Suspensión de la elección de un nuevo contralor, ¿consecuencia de una puja política?

Ayer, en el mismo instante en que ocho concejales de Cartagena se disponían a elegir un nuevo contralor distrital en el salón de sesiones de la corporación edilicia, en cumplimiento del cronograma establecido en la Resolución 089 del 12 de junio de 2018, a pocos pasos del lugar, en la Secretaría General del cabildo, se radicaba un auto proferido por el Juzgado Tercero Administrativo del Circuito de Cartagena mediante el cual se dispuso dejar sin efecto la programada elección.

En efecto, tras considerar que “le asiste a la parte actora al manifestar que la corporación en cita a través de su presidente excedió en la convocatoria referida los requisitos al momento de abrir la convocatoria para los participantes al cargo de Contralor…” (SIC), la jueza María Angélica Somoza Álvarez suspendió “provisionalmente los efectos jurídicos de la Resolución 089 del 12 de junio de 2018 (…)“, tras “admitir, para trámite de primera instancia, la demanda promovida en ejercicio del medio de control de nulidad simple (…) por la abogada Gleylis Verónica Escorcia Yepes en contra del Distrito de Cartagena de Indias – Concejo Distrital de Cartagena de Indias“.

Conocida la decisión de la juez, el presidente del cabildo, Wilson Toncel Ochoa, manifestó que “aún no conocemos el auto en su totalidad, pero acataremos lo que diga la ley“. Y la sesión se llevó a cabo sin que en el orden del día se contemplara la elección del nuevo contralor.

Terminada la sesión, Toncel Ochoa recalcó que “este Concejo ofició a la Procuraduría, la Personería, la Fiscalía y al Defensor del Pueblo para que hiciera control y vigilancia a este proceso“, por lo cual estaba seguro de que el proceso se viene cumpliendo en el marco de la Ley.

En similar sentido se pronunció el concejal Rodrigo Reyes Pereira, para quien -sin embargo – sí resultaba extraño que la notificación de la medida tomada se hubiera dado el mismo día de la votación. “Me llama la atención que esa suspensión se de precisamente hoy, que iba a ser la elección del contralor, cuando ya se había consumado la convocatoria“, manifestó Reyes; “me llama poderosísimamente la atención; por supuesto, vamos a acatar los mandatos judiciales“.

En declaraciones a varios medios locales, el concejal manifestó su inquietud porque “si siguen surgiendo estos problemas los cartageneros nunca creerán en la institucionalidad. Asimismo, para los candidatos también es un momento de confusión, porque se inscriben para participar en un proceso y tienen la ilusión de ser elegidos“.

A las inquietudes de Reyes se sumó el concejal Óscar Marín Villalba, quien, tras recordar que el cabildo solicitó “un acompañamiento especial de la Procuraduría General para sumar más garantías al proceso“, manifestó su extrañeza porque hayan “admitido y suspendido la elección tan rápido, y eso hay que detallarlo y cuestionarlo; no es un secreto que esta corporación viene siendo intimidada por todo el proceso“.

Aunque, que se sepa, la Mesa Directiva del Concejo no lo ha anunciado oficialmente, trascendió que en los términos de ley se interpondrán los recursos correspondientes.

Y, aunque ningún concejal lo ha manifestado públicamente, se conoció también que la jueza Tercera Administrativa del Circuito de Cartagena podría ser acusada ante la Sala Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura porque, supuestamente, debió declararse impedida para decidir sobre la acción impetrada por su manifiesta amistad con uno de los demandantes, y no solo lo hizo sino que -además – ordenó la suspensión de la escogencia del contralor apenas horas antes de la realización de la misma, como advirtieron varios cabildantes.

Se trata de una puja política, como usted podrá apreciar, que lamentablemente podría traer como resultado que ocurra lo mismo, guardadas las proporciones, que con el concurso de curadores urbanos“, le recordó a este reportero un concejal que solicitó que no citar su nombre; “fíjese que también por una acción de tutela ese concurso se suspendió, y hoy, varios años después, aún permanecen al frente de las Curadurías locales los mismos que debieron ser reemplazados“.

La jueza, ¿impedida?

El exconcejal Ronald Fortich, el denunciante Neil Fortich y el exjefe de la Oficina de Apoyo Logístico, Albeiro Morales, esposo de la jueza María Somoza.

Lo que en corrillos políticos y a través de las redes sociales algunos ciudadanos aseguran es que el esposo de la jueza de tutela, Albeiro Morales Ordóñez, fue jefe de la Oficina de Apoyo Logístico de la Alcaldía gracias al respaldo del asesor de la veeduría ciudadana Control Visible, Neil Fortich Rodelo, uno de los más visibles críticos del proceso que cursa en el Concejo para elegir al contralor de Cartagena y denunciante público del mismo (leer ‘Proceso de elección de nuevo contralor de Cartagena tendría irregularidades‘), lo que evidencia una amistad manifiesta entre los esposos Morales Somoza y Fortich.

No obstante, para la Veeduría a la Rama Judicial de Cartagena -Vejuca, “dicha denuncia no tiene asidero jurídico“, ya que “el señor Neil Fortich Rodelo, dentro del proceso llevado por la juez denunciada (…), no es parte ni apoderado, por lo cual no prosperaría dicha causal“.

De acuerdo con diversas fuentes, similar concepto tiene Fortich Rodelo, quien ha dicho que no fue él quien interpuso la acción de tutela y -además – que no conoce siquiera a los denunciantes. En efecto, quien suscribe la acción admitida es la abogada Gleylis Escorcia Yepes, judicante ad-honorem del Tribunal Administrativo de Bolívar.

Es posible que legalmente la jueza no haya estado obligada a declararse impedida“, manifestó una fuente del Concejo consultada para esta nota, “pero sí lo estaba, y lo está, al menos por razones éticas. Fíjese que para varios casos relacionados con Cartagena el doctor Arturo Matson se ha declarado impedido, solo porque una hija suya trabaja con la Alcaldía; eso mismo debió hacer la doctora Somoza, quien no podrá negar su amistad con el señor Fortich“.

Vía WhatsApp, el abogado Neil Fortich remitió a este portal las declaraciones de la veeduría ciudadana Control Visible sobre la medida de la jueza (hacer click).

Hasta el momento de publicarse esta nota, Revista Metro intentó comunicarse con Neil Fortich, al igual que con el director de Control Visible, Jair Baleta Iriarte, pero no fue posible.

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