“Los convenios con Edurbe deben llamar la atención de Iván Duque y de las ías”: Tovar

Con el pasar de los días, los ‘ruidos‘ por la serie de convenios interadministrativos suscritos desde el pasado mes de julio por la Alcaldía de Cartagena con la Empresa de Desarrollo Urbano de Bolívar –Edurbe – siguen subiendo de tono y volumen.
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Primero fue la Fundación Cívico Social -pro Cartagena –Funcicar, la que expresó que comparte la ejecución de obras de infraestructura, “pero con buena planeación, transparencia y calidad”, refiriéndose a un paquete de obras de construcción y rehabilitación de 21 vías y zonas peatonales sobre cuya contratación manifestó varias inquietudes (leer ‘Funcicar cuestiona falta de transparencia en convenio suscrito por el Distrito y Edurbe‘).
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Después fue la Sociedad de Ingenieros y Arquitectos de Bolívar –SIAB – la que se sumó a los cuestionamientos de Funcicar por considerar que, por lo visto, Edurbe estaba abusando de la modalidad de contratación directa, figura que en la contratación estatal debía ser la excepción y no la regla (leer ‘“El hecho de que tengamos un contrato con Edurbe no nos descalifica”: SIAB‘).
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Y ahora es la veeduría ciudadana Transparencia Caribe, que no solo cuestiona un convenio para la gerencia integral de una serie de obras en vías, zonas peatonales y espacio público y sus respectivas interventorías técnica, administrativa y financiera, sino que también solicita la inmediata intervención de la Procuraduría y la Presidencia de la República por considerar que en este caso hay evidencias de supuestas irregularidades “cuya gravedad amerita un oportuno ‘tatequieto’“, como advirtió el abogado Reynaldo Tovar Carrasquilla, director del colectivo cívico.
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De acuerdo con el conocido veedor ciudadano, el contratante: la alcaldesa encargada Yolanda Wong Baldiris, dispuso como forma de pago un desembolso del 100% del valor total del convenio de forma anticipada, lo cual, según su concepto, está proscrito por la Constitución y la Ley.
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Al establecer anticipos superiores al 50%, la mandataria transgredió los artículos 6 y 209 constitucionales, y el contenido del contrato estatal reglado en el numeral 8 del artículo 24, así como el inciso final del parágrafo del artículo 40 de la Ley 80 de 1993, en donde esta cláusula es nula por objeto ilícito“, advirtió Tovar Carrasquilla, para quien se trata de una situación similar “a la que se observa en el fallo 73742 de 2005 de la Procuraduría General de la Nación, donde sanciona disciplinariamente al gobernador de Boyacá con pena principal de destitución del cargo y con una inhabilidad de cinco años por suscribir un convenio interadministrativo con la Secretaría Ejecutiva Andrés Bello -Secab – pactando, entre otras irregularidades, un anticipo del 100%“, fallo que en todas sus partes fue confirmado por la Sala Disciplinaria de la Procuraduría“.
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En concepto de Tovar, no se entiende tampoco que el gerente de Edurbe, Bernardo Pardo Ramos, “manifieste como un hecho positivo que a las empresas a las que subcontrata no les gire ningún anticipo, ya que con todos pactó la exigencia de un cupocrédito que le permite pagarles solo cuando las obras se entreguen debidamente terminadas, cuando Edurbe recibe de manera anticipada el valor total de las obras”.
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En el caso del cuestionado convenio, al veedor le llama la atención -igualmente – que el desembolso de su valor total: más de $8 mil 154 millones, fuera autorizado para las mismas fechas en que el gerente de Edurbe legalizó con el banco GNB Sudameris un empréstito por $500 millones “para gastos de funcionamiento y operación de la entidad“.
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Y nos llama la atención“, agregó sobre el mismo tema, “que el préstamo bancario solo fuera oficializado este 1 de agosto de 2018, cuando el mismo había sido autorizado por la Junta de Edurbe desde el 11 de diciembre del año pasado“.
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Otro hecho que llamó la atención de Tovar fue que “los estudios previos del convenio los firme la señora alcaldesa, cuando lo que ha sido costumbre en la Administración Pública, y lo impone la sana lógica, es que lo haga el titular de la dependencia que maneje los temas técnicos, en el caso del Distrito la Secretaría de Infraestructura o el Departamento Administrativo de Valorización“.
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Son muchos otros casos que pondremos en conocimiento de la Procuraduría“, agregó el director de Transparencia Caribe, “pero podemos destacar otros, entre ellos el hecho singular de que Edurbe hizo el 23 de julio a tres personas sendas invitaciones para que presentaran sus propuestas, y el 25 de julio, antes de dos de la tarde, dos de estas personas alcanzaron a presentar sus propuestas, la una con dos tomos de 618 folios y la otra con un tomo de 302 folios, algo muy poco probable“.

Llama la atención también que una de las personas invitadas terminó consorciándose con otra“, agregó, “pero mientras el invitado, que se supone es el de los conocimientos, la experiencia y la capacidad técnica y financiera, aparece con una participación de apenas el 20%, el otro consorciado, el que no fue invitado, aparece con el 80%. Curiosamente, este consorcio fue el ganador“.

El ganador, en efecto, fue el Consorcio Vial Distrital, representado legalmente por Antony Wong Lorduy e integrado por CGB S.A.S. (el invitado inicial) y Construcciones del Caribe, cuyo principal aporte es la experiencia representada en una serie de obras realizadas en el Departamento del Cesar.

En nuestra queja haremos énfasis también“, anunció Tovar, “en otro hecho que nos llama la atención, y es que en el contrato suscrito se relacionen unos precios globales, algo poco entendible en este tipo de acuerdo de voluntades donde uno de los intervinientes es el Estado” (Ver listado).

El procurador debe intervenir rápidamente en estos casos“, reiteró el veedor, “así como el presidente Iván Duque, que debe actuar con prontitud para evitar que Cartagena siga inmersa en esta crisis que día a día es más grave“.

 

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