La Contraloría como órgano político

Por Anthony Sampayo Molina *

A pesar que la Constitución Política en su artículo 117 concibe a la Contraloría General de la República, junto a la Procuraduría General de la Nación, como órganos de control; lo cierto es que es la propia carta magna la que le imprime cierta naturaleza política a estas entidades, principalmente en lo que a la Contraloría se refiere.

Justamente ese carácter político deviene en la forma de la elección de su representante, el cual, según la propia Constitución conforme a lo establece en el artículo 267, ha de ser elegido por mayoría absoluta del Congreso de la República en pleno, lo cual necesariamente implica que la conformación del cuerpo legislativo recién elegido será determinante para la elección del nuevo contralor.

Es indudable que esa forma de elección genera inconvenientes y suspicacias, sin embargo, mientras así esté contemplado en la Constitución Política, toca asumirlo e interpretar el procedimiento conforme lo hizo el constituyente de 1991.

En este orden de ideas, resulta claro que en el seno de la Asamblea Constituyente se consideró conveniente que este órgano de control fiscal tuviera de alguna forma una connotación o representación política, de ahí que le otorgó al Congreso de la República amplias competencias con respecto al contralor, que van desde su elección hasta la aceptación de la renuncia o declaratoria de faltas absolutas o temporales.

Si bien en el proceso de elección del contralor general de la República intervienen otras entidades, lo cierto es que indefectiblemente el gen político siempre estará presente mientras que en dicho proceso el Congreso tenga la última palabra; de allí que el ejercicio político de conformación de mayorías en el seno de esta corporación, será determinante para la escogencia del máximo representante de ese órgano de control.

Justamente por lo anterior es que la reforma introducida por el acto legislativo 02 de 2015, en lo que respecta a la forma de elección de este importante funcionario, no tiene los alcances que muchos pretenden darle. Podemos ver cómo dicha reforma, simplemente, le quitó a las altas cortes la facultad de conformar la terna de donde el Congreso elegiría al futuro contralor, para remplazarla por una convocatoria pública en la que se entraría a realizar pruebas de conocimiento a los aspirantes; pero en ningún momento se determinó constitucionalmente, con criterios objetivos, parámetros para que, superada esa primera etapa, el Congreso escogiera a quienes finalmente pasarían a ser considerados por la plenaria como elegibles.

En conclusión, seguimos teniendo una elección de contralor preminentemente política, pero ahora sin la inyección de confianza que de alguna forma imprimía el hecho de que la terna de donde se escogería a este funcionario proviniera de las altas cortes de justicia y, por el contrario, se amplió la facultad discrecional del Congreso en la escogencia de este, ya que su único limitante lo constituye el haber realizado previamente una prueba de conocimiento sin parámetros claros de escogencia.

Así las cosas, como la elección del contralor sigue siendo un juego político, es obvio que los partidos mayoritarios sean, como desde 1991 lo han sido, los determinantes en esa elección. Y no debe ser motivo de sorpresa que al interior del cuerpo legislativo se comiencen a mover fichas de cara a dicha escogencia.

Adenda: Con respecto al supuesto favorecimiento a uno de los aspirantes con la reforma de la resolución 007, lo cierto es que no se puede pretender crear una nueva inhabilidad a través de una resolución; estas se hayan claramente establecidas en una norma constitucional cuya reforma debe ajustarse a los parámetros que la misma Constitución establece.

Si se quiere despolitizar a los órganos de control, simplemente hay que suprimir del proceso de elección a los órganos políticos; mientras tanto, solo caben reproches éticos o morales, conforme a cada posición política particular.

* Abogado Especialista en Derecho Penal y Criminología

 

 

 

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