Imposible callar ante el impacto causado por un contador de asesinatos que llegó por mi WhatsApp directo a la conciencia y la pasión de demócrata agredido. Con ritmo de segundero fotos, nombres, fecha y actividad de 102 colombianos que me miraron y vi sus caras o la ausencia de ellas. Son hombres y mujeres sencillas, líderes sociales y comunales, pensé en sus familias y sueños truncados. Entre junio y julio acallaron 23 líderes y lideresas, algunos militantes de Marcha Patriótica y un concejal del partido Alianza Verde. La última, Ana María Cortés Mena baleada en Cáceres, Antioquia, era coordinadora municipal de la Colombia Humana.
Con certeza ninguno de ellos votó por Duque, otros no votaron o lo hicieron por Petro, quien con derecho ha protestado exigiendo garantías para la gente.
La infamia que padecemos y su efecto lleva al recuerdo del exterminio selectivo de la UP: 227 asesinados en solo 1998 y, obvio, permite valorar los perfiles de lo de ahora. Por ejemplo y por causas investigadas, 47 excombatientes de las Farc los han matado en los pueblos o sitios de concentración, hay 3 desaparecidos. Al valorar los perfiles, es claro que las agresiones son selectivas: sentencias de muerte a líderes sociales y defensores de derechos humanos.
Las cifras varían pero las 311 víctimas reconocidas por la Defensoría del Pueblo entre enero de 2016 y el 30 de junio de 2018, según el Centro Nacional de Consultoría y la Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento -Codhes, el 45% eran líderes comunitarios, el 23% étnicos, 11% campesinos, 5% sindicales, 4% sociales, 3% LGTBI, 2% de restitución de tierras y 5% eran jóvenes, mujeres, ambientalistas o mineros.
La radiografía de la infamia elaborada por Semana obliga a meditar y en especial invita a recapacitar a quienes conducirán al Estado y a sus radicalizados adeptos a no continuar avivando la venganza en un país donde el conflicto está encendido.
70% de los homicidios fueron en el Cauca (78), Antioquia (43), Norte de Santander (21), Nariño (18), Valle del Cauca (16), Chocó (16), Córdoba (12) y en el Putumayo (9) igual que en Bolívar. El 66% de las muertes fueron en área rural, 15% son indígenas y 15 afrocolombianos. 86% eran hombres y 24% mujeres. El 57.3% fueron en las Zonas más Afectadas por el Conflicto -Zomac – y programas de desarrollo de enfoque territorial.
Por el 49% casos investigados y los 164 presuntos capturados se sabe que los autores son miembros grupo armado no definido (47%), desconocido (29%), Fuerza Pública (5%) postdesmovilizados (3%), ELN (1%) y disidencias de las Farc (1%). La prevención es casi nula.
La Organización de las Naciones Unidas -ONU, el gobierno de EEUU y Amnistía Internacional han expresado su preocupación y exigido medidas eficaces, actuación contundente del Estado para derrotar el neo narco paramilitarismo que puede apreciarse. Se firmó un Pacto Nacional y tomaron medidas en la Comisión de Garantías de Seguridad, pero lo fundamental es la voluntad ciudadana de no doblegarnos, salir a las plazas y vencer la muerte.
El 20 de julio se posesionará el nuevo Congreso y con ellos los cinco senadores y cinco representantes de las Farc; la mayor parte de ellos iniciaron ayer su proceso en la Justicia Transicional, como ya lo hizo por falsos positivos el primer general®, pese a la voluntad de las mayorías del uribismo de imponer que lo hagan en 18 meses ante una sala especial. La Corte Constitucional acaba de aprobar la Reforma Rural Integral pactada en el Acuerdo de Paz, y es claro su compromiso de hacer respetar lo pactado. Quiera que el presidente electo entienda que para gobernar Colombia y superar la violencia se requiere independencia, grandeza y luces largas.
* Abogado, ambientalista y gestor de Paz