Esa Ley es inconstitucional

Por Rafael Vergara Navarro *

Comprometido con la protección del ambiente y el respeto a los bienes de uso público, recurrí ante el procurador general para que en defensa de la Constitución protegiera de Edurbe (Empresa de Desarrollo Urbano de Bolívar) el interés colectivo, los cuerpos de agua e interviniera ante la Corte Constitucional para derogar la Ley 62 de 1937.

Le recordé que Cartagena existe sobre un ecosistema de litoral cuyas orillas la Naturaleza protegió con bosques lineales de manglares, la vegetación de la interfase agua tierra.

Que esas salacuna de vida que resumen carbono y regulan el clima pese a la ‘protección’ y tipificación delictiva viven amenazadas y agredidas porque es cotidiana la depredación y apropiación del territorio. La causa: la ineficiencia de las autoridades o su complicidad, y la débil identidad y reacción ciudadana.

Le dije que la situación es crítica y la solución debe ser drástica porque la riqueza natural es depreciada como “monte a erradicar” –algunos siguen viéndolo así – y la Ley 62 de 1937 ‘legalizó’ urbanizar las orillas de los cuerpos de agua escriturando ‘propiedad’ al erradicar la ronda hídrica y apropiarse del suelo a la brava o con artilugios o malabarismo jurídico.

Lo más intolerable de su inconstitucional es que ‘faculta’ a Edurbe para talar, rellenar  -“recuperar“, dicen – y vender o permitir la apropiación privada, una norma de tiempos en que lo ambiental no se consideraba en la legislación.

Lo que se decretó hace 81 años para la construcción de varias obras de utilidad pública en la ciudad de Cartagena”, 44 años después al crear Edurbe en 1981 se lo transfirieron, y con ello la inadmisible potestad de ser señores y dueños de los caños y lagos que son bienes de la Nación. Han “abatido la vegetación” y con sus relimpias ‘legalizado’ la privatización de lo público.  

En la Ley no existen esos cheques en blanco. Lo que queda de capital natural debería ser valorado, máxime con el cambio climático que exige proteger los manglares y adaptarnos al ecosistema. Las zonas de bajamar son esencialidades constitutivas de la Soberanía.

Como lo afirma el procurador, esta Ley 62 fue derogada por el Código de Recursos Naturales, la Constitución del 91 y las Leyes 388 del 97, 99 del 93 y demás disposiciones de defensa del ambiente.

Pero no, Edurbe y la alcaldesa encargada se aferran al supra derecho de disponer de los cuerpos de agua porque la ley faculta para “la limpia, canalización y ‘angostamiento’ de los caños de la bahía, desde el punto en que el mar entra a ella por el caño de Juan Angola hasta el lugar donde los caños salen a la bahía plena. Irracionalidad tipificable como urbanización ilegal, atentatoria del POT y el Principio de Precaución.

La demanda del procurador es clara: “No hay duda que esos caños en Cartagena en su integridad son bienes de uso público,”  y concluye afirmando que la Ley 62 de 1937 es una norma preconstitucional que riñe contra los principios de los artículos 1, 8, 63, 79, 80, 82 y 102 de la Carta Magna; de allí que solicite que la Corte declare inconstitucional los artículos 1, 7, 8, 9, lo que pondrá fin a la ilegalidad ‘legalizada’.

* Abogado, ambientalista y gestor de Paz

 

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