de Cartagena –Ipcc, el Establecimiento Público Ambiental –Epa y Distriseguridad, así como el Fondo de Vivienda de Interés Social y Desarrollo Urbano –Corvivienda, el Sistema Integrado de Transporte Masivo de Cartagena –Transcaribe – y la Empresa de Desarrollo Urbano de Bolívar –Edurbe, suscribieron entre todas 2.616 contratos, de los cuales el 87% fue adjudicado de manera directa, es decir un total de 2.275.

Del informe de Funcicar, preparado por su Observatorio a la Transparencia en la Contratación Estatal, se destaca que solo el Ider haya celebrado 1.061 contratos durante el 2017, es decir casi el 41% del total.

Y llama la atención -asimismo – como suele ocurrir en este tipo de contratación, que sean “los mismos contratistas los que sigan obteniendo cuantiosos contratos, cuando se puede abrir las posibilidades de participación a más empresas y personas naturales de la ciudad y del país“.

Como ejemplo de este hecho, citado por la misma Funcicar, “la Corporación Gestión 21 obtuvo cinco contratos que suman más de $876 millones, tres a través de convenios de asociación y uno por contratación directa“.

Al Observatorio a la Transparencia en la Contratación Estatal le llamó la atención -de igual manera – “que esta misma Entidad Sin Ánimo de Lucro -Esal – obtuvo cuatro contratos con las Alcaldías Locales por una suma de $962 millones; tres de ellos fueron por contratación directa y el otro por mínima cuantía, una modalidad de contratación que recibe varias ofertas y selecciona al mejor proponente de acuerdo a unos criterios, sin embargo, en este proceso fue único proponente. Asimismo, con la Alcaldía Mayor suscribió un contrato por más de $68 millones“.

El mismo patrón“, advierte Funcicar, “se repite en otras Esal como la Fundación Hambre Cero Internacional que obtuvo ‘a dedo’ dos contratos con el Ider y uno con el Ipcc por la suma de$742 millones, y además, en el mismo año, celebró con la Alcaldía Mayor tres contratos por un total de $150 millones en procesos de mínima cuantía, dos de los cuales los obtuvo siendo único proponente. Y con las Alcaldías Locales celebró un contrato de $100 millones“.

Otro caso al cual le puso la lupa la Organización No Gubernamental es el de José Fernando Ospino Barrios, un ciudadano que durante el 2017 celebró dos contratos por $80 millones con el EPA, por selección abreviada y mínima cuantía; y otro por $649 millones con Distriseguridad, por licitación pública; y en ambos casos fue el único proponente.

De igual manera, Ospino Barrios suscribió con la Alcaldía Mayor 12 contratos por casi $2 mil 800 millones, dos por licitación pública y 10 por mínima cuantía, siendo único proponente en 10 de estos procesos.

Y con la Alcaldía de la Localidad Industrial y de la Bahía, por selección abreviada, Ospino celebró un contrato por más de $178 millones.

Este mismo ciudadano celebró en el 2016, por más de $2.800 millones, 18 contratos con el Distrito, de los cuales en 12 fue el único proponente y en otro fue por modalidad directa.

De acuerdo con lo informado por Funcicar, los contratos con Gestión 21 fueron suscritos por su representante legal: Antonio Monroy Consuegra, y con la Fundación Hambre Cero Internacional con la suya: Yina Marcela Medina Benavides (leer ‘Informe de Análisis de la Transparencia en la Contratación Estatal‘).

Más detalles de uno de los ‘supercontratistas’

En el caso de Gestión 21, Funcicar mostró que en el 2017 su representante legal, Antonio Monroy, firmó dos contratos con el Ider, por $327 millones, bajo la modalidad de régimen especial; dos con el Ipcc, por $502 millones, por contratación directa; uno con Edurbe, por $48 millones, por el régimen especial; cuatro, por $962 millones, con las Alcaldías Locales, de los cuales tres fueron por contratación directa y uno por mínima cuantía, en el que fue único proponente; y uno con la Alcaldía Mayor, por más de $68 millones, por mínima cuantía.

Además, en el marco del ejercicio de control social, varios ciudadanos se dieron a la tarea de indagar con varias fuentes otros datos relevantes de esta Esal, y este portal, para esta nota, abordó igualmente a un funcionario y dos contratistas del Distrito.

Con esta dizque entidad sin ánimo de lucro se suscribió un contrato cuyo objeto fue, oiga usted bien, ‘Aunar esfuerzos para desarrollar el programa hábitos y estilos de vida saludable, proyecto de promoción masiva de una vida activa en la Localidad de la Virgen y Turística, área urbana’; en realidad fue dizque un convenio por más de $276 millones, de los cuales se dice que la Alcaldía de la Localidad Dos, del señor Gregorio Rico, puso $250 millones, y Gestión 21 los restantes $26 millones“, informó uno de los veedores que decidió profundizar en el caso; “igualmente se firmaron unos contratos para “aunar esfuerzos técnicos, administrativos, financieros y logísticos, para la divulgación y difusión de la estrategia denominada ‘conservación del folclor y patrimonio de nuestras fiestas en la Localidad Histórica y del Caribe Norte’” y para “aunar esfuerzos técnicos, administrativos, financieros y logísticos, para la realización del concilio de alta dirección pública dirigido a funcionarios públicos y miembros de cuerpos colegiados de elección popular del Distrito“.

Para dicha fuente, “lo grave, mire para que vea las fechas de estos contratos, es que estas personas no solo fueron frecuentes contratistas el año pasado, sino también antes y después“; y agregó: “pues ojalá las autoridades investiguen bien a dónde fueron a parar estos recursos, para que se conozca a profundidad lo que viene ocurriendo en esta Administración“.

De acuerdo con lo que se pudo conocer gracias a fuentes del Distrito que, por entendibles razones, pidieron reserva de sus nombres, quien está detrás de Gestión 21, o al menos lo estuvo durante varios años, es el exjefe de la Oficina de Control Urbano del Distrito, Olimpo Vergara Vergara, a quien la Fiscalía acusó de tener responsabilidad en las irregularidades descubiertas en varias construcciones en Cartagena, tras el desplome del edificio portales de Blas de Lezo II.

 

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